¿Estado de alarma o estado de excepción?

Por Jordi Solé Codina

Debido a la crisis del Covid19, los estados han tenido que aplicar medidas contundentes en la población para evitar la propagación descontrolada del virus, y reducir e intentar parar esta. ¿Pero son medidas correctas? ¿Benefician a la clase trabajadora?

El estado de alarma está regulado en el artículo 116 de la Constitución española, decretado por el Gobierno del estado intermediando un decreto aprobado en Consejo de Ministros, con una extensión máxima de quince días, y validado por el Congreso de los Diputados. Este estado permite al Ejecutivo aplicar medidas excepcionales en un contexto de extrema necesidad. El estado de alarma implica que el Gobierno pueda limitar la circulación o la permanencia de personas en ciertas horas, que pueda expropiar temporalmente ciertos bienes materiales, entre otros. Pero el que es más importante es que todos los cuerpos policiales restan bajo las órdenes del Gobierno del estado. Cómo hemos podido ver estos meses de confinamiento que llevamos, la población se ha portado bien, con contadas excepciones. Todo y la gran crítica que se hace en el Gobierno, se tiene que decir que el estado de alarma español es de los más fuertes de Europa y la población es la que se ha comportado mejor. Solo hay que mirar Francia o lo Reino Unido, donde la gente iba a votar o el presidente expresaba públicamente la preocupación por la economía y no por sus ciudadanos. O Alemania, donde el número de muertes es inferior en España, todo y teniendo un número de contagios similar, debido a que las personas que mueren no se los realiza la prueba. Y ya reabren las escuelas. Pero está claro que no todo tiene que ser elogios. Si nos fijamos en los casos represivos, el primer mes del estado de alarma se han contabilizado más de 650.000 en todo el territorio. Teniendo en cuenta que las sanciones van desde los 100 euros, por las infracciones leves, a los 600.000 euros por las muy graves, extraed conclusiones vosotros mismos. No hay duda en qué algunas de estas sanciones son merecidas, por gente que concienzudamente se ha saltado el estado de alarma a saber por qué. Pero tenemos otros casos, y dejo de banda la violencia policial, en que se ha sancionado a gente por el solo hecho de ir a comprar poca cosa, o cosa que era considerada no esencial o incluso para estar delante de casa en la acera. Si entramos en los casos de violencia policial, que han existido y existirán siempre, haya o no haya estado de alarma, encontramos centenares de abusos, y no lo digo yo solo, lo alertan los abogados y juristas del estado español. Abusos como apalear a un chico para ir en motocicleta, apuntar con una arma de fuego a gente que intenta impedir una detención injustificada o insultar y discriminar a una persona transexual para estar en la calle trabajando. Todo estas sanciones justificadas con una ley mordaza aprobada por el Partido Popular y que sigue vigente con el Gobierno más progresista de Europa.

Pero esto no es todo, el Gobierno prohibió los desalojos durante el estado de alarma, pero estos siguieron realizándose, como el edificio ocupado por La Ingobernable en el centro de Madrid, o esta semana en Barcelona, que con la ayuda de los vecinos se pudo parar. Otros vecinos también denuncian intentos de desalojo en plena cuarentena. Por lo qué respeta a los derechos laborales de los trabajadores, el Gobierno ha permitido a las empresas realizar ERTE’s y ERTO’s para sobrevivir. A pymes o autónomos es comprensible, pero a grandes empresas o multinacionales como SEAT o Inditex, que al final el Gobierno, por presión, lo paró. Todo esto nos deja en una situación de más de tres millones de afectados por expedientes temporales, un coste que tendrá que cubrir el estado, en un contexto en que no se recaudan casi impuestos. Aun así, la patronal sigue pidiendo que el estado se haga cargo del sueldo de los trabajadores afectados, hasta que la situación se normalice. Mientras el sueldo del secretario general, José María Lacasa, es de 250.000 euros anuales, tres veces más que el sueldo del presidente del Gobierno. A la vez, la clase trabajadora sigue estando obligada a ir a trabajar, puesto que el estado de alarma no ha impedido que muchos establecimientos tengan que bajar la persiana. Esto propicia la mayor exposición al virus por esta gente y por sus familiares, al no tener espacio suficiente por si se tiene que hacer cuarentena ni para respetar la distanciación social, tal como vimos en el artículo “Una crisis de clases”.

Todo esto nos lleva a considerarnos si realmente estamos en un estado de alarma o es un estado de excepción encubierto. Prohibición de manifestaciones, abusos policiales, prohibición de libre circulación de personas, entre otras. Personalmente estoy en contra de ciertas medidas del estado de alarma, pero está demostrado que funciona. Si observamos el caso de China, estuvieron dos meses y medio sin salir de casa, ni para trabajar, y han superado la primera oleada del virus. En el Reino Unido, primeramente se apostó por la economía y no impusieron el estado de alarma hasta que el presidente vio que las cosas no iban bien y cogió el Covid19. Aquí en el estado español, debido a las presiones de gente como Ana Botín, Florentino Pérez o Amancio Ortega, la clase obrera española ha tenido que exponerse en el virus y seguir cobrando una miseria mientras se los obliga a estar en casa teniendo que pagar el alquiler, el agua, el gas y un largo etcétera.

https://crisideclasse.blogspot.com/

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