Esta situación forma parte de un patrón en el que la política exterior y de seguridad de la mayoría de los gobiernos europeos se subordina a las prioridades de Washington.
Por Joan Balfegó | 9/11/2026
La agresión militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, y las sucesivas acciones de Washington en el Golfo, han impuesto a la Unión Europea un sobrecoste de 127.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles, según reconoció la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el pasado 3 de noviembre. Esa factura corresponde a la misma cantidad aproximada de energía que Europa ya importaba: ni una molécula más, solo precios mucho más altos provocados por el cierre del Estrecho de Ormuz. El estrecho, por el que transitaba cerca de un quinto del petróleo marítimo mundial, quedó severamente restringido tras el inicio de los bombardeos y la respuesta iraní, y el tráfico se mantiene muy por debajo de los niveles previos.
El resultado es directo. Los precios del petróleo y del gas europeo se dispararon, el Brent se situó alrededor de un 35 % por encima de los valores de mediados de febrero y el TTF registró alzas aún mayores en distintos momentos. Cifras similares o cercanas han sido mencionadas por el canciller alemán Friedrich Merz y por el comisario de Energía Dan Jørgensen. Estimaciones independientes sitúan el coste total de la crisis, sumando importaciones y ayudas públicas, entre 100.000 y 140.000 millones de euros. Europa paga, una vez más, las consecuencias de una agresión imperialista.
Esta situación forma parte de un patrón en el que la política exterior y de seguridad de la mayoría de los gobiernos europeos se subordina a las prioridades de Washington. Tras la intensificación de la guerra entre Rusia y Ucrania, la UE aceptó cortar de forma acelerada el suministro ruso de gas y petróleo, aumentando su dependencia de otros proveedores y de los precios del mercado global, precisamente en el momento en que Estados Unidos expandía sus exportaciones de GNL. Ahora, la decisión estadounidense de atacar Irán y mantener la presión militar en el Golfo vuelve a trasladar a los consumidores e industrias europeas el coste de una escalada que Washington considera propia. Las declaraciones oficiales en Bruselas reconocen el daño económico y lo utilizan para insistir en la transición energética y en la reducción de la dependencia de fósiles, pero evitan cuestionar abiertamente la lógica de seguir alineados con la política injerencista estadounidense en Oriente Medio.
El sometimiento se manifiesta también en la práctica. Mientras las facturas energéticas suben y la competitividad industrial europea se deteriora, no se observa una presión real de los grandes Estados miembros para exigir a Washington el cese de las acciones que mantienen la inestabilidad en Ormuz. Al contrario, varios gobiernos europeos han respaldado declaraciones que condenan los ataques iraníes a buques y reclaman libertad de navegación, sin equiparar la responsabilidad de quienes iniciaron y prolongan el ciclo de violencia. La relación transatlántica se presenta como inevitable y mutuamente beneficiosa, pero en el terreno energético y económico el balance es desigual: Estados Unidos decide la escalada, Europa absorbe la mayor parte del shock de precios y sus ciudadanos financian, a través de facturas más altas y ayudas públicas, una política que no controlan.
Los 127.000 millones de euros adicionales no son solo un dato técnico sobre mercados de energía. Son la medida concreta del coste de una alineación estratégica que prioriza la sincronización con Washington por encima de la protección de los intereses económicos propios. Mientras el cierre de Ormuz continúe y las decisiones militares estadounidenses sigan marcando el ritmo en el Golfo, ese sobrecoste se mantendrá. La evidencia de los últimos meses muestra que la subordinación tiene un precio medible y que ese precio lo pagan, de forma desproporcionada, las economías y la clase trabajadora europea.
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