Mientras los fuegos consumen montes, destruyen pueblos y segan vidas, los servicios de emergencia se ven desbordados, y la ciudadanía queda abandonada a su suerte.
Por Víctor Siles | 20/08/2025
El verano de 2025 ha convertido a España en un escenario de devastación. Los incendios forestales, que han arrasado más de 157.000 hectáreas hasta agosto, han expuesto de manera cruda la alarmante falta de recursos y la deficiente gestión tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas.
Esta crisis, que ha dejado al menos cuatro muertos y más de 30.000 personas desalojadas, refleja la magnitud de la incapacidad de las administraciones para anticiparse y responder eficazmente a una amenaza que se repite año tras año.
Una gestión marcada por la improvisación
La imagen de ciudadanos desesperados intentando apagar incendios con cubos de agua y ramas de árboles no es solo conmovedora, sino profundamente bochornosa. Estas escenas, que podrían parecer sacadas de otra época, son el reflejo de una realidad innegable: la falta de recursos adecuados para la prevención y extinción de incendios.
Mientras los fuegos consumen montes, destruyen pueblos y segan vidas, los servicios de emergencia se ven desbordados, y la ciudadanía, en muchos casos, queda abandonada a su suerte.
La ausencia de medios suficientes, como brigadas forestales bien dotadas, vehículos especializados o aeronaves, ha dejado a regiones como Galicia, Castilla y León y Extremadura en una situación de extrema vulnerabilidad.
La inversión en prevención de incendios se ha desplomado un 51% entre 2009 y 2022, pasando de 364,1 millones de euros a 175,8 millones, según datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo).
En el caso del Gobierno central, la caída ha sido especialmente drástica durante el mandato de Pedro Sánchez, con una reducción del 48% desde 2018, hasta alcanzar solo 115,8 millones en 2025. Comunidades autónomas como Castilla y León han recortado hasta un 90% sus presupuestos en prevención en los últimos 13 años, un dato alarmante considerando que esta región ha sido una de las más afectadas por los incendios.
Consecuencias devastadoras
La falta de inversión tiene consecuencias catastróficas. La pérdida de masa forestal no solo afecta al paisaje y a los ecosistemas, sino que compromete servicios esenciales como la regulación del clima, la conservación del suelo y el suministro de agua. Pueblos enteros han sido arrasados, con miles de personas evacuadas y un impacto económico que supera los 1.000 millones de euros solo en lo que va de verano, según estimaciones basadas en un coste medio de 19.000 euros por hectárea quemada.
Pero el precio más alto lo pagan las vidas humanas. Hasta el 19 de agosto, los incendios han dejado cuatro víctimas mortales, incluyendo un voluntario que colaboraba en tareas de extinción y un vecino en Tres Cantos, Madrid, además de varios heridos graves. Estas tragedias no son solo números; son el resultado de una cadena de negligencias que comienza mucho antes de que las llamas se desaten.
El cambio climático como excusa
Ante esta crisis, el Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, ha optado por señalar al cambio climático como el principal culpable, presentándolo como una amenaza abstracta e inevitable. Esta narrativa sirve en muchos casos para eludir responsabilidades concretas. Las olas de calor y la sequía térmica han contribuido a la virulencia de los incendios, pero los expertos coinciden en que la falta de prevención es el factor determinante en su rápida propagación.
La prevención, que incluye medidas como desbroces, quemas controladas y la creación de cortafuegos, cuesta significativamente menos que la extinción: 3.000 euros por hectárea frente a 19.000 euros en promedio para apagar un incendio. Sin embargo, los presupuestos se han inclinado hacia la extinción en lugar de la prevención, una estrategia reactiva que no aborda las causas estructurales del problema.
La responsabilidad compartida y la falta de coordinación
La gestión de los incendios en España está dividida entre las comunidades autónomas, responsables de la prevención y extinción, y el Gobierno central, que coordina y aporta recursos extraordinarios como la Unidad Militar de Emergencias (UME) o las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). Sin embargo, esta división de competencias ha generado una guerra política que obstaculiza la respuesta efectiva.
Mientras el Gobierno central acusa a las comunidades gobernadas por el PP de “demagogia” por exigir más medios, estas replican señalando la insuficiencia de recursos estatales, como la reducción de cinco aeronaves en 2025 debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.
La falta de coordinación se agrava por la disparidad de modelos autonómicos. Mientras regiones como Aragón han invertido en operativos permanentes con resultados positivos, otras, como Castilla y León, han optado por privatizar servicios, lo que ha generado críticas por la precariedad laboral y la falta de cohesión entre equipos.
Un pacto de Estado sin recursos
El presidente Sánchez ha propuesto un “Pacto de Estado” para la mitigación y adaptación a la emergencia climática, pero esta iniciativa carece de credibilidad sin un compromiso tangible en forma de presupuestos. La ausencia de Presupuestos Generales del Estado por segundo año consecutivo ha limitado la contratación de medios, como se reconoció desde el propio Ministerio de Transición Ecológica en diciembre de 2024. Sin recursos suficientes, cualquier pacto corre el riesgo de quedarse en una mera declaración de intenciones.
España no puede permitirse seguir improvisando ante cada verano devastador. La prevención debe ser una prioridad, con inversiones estables en desbroces, quemas controladas y educación ciudadana.
Además, es urgente dignificar las condiciones laborales de los bomberos forestales y reforzar los servicios públicos con personal y tecnología adecuados, como drones o sistemas de detección temprana.
Mientras los ciudadanos arriesgan sus vidas con cubos y ramas, las administraciones se pierden en reproches mutuos. Es hora de asumir responsabilidades, aumentar la inversión en prevención y extinción, y trabajar de manera coordinada para proteger nuestro patrimonio natural y, sobre todo, las vidas de las personas. Porque los incendios no esperan, pero la prevención sí puede marcar la diferencia.
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