La depuración de los maestros y maestras de la República

Todos los maestros funcionarios, un total de 61.000 docentes, fueron separados de su profesión.

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Por María Torres

“El gobierno Provisional de la Republica sitúa en el primer plano de sus preocupaciones, los problemas que hacen referencia a la educación del pueblo. España no sería una auténtica democracia mientras la mayoría de sus hijos por falta de escuelas se vean condenados a la perpetua ignorancia”. (Decreto de 15 de abril, que configuraba el Gobierno provisional de la República)

Los maestros y maestras fueron el alma de la República. Aquellos maestros y maestras que transformaban el mundo, sobre todo cuando impartían su enseñanza en el medio rural, fueron también la columna vertebral del sistema democrático cuyo objetivo era modernizar el país y para ello había que educar en igualdad, garantizando el derecho de todos los ciudadanos a una educación pública gratuita, obligatoria y laica.

Marcelino Domingo, el primer ministro de Instrucción Pública, radical socialista y antiguo maestro en el período constituyente, definió la II República como “la República de los maestros”, y se convirtieron en los funcionarios más importantes del Estado.

La sublevación fascista cortó de raíz la consecución del objetivo de educación republicano. El nuevo régimen, aún antes de la victoria, lanzó sus dardos a uno de los pilares fundamentales: Los maestros y maestras. Fueron el colectivo más castigado por la represión franquista. Había que eliminar el modelo educativo republicano, cortar de raíz el espíritu de la II República,  para instalar el nacionalcatolicismo que aún pervive. Era la forma de erradicar lo único que podía modernizar al Estado español: La escuela.

«Ha sido preciso someter una tarea dolorosa, pero necesaria de aniquilamiento y depuración al magisterio afectó quizá con inusitada fuerza esta tarea de purificación. Pero un interés religioso y un soberano interés nacional lo exigían así» Ibáñez Martín, en un discurso en 1940 (Fue ministro de Educación Nacional de España entre 1939 y 1951)

El nuevo régimen consideraba que la gestión del Ministerio de Instrucción Pública republicano había sido absolutamente perturbadora para la infancia: “cubriéndola con un falso amor a la cultura ha aportado al pueblo de obras marxistas y comunistas… inundando las escuelas a  costa del Tesoro Público…” Desde septiembre de 1936, en las zonas ocupadas por los franquistas, los crucifijos volvieron a las aulas y el inicio de la jornada escolar lo marcaba el canto “Cara al sol”. La Escuela del nuevo Estado debía basarse en el “patriotismo recto y entusiasta, y los sanos principios de la religión y la moral católica”.

Se reformó el estatuto de la Inspección de Primera Enseñanza, que no pretendía otra cosa que vigilar y fiscalizar política y profesionalmente a los docentes. El RD. 108/1936 establecía que: «los funcionarios públicos (…) podrán ser corregidos, suspendidos, sustituidos de los cargos que desempeñen cuando así lo aconsejen sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al Movimiento Nacional” y “…por acuerdo del Jefe del centro donde preste sus servicios y en su defecto por el superior jerárquico del corregido, previa formación del oportuno expediente, propondrán la destitución a la autoridades”.

Se inició un proceso de sustitución de maestros y maestras, que fue el preámbulo de la “depuración”. Se separó del servicio a casi la totalidad del profesorado que dejaron también de percibir su salario. Quienes querían seguir actuando como docentes debían solicitarlo por escrito junto con una declaración jurada de su condición política. La Comisión Depuradora pedía informes de cada profesor al alcalde, guardia civil, párroco y padres de alumnos de cada localidad, por lo que muchos maestros y maestras que no contaban con estos “informes favorables” se encontraron fuera de la enseñanza.

Identificados políticamente, algunos a través de denuncia pública, muchos maestros y maestras fueron detenidos, juzgados y encarcelados. Pertenecer a partidos de izquierda o a la masonería, la ausencia de religiosidad, técnicas de enseñanza renovadoras o una conducta inmoral, eran los cargos más graves. El último de los cargos descritos siempre se aplicaba a las maestras.

«Un maestro sin religión parece un imposible y deja de ser maestro. Será en tal caso un domador de los que se dedican a domesticar o enseñar ciertas habilidades en algunos animales pero no será un educador de seres racionales», señalaba la pastoral dirigida por el prelado de León a los maestros y maestras de enseñanza primaria el 15 de septiembre de 1936.

La lista de maestros que sufrieron el proceso de depuración es extensa. Todos los maestros funcionarios, un total de 61.000 docentes, fueron separados de su profesión. Los que no murieron fusilados tuvieron que demostrar, bajo la presunción de culpabilidad, que no eran desafectos al nuevo régimen para poder reincorporarse a su trabajo. Un total de 16.000 fueron sancionados y otros 6.000 fueron expulsados de su cargo. La mayor represión, como siempre, cayó sobre las mujeres, en este caso las maestras, a quienes no se les perdonaba la defensa de la libertad femenina.

Maestros y maestras fueron represaliados, padecieron la muerte, el destierro y el exilio por comprometerse e implicarse en el proyecto de educación de la República para formar una nueva ciudadanía.

Hoy mi recuerdo es para ellos. ¡Vivan los maestros y las maestras de la República!

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