Informe de la ONU sobre el impacto de las sanciones a Venezuela

Por CELAG

Recientemente, la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, presentó algunas conclusiones sobre el impacto de las sanciones a Venezuela. Aquí los principales aspectos del informe preliminar.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas en el disfrute de los Derechos Humanos, Alena Douhan, presentó este 12 de febrero las observaciones preliminares sobre su visita a Venezuela para evaluar el impacto de las sanciones unilaterales sobre la población venezolana. El informe completo se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo mes de septiembre.

Este informe preliminar constata que las sanciones impuestas a Venezuela especialmente a partir de 2014 han propiciado los siguientes resultados:

• Los ingresos públicos se han reducido en un 99%. El país vive actualmente con el 1% de los ingresos anteriores a las sanciones.
• Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estados, a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas.
• Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares.
• La compra de bienes y pagos por parte de las empresas públicas están bloqueados o congelados.
• Sector privado, organizaciones no gubernamentales, universidades, clubes deportivos y ciudadanos particulares denuncian el rechazo o reticencia de bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias; dificultades para obtener visados y comprar billetes; necesidad de actuar a través de agentes de terceros países y necesidad de pagar costes de seguro adicionales.
• Las líneas eléctricas trabajan a menos del 20% de su capacidad. La distribución del agua se hace por turnos y la mayoría de los hogares solo puede acceder a la misma una o dos veces por semana durante varias horas. A causa de los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para potabilizar el agua se ha reducido en un 30%.
• La migración venezolana desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones de personas. La población se reducirá a 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos ha visto disminuido su personal entre el 30% y el 50%, incluido el más cualificado. Esto ha originado desorganización interno, aumento de carga de trabajo para el personal restante, reducción de servicios y disminución de su calidad.
• Los impedimentos a la importación de alimentos ha situado a 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Para hacer frente a esta situación, la población reduce el número de comidas diarias; reduce la cantidad y calidad de alimentos; se descapitaliza o vende bienes del hogar para adquirir comida; reduce gastos en salud, ropa y educación, etc. Esta situación tiene su correlato en las crisis familiares; violencias y separaciones; trabajo infantil; economía sumergida; actividades delictivas; trabajo forzoso y migración.
• El programa público de alimentación CLAP ha disminuido la variedad de sus productos.
• Las sanciones también impactan sobre la atención sanitaria, propiciando la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria.
• Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes de un 50% a un 70%. Solo el 20% de los equipos médicos está en funcionamiento. Tan solo el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020).
• El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad.
• El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. También se observa un crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013.
• Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que está alcanzando un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.
• La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total.
• La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima de distribución gratuita de computadoras portátiles entre los alumnos de Primaria y Secundaria. Hasta su cancelación, el Programa Canaima había distribuido 6,5 millones de aparatos.

En su evaluación final, la relatora especial subraya que las sanciones unilaterales contra Venezuela constituyen una violación del Derecho Internacional, y por lo tanto son ilegales, e impactan gravemente contra la población del país e impiden el disfrute de los Derechos Humanos. Alena Douhan califica como “efecto devastador” el impacto de las sanciones sobre el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo.

Por tanto, la relatora especial insta a los gobiernos a que “revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales”.

Finalmente, insta al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a que apliquen plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ambos que refuercen la presencia de la OACDH en el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y que organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.