La eutanasia: ¿Derecho a una muerte digna o trampa del capitalismo?

La eutanasia, en el marco del sistema capitalista, podría convertirse en una válvula de escape para un Estado que prefiere no invertir en fortalecer la sanidad pública ni garantizar una vida digna.

Por Gabriela Rojas | 2/04/2025

En el último año, Cataluña ha registrado un aumento del 63% en las peticiones de eutanasia, un dato que, a primera vista, podría interpretarse como un reflejo de una sociedad que abraza el derecho a decidir sobre la propia muerte en casos de sufrimiento insoportable. Sin embargo, este incremento, enmarcado en un sistema capitalista donde la lógica del beneficio y la reducción de costes imperan, invita a una reflexión crítica: ¿hasta qué punto la eutanasia, presentada como un avance en la autonomía personal, podría estar convirtiéndose en una herramienta al servicio de la clase dominante para eludir responsabilidades en la mejora de la sanidad pública?

La eutanasia, regulada en España desde 2021, se plantea como un recurso excepcional para pacientes con enfermedades graves, crónicas e incurables que generan un sufrimiento intolerable. Sin embargo, el creciente número de solicitudes en Cataluña pone sobre la mesa un debate ético y político que no podemos ignorar. En un contexto de recortes presupuestarios, privatización progresiva de la sanidad y listas de espera interminables, cabe preguntarse si este supuesto “derecho a una muerte digna” no está siendo instrumentalizado para aligerar la carga económica que representan los tratamientos prolongados o costosos, especialmente para las arcas públicas. Bajo esta lógica, la eutanasia podría transformarse en una solución conveniente para un sistema que prioriza la rentabilidad sobre la vida humana.

Un sesgo de clase en la “muerte digna”

No es casualidad que este fenómeno pueda tener un impacto desproporcionado en la clase trabajadora. Las personas con menos recursos económicos suelen depender exclusivamente de la sanidad pública, que en muchos casos, debido al colapso por falta de recursos, no ofrece la rapidez ni la calidad necesarias para tratar enfermedades complejas. Quienes tienen acceso a seguros privados o medios para costear tratamientos especializados pueden prolongar su vida o mitigar su sufrimiento de formas que no están al alcance de la mayoría.

En este sentido, la eutanasia, lejos de ser una opción neutral, podría estar sesgada por la desigualdad estructural del sistema sanitario. Para una persona trabajadora con una enfermedad grave, la falta de atención adecuada, el deterioro de su calidad de vida y la desesperación ante un sistema colapsado pueden empujarla a “elegir” la muerte, mientras que quienes cuentan con privilegios económicos tienen más probabilidades de optar por la lucha y la supervivencia.

Esta hipótesis no es descabellada si consideramos cómo opera el capitalismo en otros ámbitos. La maximización del beneficio y la minimización de los costes son principios rectores que impregnan las políticas públicas, incluida la gestión sanitaria. En un sistema donde los recursos son finitos y las prioridades se establecen según criterios económicos, los pacientes con tratamientos caros —ya sea por su duración, por la necesidad de cuidados paliativos intensivos o por el uso de tecnologías avanzadas— pueden ser vistos como una “carga” implícita. La eutanasia, en este marco, podría convertirse en una válvula de escape para un Estado que prefiere no invertir en fortalecer la sanidad pública ni garantizar una vida digna a quienes más la necesitan.

La trampa detrás del discurso progresista

El discurso en torno a la eutanasia suele envolverse en una narrativa de libertad y dignidad, valores que resuenan con fuerza en una sociedad que aspira a ser moderna y respetuosa con los derechos individuales. Sin embargo, esta retórica puede ocultar una trampa perversa. Si no se acompaña de un compromiso firme por mejorar las condiciones materiales que hacen posible una vida digna —acceso universal a tratamientos, cuidados paliativos de calidad, apoyo psicológico y social—, el “derecho a morir” corre el riesgo de transformarse en una coartada para abandonar a los más vulnerables. En lugar de ofrecer soluciones reales al sufrimiento, se les presenta la muerte como la única salida viable.

Es imprescindible, por tanto, abordar la eutanasia con extrema cautela. Su aplicación debería ser un recurso excepcional, regulado por criterios médicos estrictos e independientes de cualquier presión económica o administrativa. Sin estas salvaguardas, el peligro es evidente: lo que se vende como una conquista progresista podría degenerar en una herramienta de gestión neoliberal, donde la vida humana se valore en función de su “rentabilidad” para el sistema.

Hacia una sanidad pública que priorice la vida

El aumento de las peticiones de eutanasia en Cataluña debería ser una señal de alarma, no un motivo de celebración acrítica. Más allá de las estadísticas, debemos preguntarnos qué está fallando para que tantas personas sientan que la muerte es su mejor opción. La respuesta no puede ser facilitar el acceso a la eutanasia sin antes garantizar una sanidad pública robusta, equitativa y capaz de atender a todos, independientemente de su clase social o del coste de su tratamiento. Solo así se evitará que este supuesto derecho se convierta en un atajo para liquidar a quienes el sistema considera “prescindibles”.

En definitiva, la eutanasia no debería ser una solución recurrente a problemas que tienen su raíz en la desigualdad y el desmantelamiento de lo público. Si no se toman medidas para revertir esta tendencia, corremos el riesgo de normalizar una práctica que, lejos de dignificar la muerte, perpetúe la injusticia social. La vida, y no la muerte, debe ser la prioridad de cualquier sociedad que aspire a llamarse humana.

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