El pacto de las dos mentiras

Se dice que hay que abandonar el Reglamento de Dublín porque ha fracasado, pero ese fracaso sólo se explica por el incumplimiento sistemático del mismo y por mucho que el pacto le cambie el nombre, la situación no ha cambiado, ni parece que vaya a cambiar.

Por María José Aguilar Idañez.

Las razones por las cuales las personas migran son diversas y a menudo complejas. Hay personas que se trasladan a otros países para mejorar su situación económica o para continuar su educación. Otras se ven obligadas a abandonar su país para escapar de abusos contra los derechos humanos como la tortura, la persecución, los conflictos armados, la pobreza extrema e incluso la muerte. Durante los últimos años el número de personas desplazadas que se han visto obligadas a salir de sus hogares y a buscar refugio en un tercer país ha crecido de forma significativa. Según los datos de ACNUR, más de 82 millones de personas en el mundo han salido de su país o se han convertido en desplazadas forzosas. Igualmente, hay un número muy importante de personas que se han visto obligadas a salir de sus hogares y a migrar como consecuencia de la lucha por la supervivencia en el acceso a recursos cada vez más escasos en escenarios de desigualdades globales crecientes. Esto nos debe obligar a reconocer la falta de autonomía y a confirmar el carácter forzado del desplazamiento actual, como regla general. 

Frente a esta situación, las políticas migratorias europeas responden de manera contraria a los principios y valores que están en el propio origen del proyecto europeo. La experiencia de aplicación de las políticas migratorias y de asilo europeas evidencian claramente que son un dispositivo institucional de no-respeto de derechos, expresado de forma casi paradigmática en el rechazo sistemático a garantizar el derecho de asilo y protección internacional. Y España es uno de los países europeos que con más dureza lleva impidiendo el ejercicio de este derecho, denegándolo a 19 de cada 20 personas que solicitan protección. España solo acepta el 5% de las solitudes de asilo resueltas, muy lejos de la media europea del 33% y aún más de países como Grecia (55%) o Alemania (44%)1

1 En España, según datos de 2021 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de las 114.919 personas cuyo expediente fue resuelto, solo 4.360 lograron el reconocimiento de la condición de persona refugiada y 1.398 la protección subsidiaria. En el 95% de los casos, se negó la protección internacional, si bien a 40.726 personas (el 99% originarias de Venezuela) se concedió la autorización de residencia por razones humanitarias. En cambio, 68 435 se quedaron en situación de desamparo, el 60% del total, un porcentaje que en 2019 fue del 29%.

La mirada profundamente discriminatoria con que la Unión Europea aplica su propia legislación se ha puesto en evidencia en marzo de 2022 con la activación -por primera vez y solo para el caso de Ucrania- de la Directiva 2001/55 de protección temporal, que nunca se activó en otros casos de refugiados por conflictos armados, que es para lo que se estableció hace más de veinte años.

La política migratoria de la UE constituye una violación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, que mantiene a millones de personas sin derechos en el territorio europeo. Esto es así porque la llamada ‘política migratoria’ europea es, en realidad, una política comunitaria de control de fronteras (con origen en los acuerdos de Schengen), exclusivamente securitaria y policial, preocupada exclusivamente por el control y la contención de las personas fuera de las fronteras europeas. No en vano, son los departamentos de justicia y asuntos interiores los únicos encargados en los estados miembros, de gobernar los asuntos migratorios.

Un pacto que no merece tal nombre

El mal llamado Pacto Europeo de Migración y Asilo, de 23 de septiembre de 2020, es realmente una propuesta de dos mentiras porque ni es un pacto, ni es de migración ni asilo. No es un pacto porque no es vinculante ni representa acuerdos entre Estados. Es una propuesta de la Comisión rendida a los postulados del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovenia, firmes defensores de posturas anti-inmigración), que no reconoce la necesidad de un sistema europeo de migración y asilo, sino de control de fronteras. Tampoco es de migración y asilo, porque en materia migratoria, tanto la Comisión como gran la mayoría de los estados miembros no tienen interés en una política común de inmigración y asilo, sino en externalizar en terceros países la contención de los desplazados y en abrir procesos de retorno inmediato sin garantizar que las solicitudes de asilo se estudien de manera individual y con las debidas garantías jurídicas (que es la base del derecho del asilo). 

El pacto promueve y aboga por la creación de centros de retención forzosa en las fronteras europeas, como los existentes en Estados Unidos o Australia. Algo que, de hecho, ya son los campos de refugiados de Grecia, los CETI de Melilla y Ceuta y los macrocentros de Canarias. 

Nombrar las cosas de manera diferente para que lo ilegal, injusto e inhumano parezca aceptable y legítimo, es básicamente lo hace establece el pacto: así, por ejemplo, cuando habla de nuevo mecanismo de solidaridad lo que en realidad se establece es que los estados miembros no estarán obligados a ser solidarios ni serán sancionados si incumplen el pacto. 

Se dice que hay que abandonar el Reglamento de Dublín porque ha fracasado, pero ese fracaso sólo se explica por el incumplimiento sistemático del mismo y por mucho que el pacto le cambie el nombre, la situación no ha cambiado, ni parece que vaya a cambiar.

Solo se presta atención en ese pacto a las entradas irregulares, desatendiendo el paquete de medidas más importante en cualquier política migratoria, que son las entradas regulares y seguras.

Todos los errores y fracasos previos de la UE en materia migratoria se intentan resolver renombrando conceptos que no han funcionado, sin buscar alternativas que, de verdad, sean eficientes y eficaces. Lo que sí parece claro, es que este pacto creará nuevos espacios de vulneración de derechos, en lugar de protegerlos y reforzarlos. Algo que el gobierno de España ha venido haciendo sistemáticamente en Canarias, desde el verano de 2020 justo a partir de la firma del pacto, con la creación de macrocentros llamados de ‘acogida’ que son -en realidad- lugares de retención forzosa donde se dispensa un trato inhumano y degradante a varios miles de personas migrantes allí internadas, y a quienes se les impide salir de estas ‘islas jaula’; tal como ha sido denunciado por numerosas entidades de derechos humanos, incluyendo el Defensor del Pueblo, CEAR, Amnistía Internacional, Irídia y Médicos del Mundo.

Se trata, en definitiva, de una propuesta enfocada de manera exclusiva en la irregularidad, por más que se utilice eufemísticamente en los discursos públicos la retórica de asegurar migraciones legales, ordenadas y seguras. Este pacto europeo no plantea vías seguras y legales; y mucho menos aborda el debate de la integración sociolaboral y política de los millones de personas migradas que llevan décadas viviendo en Europa. El pacto es papel mojado porque nació muerto, carece de audacia y solo refleja políticas anticuadas que han demostrado reiteradamente no ser solución de ningún problema en las fronteras ni en el interior del territorio europeo.

La activación de la Directiva europea de protección temporal, en marzo de 2022 con motivo de la guerra en Ucrania, demuestra que se puede garantizar el derecho al asilo y que se pueden gestionar de manera coordinada en Europa los flujos migratorios. Ha sido la falta de voluntad política la única causa de los estrepitosos fracasos de 2015 (por la irresponsable e inmoral inoperancia de la UE en el caso de los refugiados sirios) y de 2021 (en el caso de los afganos a quienes la UE sigue sin garantizar el derecho de asilo -salvo en los contados casos de personas evacuadas de Kabul al inicio del gobierno talibán- y de la crisis vivida en la frontera de Polonia y Bielorrusia -con el trato inhumano dado a las personas migrantes a quienes se utilizó como arma de guerra-). 

2 Daniel Buraschi y María José Aguilar Idáñez (2021). Las ONG en la reproducción del racismo institucional: análisis de la intervención social en espacios de tránsito fronterizo. En Iker Barbero (ed.), El tránsito de personas migrantes desde la perspectiva de los derechos y la acogida digna(I) (pp. 103-123). Valencia: Tirant lo Blanch. 

Este uso de las migraciones como arma política en las fronteras exteriores de la UE es consecuencia directa de la externalización de fronteras a terceros países (Marruecos, Libia, Turquía, etc.) pues el objetivo real de la política migratoria no es gestionar de manera legal, ordenada y segura la migración; ni gestionar la integración sociolaboral y política de quienes habitan en territorio europeo: el único objetivo es el control y la contención a cualquier precio (mediante elevados pagos con dinero público para que la violación, tortura y muerte de las personas migrantes se realice en terceros países, fuera de la UE), incluyendo la violación institucional de derechos fundamentales.

La voluntad política para garantizar la protección temporal, ahora y solo para el caso ucraniano, muestra el doble rasero del estándar de la UE al aplicar la directiva con profundo sesgo racista. Y es que mientras en la frontera oriental con Ucrania se implementa de forma inédita una política que garantiza el derecho de asilo y protección internacional, en la frontera sur se implementa una brutal política de contención, que utiliza la agresión y la violencia de manera sistemática, contra todas las personas que la cruzan o intentan cruzar (incluyendo niños y bebés). Violación sistemática de todos los derechos en la frontera sur y garantía del derecho de asilo y protección internacional sólo en la frontera europea oriental ucraniana.

Los países europeos llevan impidiendo de manera notable la integración efectiva de refugiados en suelo europeo desde hace tres décadas, y de forma especialmente inhumana, injusta, ilegal e ineficaz en los últimos años: Desde que en 2014 el número de solicitantes de asilo llegando a Europa aumentó rápidamente, la UE y sus Estados miembros centraron sus gastos en la seguridad fronteriza con el objetivo de mantener el número de solicitantes de asilo lo más bajo posible. El presupuesto de la Agencia de la Guardia Costera y de Fronteras de Europa (Frontex), pasó de 142 millones de euros en 2015 a 543 millones en 2021. Asimismo, el Fondo de Seguridad Interior, que financia las actividades de gestión fronteriza de los Estados miembros, se refuerza continuamente. La financiación europea para la integración no tiene comparación con estos presupuestos y los gobiernos han sido poco innovadores en la generación de estrategias para una inclusión efectiva. Los millares de devoluciones ilegales de refugiados en Grecia ejecutadas por Frontex hacia Turquía, ilustran bien en qué consiste la práctica de la política europea de migración y asilo: violación sistemática y estructural de los derechos de las personas refugiadas.

3 La frontera sur de Europa abarca desde la ruta atlántica canaria hasta la ruta turco-griega pasando por Ceuta y Melilla y el mediterráneo central: la frontera atlántica canaria es reconocida por la Agencia de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM) como la ruta migratoria más mortífera del mundo, desde finales de 2021.

Los países de la UE militarizan sus fronteras para evitar que lleguen solicitantes de asilo, vulnerando así los derechos fundamentales de quienes huyen de sus países. El derecho de asilo es un derecho humano fundamental que se está diluyendo y deteriorando progresiva y aceleradamente en Europa. La intensa erosión del derecho de asilo está siendo posible porque los Estados han modificado con sus discursos y políticas migratorias cada vez más restrictivas y represivas, la percepción de quienes necesitan protección internacional: así, en lugar de definirse y construirse como personas necesitadas de protección por parte de Estados democráticos y de derecho, en los últimos lustros los diferentes gobiernos europeos y la propia Comisión han modificado drásticamente esta definición/construcción de las personas refugiadas (mediante discursos públicos y la aplicación de políticas securitarias, policiales y de control cada vez más restrictivas de derechos), creando la idea de que una persona refugiada es una amenaza para la seguridad. Por más que la evidencia científica y los datos demuestren que esto es falso, la realidad es que los discursos y políticas públicas tienen -por su enorme influencia social y capacidad performativa- esta posibilidad de deconstrucción y creación de realidad. En virtud de este cambio intencionado en la construcción de la percepción de las personas necesitadas de protección, hemos pasado en Europa de la solidaridad y el apoyo que despertaba de manera general la existencia de personas refugiadas, a la hostilidad y el rechazo mayoritario en los últimos lustros. Olvidándose del derecho de asilo y de la responsabilidad de examinar individualmente y con las debidas garantías procesales las solicitudes de asilo, los gobiernos europeos han construido un imaginario que convierte a las personas refugiadas en amenaza, ante las que sólo cabe blindar fronteras y pagar para que el matonaje y la barbarie más violenta contra quienes huyen de la pobreza, la muerte, la tortura, o la desigualdad, se ejerza en terceros países en los que el respeto por los derechos humanos no es, precisamente, seña de identidad. Pagamos, en definitiva, para que otros hagan lo que en Europa serían delitos de lesa humanidad. 

Esta espiral securitaria tiene graves consecuencias al desconfigurar el sistema de protección internacional que debe darse a las personas que huyen de manera forzada, vulnerando sus derechos más básicos y reforzando una narrativa propia de la extrema derecha que criminaliza a las víctimas (y de paso victimiza los verdugos). Con ello, se pone en jaque la propia capacidad (y calidad) de respuesta de la Unión Europea en su conjunto. Europa y sus Estados, el optar por la construcción de más muros y vallas, por militarizar las fronteras violando la Convención de Ginebra, sólo ahonda en la deriva iliberal, lo que supone un ataque directo a la línea de flotación del proyecto europeo. La externalización de fronteras, junto con la consideración de ciertos países como ‘países seguros’, son dos mecanismos que vulneran la base del derecho de asilo, que exige el examen individual y con garantías jurídicas de cada solicitud. 

En este contexto, ¿cabe pensar en una modificación significativa de las posiciones en la política migratoria europea que no venga de la extrema derecha?

(Continuará el 8 de junio…)

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