El ejemplo más alarmante y reciente de este trasvase es la creciente militarización en España y la UE, que supone un atraco en toda regla a la clase trabajadora.
Por Oriol Sabata | 11/05/2025
En las últimas décadas, el capitalismo ha consolidado un mecanismo que, lejos de ser una anomalía, se ha convertido en una práctica estructural: el trasvase masivo de fondos públicos a los bolsillos de la burguesía. A través de diversas estrategias, el Estado, como instrumento al servicio de la clase dominante capitalista, canaliza miles de millones de euros hacia las empresas privadas.
En España, esta dinámica se ha hecho especialmente evidente en casos como el rescate a la banca y a grandes empresas, el sistema de ERTEs durante la pandemia, las subvenciones públicas y, más recientemente, la militarización impulsada desde la Unión Europea (UE). Estos ejemplos no solo ilustran la magnitud del expolio, sino que también evidencian cómo el sistema capitalista normaliza el saqueo de los recursos públicos para engordar los beneficios de una minoría privilegiada.
El rescate bancario: un atraco histórico a la clase trabajadora
Uno de los episodios más escandalosos de trasvase de fondos públicos en España fue el rescate bancario tras la crisis financiera de 2008. El Estado inyectó aproximadamente 60.600 millones de euros para salvar a entidades financieras que habían especulado con activos inmobiliarios y financieros. Según datos del Banco de España, de esta cantidad, más de 40.000 millones de euros aún no han sido recuperados, lo que supone una deuda que recae sobre los hombros de los trabajadores. Bancos como Bankia, Catalunya Caixa o Novagalicia Banco recibieron sumas multimillonarias, mientras las familias trabajadoras sufrían desahucios, desempleo y recortes en servicios públicos. Este rescate no fue un acto de ‘salvación económica’, sino una transferencia directa de riqueza pública a la burguesía bancaria, que mantuvo intactos sus privilegios y beneficios.
Rescates a grandes empresas: el Estado como salvavidas del capital
El rescate a grandes empresas es otra vía recurrente de trasvase de fondos públicos. En España, durante la pandemia de la COVID-19, el gobierno aprobó medidas para sostener a corporaciones estratégicas, utilizando recursos públicos para garantizar su supervivencia. Un ejemplo paradigmático fue el rescate de Air Europa, que recibió 475 millones de euros en préstamos y avales a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Otro caso fue el de Celsa, que obtuvo 550 millones de euros en ayudas públicas. Estas inyecciones de capital no estuvieron acompañadas de condiciones estrictas que protegieran el interés público, como la nacionalización o la garantía de empleo. En cambio, sirvieron para apuntalar los balances de grandes corporaciones, muchas de las cuales, una vez estabilizadas, volvieron a repartir dividendos entre sus accionistas.
Los ERTEs: socialización de las pérdidas empresariales
La pandemia también trajo consigo la normalización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), un mecanismo que, aunque presentado como una medida de protección laboral, funcionó como una subvención encubierta a empresas privadas. A través de los ERTEs, el Estado asumió el pago de nóminas de trabajadores de empresas en dificultades, liberando a estas de sus responsabilidades laborales. Según el Ministerio de Trabajo, entre 2020 y 2021, los ERTEs costaron al erario público más de 20.000 millones de euros. Grandes empresas como Inditex, El Corte Inglés o cadenas hoteleras aprovecharon este sistema, pese a que muchas de ellas contaban con reservas suficientes para hacer frente a la crisis. En lugar de obligar a las corporaciones a asumir sus costes laborales, el Estado transfirió recursos públicos para sostener sus márgenes de beneficio, perpetuando un modelo en el que las pérdidas se socializan, pero las ganancias permanecen en manos privadas.
Subvenciones: un flujo constante de dinero público al sector privado
Las subvenciones públicas representan otra vía estructural de trasvase de fondos. En España, sectores como el energético, el inmobiliario o el turístico reciben miles de millones de euros en ayudas directas e indirectas. Por ejemplo, las grandes eléctricas, como Iberdrola o Endesa, han recibido subvenciones para proyectos de ‘transición energética’ que, en muchos casos, refuerzan su posición de oligopolio en el mercado. Según el Tribunal de Cuentas, entre 2014 y 2020, las subvenciones estatales a empresas privadas ascendieron a más de 30.000 millones de euros, con escasa transparencia sobre su impacto real en el bienestar social. Estas ayudas, lejos de destinarse a mejorar las condiciones de la clase trabajadora, suelen engrosar los beneficios de grandes corporaciones y fondos de inversión, muchos de ellos con sedes en paraísos fiscales.
Militarización: la gran maniobra para enriquecer a la industria armamentística
Quizá el ejemplo más alarmante y reciente de este trasvase sea la creciente militarización en España y la UE, que supone un atraco en toda regla a la clase trabajadora. Bajo el pretexto de la ‘seguridad’ y la ‘amenaza rusa’, los presupuestos militares se han disparado, canalizando sumas ingentes hacia la industria armamentística privada. En España, empresas como Indra, Escribano o Santa Bárbara Sistemas están batiendo récords de facturación gracias a contratos públicos. Estas compañías han visto incrementar sus ingresos exponencialmente, financiadas con dinero público.
A nivel europeo, el Fondo Europeo de Defensa (FED), dotado con 8.000 millones de euros para 2021-2027, y el Fondo Europeo de Paz, que ha destinado 39.000 millones de euros a armamento para Ucrania hasta septiembre de 2024, son ejemplos claros de cómo los recursos públicos se desvían hacia el complejo militar-industrial. Mientras, servicios esenciales como la sanidad, la educación o las pensiones sufren recortes o estancamiento, evidenciando las prioridades del capitalismo: los beneficios privados por encima del bienestar colectivo.
Un sistema diseñado para el expolio
Estos casos —el rescate bancario, las ayudas a grandes empresas, los ERTEs, las subvenciones y la militarización— no son hechos aislados, sino que responden a la dinámica natural del capitalismo, que ha normalizado el trasvase de fondos públicos a la burguesía. El Estado, lejos de ser un árbitro neutral, actúa como garante de los intereses de la clase dominante, apuntalando un modelo económico basado en la desigualdad y la explotación. Frente a esta realidad, es urgente cuestionar la legitimidad de un sistema que prioriza los beneficios de unos pocos sobre las necesidades de la mayoría. La solución no pasa por reformas tibias, sino por una transformación estructural que ponga los recursos públicos al servicio de la clase trabajadora y deje de engordar los bolsillos del gran capital.
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