El negocio de los fondos buitres a costa de la vulnerabilidad de nuestros mayores

Por Victoria Portas

Desde la regulación en materia de residencias de mayores en la Galicia de los años 2007 y 2008 (1) y la práctica extendida de su privatización, el empeoramiento paulatino de la asistencia social va en aumento sin que la Xunta de Galicia lleve a cabo ningún tipo de control en las mismas y sin intención de llevar a cabo una nueva regulación, que en este momento es imprescindible y urgente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años (5/100) mientras que en la Galicia estamos en 3.1/100, prácticamente igual que hace 6 años ( 2.9/100), mientras que la población en esa franja de edad aumentó en 30.000 personas más, por lo que demuestra que las 1.165 plazas financiadas por la Xunta son de todo menos suficientes. Y debido a tener las pensiones casi mas bajas de todo el territorio español el acceso a residencias privadas se antoja imposible.

Además de la insuficiencia de las plazas subvencionadas, el grave problema está en la privatización del sector de los cuidados en manos de fondos buitres, que buscan su máximo beneficio sin tener en cuenta el bienestar de nuestros mayores o dependientes y ante la nula actuación de la inspección de la Xunta de Galicia.

Actualmente la ratio de trabajadores en estos centros está en 0.35 trabajadores de atención directa por cada residente dependiente, y de 0.2 por cada residente válido, ratio en el cual no solo se incluye personal auxiliar sino a todo el personal que tenga consideración de sanitario (enfermeros, fisioterapeutas, médicos, trabajadores sociales, psicólogos…etc), ¿pero esa ratio es suficiente en la realidad de cada día?

Pues claro está que no es suficiente, limitándonos la ratio de forma literal, podríamos comparar una residencia con 50 personas dependientes y 100 válidas que precisarían según la ratio legal 37.5 trabajadores [( 0.35×50= 17.5) + ( 0.2×100= 20)], mientras que otra residencia con 100 dependientes y 50 válidas tendrían que tener 45 trabajadores [(0.35×100=35)+ (50×0.2=10)]. Como se puede observar, el ratio no crece en igual proporción a dependencia de las personas mayores.

Si además intentamos distribuir la esos profesionales en los tres turnos diarias en los 365 días del año, deberíamos preguntarnos como no existen más desgracias en estas residencias, pues nos encontramos con que por un lado, en los momentos puntuales (levantar, acostar, asear, vestir y alimentar…) no se refuerza al personal, por lo que se les expone a una sobrecarga de trabajo que repercute directamente en el trato y en la atención a nuestros mayores, y ya no hablemos en los turnos de noche donde la mayoría de las residencias bajan a su personal hasta un nivel temerario, que en caso de una emergencia (incendio, evacuación..etc) sería imposible realizar.

Por otra parte, las empresas no están cubriendo bajas, ausencias, vacaciones del personal o reducciones de jornada por guardia legal, lo que implica además de la sobrecarga del personal presente a diferencia de la atención sanitaria de las personas residentes por la ausencia del personal sanitario ( médicas y enfermeras..) y todo esto ante la cuasi nula inspección por parte de la Xunta de Galicia (2)

Si con esto no fuese suficiente, podemos añadir que la persona que ingresa con un grado de dependencia 1 deber tener la residencia una ratio determinada de trabajadores, pero el aumento de dicha dependencia a lo largo del tiempo no repercute en un aumento de personal, pero por el contrario la empresa que gestiona la residencia sí que le aumenta la dependencia a libre albedrío, 4e decir, sin tener en cuenta los certificados de valoración de la junta, pues a mas dependencia mas percibirá de subvención. Aquí nos encontramos con grandes contradicciones que incluso desbordan la realizad, la Xunta paga más por los residentes más dependientes pero no hace el seguimiento ni el control de que se contrate el personal que cubra dicho aumento de dependencia.

La avaricia de los fondos buitre es tal, que no importa recortar en personal, en atención sanitaria, en alimentación o en cuidados, con tal de que sea un negocio rentable, un negocio de unos 500 millones de euros de beneficios anuales, que nuestros gobernantes permiten la consta de situaciones que encajan claramente en los supuestos de maltrato por descuido y abandono (3).

La base social de la mano de los profesionales que nos cuidan, debemos denunciar el claro maltrato institucional lo cual se ve avocada nuestra sociedad en la actualidad, maltrato que irá en aumento si no blindamos los cuidados como un pilar fundamental de un estado de bienestar social y siempre desde una perspectiva de gestión 100% pública.

(1) Orden de 13 de abril de 2007 por la que se modifica la de 18 de abril de 1996 por la que se desarrolla el Decreto 243/1995 de 28 de julio , en lo relativo a la regulación de las condiciones y requisitos específicos que deben cumplir los centros de atención a personas mayores.
(2) Introducir modificaciones en la Ley 13/2008 de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, en especial en el referente a la función inspectora.
(3) Declaración de Toronto de 17 de noviembre del 2002 para la prevención global del maltrato a las personas miaores (OMS).


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