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El fin del silvestrismo

Javier F. Ferrero

España lleva años permitiendo el silvestrismo, una afición que consiste en la captura y mantenimiento en cautividad de ciertos pájaros de campo, pertenecientes a la familia de los fringílidos, con el objeto de su adiestramiento al canto. La Comisión Europea estudia sancionar a España porque algunas comunidades autónomas siguen permitiendo estas capturas que infringen la ley comunitaria sobre aves. Su autorización obvia la normativa Europea 2009/147/CE que en su artículo 5 prohíbe “matar o capturar de forma intencionada, sea cual sea el método empleado, todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo”.

Desde que empezaron las investigaciones de la Comisión Europea en 2011 para esclarecer la situación de la captura irregular de fringílidos en España por no ajustarse a la normativa de la Unión Europea, se han capturado unos dos millones de aves, según la ONG animalista SEO-Birdlife.

El silvestrismo cuenta con unos 40.000 aficionados en toda España, agrupados en sus respectivas federaciones de caza. Las capturas en verano y otoño de jilgueros, pardillos, verderones y verdecillos dan paso a su educación invernal en los diferentes tipos de trinos, y a multitudinarios concursos de canto y hasta a un campeonato nacional en primavera. La enseñanza se consigue mediante la repetición de los trinos deseados durante la juventud del animal.

Los datos más recientes del Consejo Europeo del censo de aves comunes en Europa (EBCC, 2015) reflejan como el pardillo común sufre un declive del 67 % y el verdecillo de un 47 %. Aunque el verderón común ha experimentado un aumento del 14 % a largo plazo, actualmente sufre una disminución a corto plazo de un 9 % y el pinzón vulgar, a pesar de haber experimentado un aumento del 7 % a largo plazo, actualmente sufre una disminución a corto plazo de un 4 %. Y en cuanto al jilguero común, que ha experimentado un aumento del 2 % a largo plazo, actualmente sufre una disminución a corto plazo de un 14 %. Es decir, que las capturas pondrían en riesgo la viabilidad futura de las poblaciones de las aves afectadas.

 

ÚLTIMO AVISO

En 2016, nueve años después de la redacción de la normativa Europea, Europa comenzó a advertir a España de que podría enfrentarse a sanciones si seguía autorizando la caza de estas aves. Las consecuencias de aquella advertencia fueron nulas. Y a la Unión Europea se le ha acabado la paciencia con la dejadez del Gobierno Español en materia de protección animal. El pasado 17 de mayo la Comisión Europea daba un plazo de dos meses al Estado español y a las Comunidades Autónomas para poner fin al silvestrismo. Castilla-La Mancha ya ha anunciado que no concederán autorizaciones excepcionales para la caza de aves silvestres; lo que supone el fin de esta actividad. Andalucía parece dispuesta a seguir sus pasos, y la Federación Andaluza de Caza ya asume la derrota y ha advertido que el año que viene será ilegal practicar silvestrismo.

Andalucía, con 71.896 capturas para 2016, es la comunidad que más permisos otorga. Cataluña, donde la tradición es también muy fuerte, no ha dado ninguno este año. El pasado 1 de octubre, miles de ocellaires —el nombre catalán de los silvestristas— se manifestaron en Barcelona contra la decisión de la Generalitat.

 

INFRACCIÓN DE LA LEY EUROPEA

La concesión de permisos por parte de las comunidades autónomas se ampara en las excepciones del artículo 9: «para fines de investigación o de enseñanza, de repoblación, de reintroducción, así como para la crianza orientada a dichas acciones» y «en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo, la captura, la retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas aves en pequeñas cantidades».

Esas excepciones solo pueden aplicarse en ausencia de otra «solución satisfactoria», en este caso, la cría en cautividad que, en países como Francia y Bélgica, ha salvado al silvestrismo de la desaparición. Durante años, las comunidades han argumentado que las capturas iban dirigidas a iniciar la cría en cautividad, pero el gran número de licencias otorgadas y la existencia de concursos de canto e incluso un campeonato, hechos que denotan un interés no solo ecológico por la actividad, han acabado con la paciencia de la Comisión Europea.

 

 


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