El nuevo liderazgo político surge en Colombia de una poderosa suma de voluntades y del profundo despertar del movimiento indígena y social.
Por Pedro Antonio Pérez Parada | 27/05/2026
Colombia es un país que, históricamente, ha visto cómo el poder político es ejercido por unas minorías privilegiadas; las mismas que controlan el poder económico. Como clase política dominante, se han valido de las instituciones del Estado para mantener sus prerrogativas y oponerse a todo cambio que atente o ponga en peligro sus intereses. Es así como se ha gobernado a Colombia desde su creación como república: con una mentalidad clasista que administra el país como si se tratara de una extensa propiedad privada. Es como si se creyeran los dueños absolutos de una superficie de 1.141.748 Km² y de una población de 53 millones de habitantes; una sociedad multiétnica y multicultural, dispersa en su geografía, rodeada por dos mares, altas montañas, páramos y llanuras, con una variedad de climas, ecosistemas y abundantes recursos hídricos.
La cultura patriarcal heredada del colonizador, con presidentes históricamente al servicio de esas élites, ha convertido a Colombia en uno de los países con mayor desigualdad económica, social, cultural, de género y legal en el mundo. Esta es una verdad incómoda, pero incontestable, revelada en los informes de entidades nacionales como el DANE o el Banco de la República, y confirmada por organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, el PNUD y Oxfam. Los datos son demoledores: la exclusión ha causado una concentración de la riqueza donde el 1% de la población (unas 375.000 personas) concentra el 33% de la riqueza, mientras que 16 millones de personas apenas acceden al 4%. El resto, la gran mayoría, simplemente no tiene acceso a ella.
Esta brecha histórica no para de aumentar cada año, ensañándose con las poblaciones más vulnerables: pobres, indígenas, afrodescendientes, campesinos y mujeres. Excluidos por el sistema, sufren la precariedad de los servicios públicos básicos. Son los que la narrativa oficial convirtió en los “Nadies”; los que no existen para el Estado y cuyas demandas jamás son resueltas. Esta es una cruda realidad, perfecto caldo de cultivo para la violencia, la inequidad y la injusticia social.
Al negárseles sistemáticamente los espacios para la participación política, amplios sectores populares no encontraron otra opción que levantarse en armas para reclamar sus derechos y defenderse de las injusticias sociales. Es ahí donde tiene sus orígenes el movimiento guerrillero, desatando un conflicto armado interno —una guerra civil no declarada— que polarizó a la sociedad, causó un daño profundo a la población civil rural y que aún arrastramos como un lastre desde el nacimiento de la república. Desde la disputa violenta del bipartidismo tradicional entre Conservadores (herederos del colonialismo) y Liberales (con ideas más progresistas) por el control de las precarias finanzas estatales, el territorio y los recursos, la violencia ha sido una constante. Incluso el Frente Nacional, que selló una paz relativa compartiendo la burocracia entre élites, excluyó a las mayorías y dio paso a una nueva etapa de conflictividad alimentada por el paramilitarismo y el narcotráfico.
Mientras las élites pretendieron poner fin al conflicto únicamente mediante el uso de las armas, los sectores populares y la sociedad civil se han inclinado siempre por una solución pacífica a través del diálogo y la negociación. Pese a la desconfianza histórica justificada por la falta de voluntad política del Establecimiento (traducida en fraudes electorales y en el exterminio de la oposición política), los acuerdos de paz han impulsado cambios fundamentales, como la Constitución de 1991 que definió a Colombia como un Estado Social de Derecho.
El nuevo liderazgo político surge de una poderosa suma de voluntades: jóvenes con formación académica, estudiantes, líderes sociales, comunidades afrodescendientes, campesinos, desmovilizados, mujeres y ciudadanos de a pie. Sin embargo, el elemento verdaderamente disruptivo en este escenario, y el que más pánico causa en las élites tradicionales, no es el cálculo electoral de los partidos de izquierda, sino el profundo despertar del movimiento indígena y social. En los últimos años, las comunidades ancestrales han dejado de ser espectadoras de la política nacional para convertirse en actoras fundamentales de su destino. La irrupción de nuevos liderazgos nacidos del corazón de la Colombia profunda no solo ha refrescado el panorama político, sino que ha planteado una discusión de fondo: la necesidad urgente de una visión ética del Estado.
«El liderazgo indígena no busca simplemente ocupar el poder; busca transformar la lógica del poder, anteponiendo la defensa de la vida, el territorio y la dignidad comunitaria por encima de la transacción corrupta de la política tradicional.»
Frente a un sistema político históricamente clientelista, desgastado por la corrupción y sordo a las necesidades de las periferias, estos nuevos liderazgos oponen una ética de la resistencia y el cuidado. Su concepto del «buen vivir» y su arraigo moral son el antídoto más potente contra el cinismo institucional. Es precisamente esta superioridad ética la que convierte al movimiento social e indígena en el blanco predilecto de los ataques del Establecimiento. Saben que a un político tradicional se le puede comprar o negociar; a una dignidad colectiva forjada en siglos de resistencia, no.
Esta gran convergencia ciudadana está decidida a combatir la corrupción institucional y a rechazar la cultura del dinero fácil producto del contrabando, el narcotráfico, el lavado de activos y la apropiación indebida de tierras. La propuesta actual es repensar y reescribir a Colombia desde el progresismo, promoviendo un desarrollo sostenible con justicia social. La hoja de ruta —que ha empezado a desarrollar el presidente Petro— busca que las mayorías tengan acceso real a la salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar; al tiempo que prioriza la protección del medio ambiente, la transición energética, el fortalecimiento de la producción agraria y manufacturera para el mercado internacional, y la modernización de la infraestructura del Estado.
Sin embargo, para hacer realidad estas transformaciones se necesitan reformas legislativas profundas. Es allí donde el proyecto tropieza con su obstáculo más complejo: una oposición encarnizada en el Congreso de la República por parte de los miembros que defienden los intereses de la clase privilegiada. Un sector político tradicional que se opone radicalmente a perder el control de su «extensa propiedad privada» y que prefiere mantener al país en el statu quo antes que ceder un solo milímetro de sus privilegios históricos en favor de la dignidad de las mayorías.
A pesar de este férreo bloqueo institucional, en las calles y los territorios la llama sigue encendida. Para millones de colombianos que por generaciones solo conocieron la exclusión y la violencia, el avance de estos vientos de cambio representa mucho más que un programa de gobierno; representa la materialización de la esperanza, la certeza de que es posible transitar hacia un país donde la dignidad no sea un privilegio de pocos, sino un derecho de todos. Las consecuencias de que este proyecto progresista logre consolidarse y seguir adelante marcarán un antes y un después en la historia nacional, demostrando que las estructuras de la inequidad sí pueden ser desmontadas por la vía democrática y pacífica.
Este pulso histórico no se da en el vacío. Colombia hoy camina en medio de un complejo contexto geopolítico global y regional, donde América Latina se debate entre la restauración de proyectos autoritarios de extrema derecha y la urgencia de consolidar bloques alternativos soberanos. En este tablero internacional, el éxito del progresismo colombiano —con su bandera de justicia ambiental, paz integral y transición energética— trasciende sus fronteras. Si Colombia logra consolidar este cambio frente a la persistencia de sus élites tradicionales, no solo estará saldando su deuda histórica con los «Nadies», sino que se convertirá en un referente ético y en un faro de resistencia para el Sur Global.
Sin embargo, el riesgo del fracaso es mayúsculo. Si estos vientos de cambio terminan por frustrarse, asfixiados por el bloqueo institucional y la manipulación de una maquinaria mediática implacable al servicio del statu quo, las consecuencias para el país serán devastadoras. El fracaso del proyecto progresista no significaría simplemente el regreso alternante de los partidos tradicionales; si no un trágico retorno al pasado, la clausura de la vía democrática para las mayorías y el inicio de un nuevo ciclo de violencia política sin precedentes en nuestra historia. Las próximas elecciones presidenciales no serán, por tanto, una votación más; serán el escenario definitivo donde el pueblo colombiano decida si permite que la maquinaria apague los vientos de la esperanza, o si se levanta con la fuerza moral e histórica de sus mayorías para impedir que el país retroceda hacia el abismo de siempre.
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