Francia ha visto desfilar a cinco primeros ministros en menos de tres años, en una crisis provocada por un modelo económico y geopolítico fallido.
Por Ernesto Vílchez | 9/10/2025
La República Francesa se encuentra hoy sumida en una crisis de legitimidad sin precedentes. Con un Parlamento fragmentado, gobiernos que duran lo que un suspiro y una clase política paralizada por egos y divisiones irreconciliables, Francia ha dejado de ser gobernable. La dimisión exprés de Sébastien Lecornu como primer ministro el 6 de octubre –apenas unas horas después de anunciar su gabinete– no es más que el último clavo en el ataúd de un sistema exhausto. Este colapso, el más rápido en la historia de la Quinta República, exige una respuesta radical: la dimisión inmediata de Emmanuel Macron y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas para restaurar la soberanía popular.
Una cronología de la inestabilidad
La semilla de esta debacle se plantó en las elecciones legislativas anticipadas de junio y julio de 2024, convocadas por Macron en un intento fallido de consolidar su poder frente al ascenso de la derecha radical. El resultado fue un Parlamento «colgado», dividido en tres bloques casi iguales: la izquierda (Nueva Unión Popular Ecológica y Social), el liberalismo macronista y la derecha de Agrupación Nacional. Ninguno alcanzó la mayoría absoluta, dejando al país en un limbo institucional que ha durado más de un año.
Desde entonces, Francia ha visto desfilar cinco primeros ministros en menos de tres años: Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou y, ahora, el efímero Lecornu. Cada uno ha caído víctima de la misma ecuación imposible: aprobar un presupuesto austero en un hemiciclo donde la coalición es un espejismo. Barnier y Bayrou sucumbieron en diciembre de 2024 y septiembre de 2025, respectivamente, ante mociones de censura por recortes presupuestarios. Lecornu, nombrado el 9 de septiembre de 2025 como el séptimo jefe de Gobierno de Macron, ni siquiera tuvo tiempo de pronunciar su declaración de política general ante la Asamblea Nacional.
El 6 de octubre, horas después de desvelar un gabinete casi idéntico al de su predecesor –con figuras como el controvertido Bruno Le Maire en Economía–, Lecornu presentó su renuncia. «No se pueden dar las condiciones para gobernar», declaró desde las escaleras del Hotel Matignon, culpando a los «apetitos partidistas» de la oposición y aliados por igual. El centro-derecha de Los Republicanos (LR) se retiró en bloque, los socialistas amenazaron con censura y la izquierda, liderada por Jean-Luc Mélenchon, exigió directamente la destitución de Macron.
Macron, en un intento desesperado, concedió a Lecornu 48 horas para negociar una «plataforma de estabilidad», pero el plazo expiró el 8 de octubre sin acuerdo, profundizando el vacío de poder.
Esta sucesión de gobiernos fantasmas ha generado un rechazo masivo: una encuesta de Odoxa reveló que el 70% de los franceses apoya la dimisión de Macron, un aumento de seis puntos en un mes, mientras que dos tercios demandan la disolución de la Asamblea. En las redes sociales, hashtags como #MacronDémission y #ÉlectionsMaintenant acumulan millones de interacciones, con voces desde la izquierda insumisa hasta la extrema derecha clamando por un reset.
La crisis de legitimidad
Emmanuel Macron, reelegido en 2022 con un mandato que expira en 2027, se ha convertido en el epicentro de esta parálisis. Su negativa a dimitir o convocar elecciones –»No renunciaré hasta el final de mi mandato», repite– choca con una realidad aplastante: sin mayoría, su hiperpresidencialismo es una caricatura. La moción de destitución presentada por 104 diputados de izquierda el 8 de octubre fue rechazada por la Mesa de la Asamblea, pero el debate ha enrarecido el ambiente. Mélenchon y Mathilde Panot, de La Francia Insumisa, la llaman «el countdown ha comenzado», mientras Marine Le Pen y Jordan Bardella de Agrupación Nacional exigen urnas para capitalizar el descontento.
La legitimidad de Macron se erosiona no solo por la fragmentación parlamentaria, sino por un estilo de liderazgo desconectado: desde los chalecos amarillos en 2018 hasta las protestas por la reforma de pensiones en 2023, su imagen de «presidente de los ricos» ha calado hondo. Hoy, con un gobierno en funciones que apenas despacha «asuntos corrientes», Francia enfrenta el riesgo de un shutdown presupuestario antes de fin de año, con un déficit del 6% del PIB y una deuda superior a los 3,4 billones de euros. Los mercados han reaccionado con caídas en la bolsa parisina y una prima de riesgo disparada, recordando que la inestabilidad política no es un juego abstracto.
Recetas liberales y atlantismo
En el corazón de esta crisis late un modelo económico y geopolítico fallido. Las «recetas liberales» de Macron –privatizaciones, desregulación laboral y recortes fiscales para las élites– han exacerbado la desigualdad en un país donde el 20% más pobre ha visto su poder adquisitivo estancado desde 2008. La reforma de pensiones de 2023, impuesta por decreto, desató huelgas masivas que destruyeron conquistas históricas: el retiro a los 64 años simboliza el desmantelamiento de la seguridad social, pilar de la Francia jacobina.
Peor aún, el alineamiento acrítico con el atlantismo y la burocracia de Bruselas ha priorizado la militarización sobre el bienestar social. Francia, como pilar de la OTAN y la UE, destina crecientemente su PIB a defensa –el mayor rearme europeo desde la Segunda Guerra Mundial–, financiado por recortes drásticos en sanidad, educación y subsidios. En los próximos años, los trabajadores enfrentarán tijeretazos en salarios mínimos, pensiones y prestaciones, mientras el presupuesto de Defensa supera los 50.000 millones de euros anuales. Esta dinámica no es neutral: es una transferencia de recursos de la clase obrera a los complejos militar-industrial y financiero transatlántico, dejando a millones en la precariedad.
Los chalecos amarillos, las huelgas de ferrocarriles y las protestas agrarias de 2024 no fueron episodios aislados, sino síntomas de un sistema que sacrifica lo social por lo geopolítico. Hoy, con la UE imponiendo sanciones a Rusia que encarecen la energía y la inflación galopante, la clase trabajadora francesa paga el precio de un «europeísmo» que beneficia a las multinacionales y no a los salarios reales, estancados en 1.600 euros mensuales para un SMIC que apenas cubre el coste de la vida.
Hacia una salida
Esta crisis no se resolverá con parches tecnocráticos o coaliciones efímeras. La única vía es romper con el ciclo vicioso: la dimisión de Macron y elecciones nuevas para un Parlamento soberano. Pero más allá de las urnas, urge una fuerza política que desafíe el capitalismo y su andamiaje imperialista.
El movimiento obrero francés –sindicatos como la CGT, huelguistas y cooperativas– debe fortalecerse como eje de resistencia. Una izquierda renovada podría liderar la salida de la OTAN –alianza agresiva que perpetúa guerras proxy– y una renegociación radical de la UE, o su abandono si persiste en su deriva austericida. Políticas como la nacionalización de sectores estratégicos, el aumento del salario mínimo y la reversión de recortes sociales no son utopías, sino necesidades para restaurar la dignidad de los trabajadores.
Francia es ingobernable por un régimen que ha traicionado sus principios republicanos. La dimisión de Lecornu lo evidencia: es hora de que el pueblo francés tome las riendas de su destino con acción colectiva. Si no, el abismo se tragará no solo a Macron, sino a las conquistas de generaciones.
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