Las reivindicaciones que conducen a esta huelga hablan de reducción de horas lectivas, para, entre otras cosas, tener más tiempo para preparar las clases.
Por F. Javier López Martín | 14/10/2026
La educación madrileña va a la huelga. La inmensa mayoría de los sindicatos de la enseñanza pública convocan la huelga indefinida. Por decirlo de otra manera, la huelga tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de finalización. Para la Comunidad de Madrid esta huelga no está justificada. Sin embargo, para los convocantes, tras largas negociaciones y a la vista del desprecio a las propuestas de la comunidad educativa, ya no queda otra salida que una movilización contundente.
Lo que piden el profesorado y la comunidad educativa tiene que ver con las condiciones en las que se realiza la función docente. Las reivindicaciones que conducen a esta huelga hablan de reducción de horas lectivas, para, entre otras cosas, tener más tiempo para preparar las clases. Tener más tiempo para atender a los alumnos y a las familias.
Hablan de menos alumnas y alumnos por aula. Reforzar las plantillas de personal dedicado temas que permiten la mejor integración del alumnado, como Pedagogía Terapéutica, Orientación, Audición y Lenguaje. Hablan de salarios que recuperen y se acerquen a la media nacional. De inversiones en educación que nos saquen de la cola española de gasto por alumno.
A estas alturas es imposible negar que la Comunidad de Madrid ha apostado decididamente por la enseñanza privada. La enseñanza pública cuenta con el 53,6% del alumnado madrileño, mientras que la media nacional supone el 66,8%. Pero es que, además, la enseñanza privada no concertada alcanza en Madrid al 18,3% del alumnado, mientras que en España se mueve en el 8,7%.
Mientras que Madrid presume de ser la Región más rica de España, con el PIB (Producto Interior Bruto) más alto, su gasto por alumno es el más bajo de España. El País Vasco figura a la cabeza con 9.000 euros por alumno, mientras que Madrid se encuentra en los 6.500 euros por alumno. Casi 1.000 euros menos que la media nacional.
Con una desinversión de este nivel no puede extrañar que las familias madrileñas se vean condenadas a soportar el mayor gasto privado de los hogares de toda España, con una media de 2.676 euros por alumno, con lo cual se pagan actividades escolares, las cuotas extraordinarias de los centros concertados disfrazadas de donaciones a fundaciones y cosas similares, material educativo.
En estas circunstancias, cualquier organización de madres y padres que se precie y defienda los intereses de las familias, como ocurre con la FAPA Giner de los Ríos, no puede por menos que apoyar la huelga. Son los primeros interesados en que las aulas se encuentren menos masificadas y haya suficientes profesores.
Son las familias las principales perjudicadas por la falta de inversión en educación y que tras la libre elección de centro se encuentre la realidad de una segregación forzada de alumnas y alumnos. Quienes pueden pagar a un lado y quienes no pueden pagar a la fosa de la desigualdad.
Si a lo que prestamos atención es a los salarios, Madrid también se encuentra en las posiciones más bajas con respecto a Comunidades como País Vasco, Navarra y hasta Castilla-La Mancha. Y todo ello sin tomar en cuenta el coste de vida en la capital. En Madrid los precios son más altos que en otros lugares del Estado.
Pero es que, además, en Madrid la temporalidad entre el profesorado es una lacra que el gobierno de Ayuso no ha querido resolver, pese a las sentencias europeas. El porcentaje de profesoras y profesores interinos sobrepasa el 32%, uno de cada tres profesores y profesoras. En algunos medios se habla del 36%. Hoy en Parla, mañana en Loeches y pasado mañana en Cercedilla.
La huelga indefinida no es un capricho. No es la lucha por el salario en un convenio colectivo. Es un combate de largo recorrido para evitar la espiral de deterioro de la escuela pública. Esta región, la más rica de España, no puede verse sometida al abandono educativo al que la condena el gobierno Ayuso. Madrid no puede tolerar ser colocada a la cola de inversión por alumno, a la cola en estabilidad laboral, a la cola en salarios, en gasto educativo.
Madrid impulsó el modelo de concesiones de suelo barato y autorizaciones para colegios concertados a cambio de mordidas superiores al millón de euros. Francisco Granados, mano derecha, o izquierda, nunca se sabe, de Esperanza Aguirre, acabó imputado en el caso Púnica por estas prácticas que se desarrollaron entre 1999 y 2011.
Curioso que la justicia sea tan rápida, ágil, eficaz y diligente con casos como el de Zapatero, la esposa de Sánchez, el hermano de Sánchez, o Ábalos y este asunto de los colegios, quince años después de destaparse totalmente el escándalo, no tenga condena alguna.
No podemos fiarnos de la política que gobierna Madrid, ni de la justicia que pueda investigar al gobierno de Madrid. Sólo la movilización puede poner nervioso a un poder que apuesta por tomar cañas y montar saraos de todo tipo, pero que reniega del papel de una educación pública que continúa siendo un factor esencial para que el ascensor social funcione y la igualdad de oportunidades sea real.
A la huelga. No queda otra. Vamos a la huelga. Nos va el futuro y el de nuestros hijos.
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