Por AvaGomez , Barbara Ester y Javier Calderón Castillo
A nivel regional, el retorno o continuidad –según el caso- de los gobiernos de corte neoliberal ha significado un desmedro y debilitamiento de los sindicatos. En algunos casos, mediante la sanción de leyes o reformas a las ya existentes, y en otros, por medio de la judicialización de sus líderes y la intervención de los gremios. En todos los casos, el avasallamiento de los derechos de los trabajadores es avalado por iniciativa – discursiva o efectiva – del poder ejecutivo, instrumentalizada por el poder judicial y legislativo, y en varias ocasiones, con el tácito aval de sindicalistas colaboracionistas. Finalmente en países como Colombia y Honduras, el coste de defender los derechos colectivos de los trabajadores frente al capital concentrado puede costar incluso la propia vida.
Brasil y Argentina el retorno neoliberal y el trabajo
En el caso de Brasil, la reforma laboral de Michel Temer aprobada por ambas cámaras del Congreso supone una flexibilización sin precedentes, mellando la capacidad de negociación de los gremios. El texto ha acarreado un sinnúmero de manifestaciones y tres huelgas generales – en un país donde este recurso llevaba más de 20 años sin ejercerse – desde su presentación en el Congreso. Entre sus controversiales medidas, habilita nuevas trabas y mayores costos para las denuncias del trabajador a las empresas, facilita contratar a autónomos en puestos estructurales, elimina las cargas obligatorias a los sindicatos, consiente que los acuerdos alcanzados entre la patronal y el trabajador se antepongan a lo establecido por la ley -por ejemplo es lícito pactar jornadas que tengan hasta 12 horas diarias y 48 por semana-. Asimismo, permite tercerizar y precarizar los trabajos, obligar a las mujeres embarazadas y lactantes a trabajar en lugares insalubres, establecer una remuneración según productividad (destajo), el pago por debajo del salario mínimo y jornadas laborales de hasta 12 horas, lo que a todas luces evidencia una fuerte pauperización de los derechos de los trabajadores.
En Argentina, una de las primeras medidas de Mauricio Macri como presidente fue reunirse con los sindicalistas más influyentes. Pocos días antes, “los gordos” –como se los denomina informalmente- habían logrado vetar al ministro de trabajo que el mandatario tenía pensado, Jorge Lawson -cargo que fue ocupado por Jorge Triaca, hijo de uno de los sindicalistas peronistas más conocidos de los ´90-. Las cifras de la Organización Internacional del Trabajo son muy claras cuando arrojan un alto nivel de sindicalización en el país, el cual ronda el 40% – a diferencia de países como Brasil con el 16,6%, México con un 9,2% y Colombia tan solo 5,7%.
Hasta el momento cuatro han sido los sindicatos intervenidos durante el año y medio que Mauricio Macri lleva en gestión
En el contexto de la reforma laboral brasileña, Macri arremetió contra los juicios laborales y llamó públicamente a combatir “la mafia” de los abogados y jueces que cada día “dejan a mucha gente sin trabajo”. Abiertamente del lado del capital, ha buscado generar consenso en torno a una reforma laboral al “estilo brasileño”. Sus declaraciones se oponen a la Ley N° 20.744 , aprobada en 1974 -restringida dos años más tarde por los militares golpistas, limitada en los ´90 por el gobierno neoliberal de Carlos Menem, pero revitalizada desde 2003 por el kirchnerismo-. Hasta el momento cuatro han sido los sindicatos intervenidos durante el año y medio que Mauricio Macri lleva en gestión. El primer gremio intervenido -como puntapié inicial de una política perjudicial hacia los trabajadores- fue el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en febrero de 2016. Su ex líder, Enrique Omar «Caballo» Suárez, está preso en el penal de Marcos Paz acusado de bloquear los puertos, extorsionar a empresarios y encabezar una presunta asociación ilícita, mientras los medios lo acusan del “delito” de ser el preferido de la ex mandataria, CFK. En diciembre, el sindicato de vigiladores privados que conducía Ángel García fue intervenido por la Justicia, desplazando a su líder por supuestas irregularidades en el proceso electoral.
En enero de 2017, Triaca dispuso la intervención de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) por considerar que hubo irregularidades en su proceso electoral interno. El último caso fue el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SIVENDIA). En esta ocasión, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el procesamiento sin prisión preventiva de su histórico líder Omar Plaini, y dispuso un allanamiento en la sede sindical. En pocas horas, el titular del sindicato de los Canillitas fue procesado por falsificación de documentos, embargado en 200.000 pesos y desplazado de la conducción de su gremio, que a la vez fue allanado en un mega-operativo de Gendarmería.
En general las medidas macristas están orientadas a disminuir el valor del trabajo, y de paso atacar las bases de Unidad Ciudadana
El hecho más desopilante de vulneración de derechos laborales por parte del Estado aconteció durante el conflicto docente de este año, cuando el gobierno bonaerense encabezado por la gobernadora María Eugenia Vidal avasalló los derechos consagrados en la Constitución. Sin embargo, un fallo de la justicia ordenó la devolución inmediata del dinero descontado a los maestros por los días de huelga y en el caso del plus por presentismo ofrecido por la gobernadora a los maestros que no se plegaran al paro, el mismo será considerado como un adelanto de futuros aumentos. En general las medidas macristas están orientadas a disminuir el valor del trabajo, y de paso atacar las bases de Unidad Ciudadana.
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