Los fondos del plan europeo solo se irán desbloqueando cuando el Gobierno demuestre a la Comisión Europea que cumple con las “reformas estructurales” comprometidas.
Por Ástor García
Se ha publicado recientemente que el Gobierno español va a firmar un contrato con la Comisión Europea para controlar cómo se debe cumplir con las reformas pactadas para acceder al fondo de recuperación.
El término oficial, en inglés, es operational arrangement, arreglo operativo, que suena más aséptico que la palabra “memorándum”, cuyo infausto recuerdo pervive en la memoria de la mayoría trabajadora de muchos países de la UE. Se nos insiste que esto no es más que un documento técnico para el seguimiento de la gestión y canalización de los fondos europeos, pero el documento en sí no va a ser público y únicamente van a conocerlo las administraciones implicadas.
Se va confirmando así lo que algunos venimos manteniendo desde el primer minuto en que se anunció el acuerdo para creación y reparto del plan NextGenerationEU: que la ausencia de condiciones era un bulo y que había gato encerrado en el supuesto cambio de estilo en la Unión Europea.
Es bien sabido ya, que los fondos del plan europeo solo se irán desbloqueando a medida que el Gobierno demuestre a la Comisión Europea que cumple no solo con el destino vagamente previsto de los fondos, sino también con el cómo y, sobre todo, con las “reformas estructurales” comprometidas. Reformas estructurales que, todo sea dicho, siempre han significado graves perjuicios para los trabajadores y trabajadoras. Pero es importante insistir en que el reglamento que regula el reparto de esas ayudas dice claramente que el ajuste de las cuentas públicas es condición necesaria para acceder a ellas. Un requisito que, a pesar de estar suspendido temporalmente a causa de la pandemia, va a ser reactivado más pronto que tarde.
Un ajuste de cuentas públicas que todos sabemos por dónde va, porque el Pacto de Estabilidad, aunque ahora esté en suspenso, establece un máximo de deuda pública del 60% del PIB y un déficit público del 3% del PIB. La previsión del Gobierno es que 2021 termine con un déficit del 8,1% del PIB, y la deuda se encuentra ahora mismo en el 122%, así que no es que sea previsible, es que es una realidad que lo que ahora son palabras asépticas se van a transformar en exigencias de más sacrificios dentro de poco.
Pablo Casado ha dicho hace poco que “España está quebrada”, utilizando algunos datos objetivos de deuda y déficit para afear la gestión del Gobierno de coalición socialdemócrata. Hay quien le ha llamado “prisionero de la hipérbole” por ello, y no sin razón. Porque el hecho de que uno use datos objetivos en su análisis no significa que saque las conclusiones correctas, sobre todo cuando defiendes esencialmente las mismas políticas que generan esos datos objetivos. Su hipérbole está en que sobreactúa, como si él no fuera cómplice de la nefasta gestión capitalista que padecemos.
Casado toma los datos y exagera porque España todavía no está quebrada. Lo que está la economía capitalista española es hipotecada. Y como les pasa a todos los hipotecados, podrá pagar sus cuotas y evitar el desahucio si cumple con las condiciones pactadas. Y ahí está la clave, en las condiciones pactadas, que son las que van a hacer que la vida de la mayoría trabajadora de nuestro país empeore todavía más de lo que ya lo ha hecho desde la crisis de 2008.
El operational arrangement secreto no será un memorándum todavía, pero hasta el momento es peor precisamente por anunciarse que va a ser secreto. Al menos los memorandos de la Troika eran públicos y explicaban abiertamente los recortes. Ahora tenemos “hitos y objetivos” evaluados por unos “hombres de negro” que nadie llama así porque da mal fario, pero que harán exactamente lo mismo que hacían en su momento: comprobar que ese dinero se usa para impulsar la puesta a punto del capitalismo español, el nuevo apretón de clavijas a la mayoría trabajadora que nos va a dejar todavía más sometidos a los intereses de los capitalistas, por mucha purpurina y globos de colores que le ponga el Gobierno.
Se el primero en comentar