Las identificaciones discriminatorias están prohibidas en el ordenamiento jurídico español, pero existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que justifica controles de identidad por supuestos étnicos en el marco del control migratorio y de la Ley de Extranjería. Semejante excepción supone un prejuicio racista por el cual se asume que el estándar de «normalidad» de la población española es la raza blanca. A partir de aquí, la arbitrariedad del administrador de «seguridad ciudadana» puede convertir el monopolio de la fuerza legítima del Estado en un auténtico coladero de racismo institucional.
A Moha le faltan dedos en manos y pies para contar las veces que la policía lo ha detenido en la calle para pedirle la documentación o para cachearlo. Zak ya no se pone nervioso cuando lo paran, pero todavía no ha encontrado la determinación ni las palabras que utilizar para no volver a quedarse callado ante la arbitrariedad del agente de policía que lo quiera identificar, una vez más, únicamente por un criterio racista de perfilación étnica. A Ngoy Ngoma de poco le sirve llevar viviendo en España casi toda su vida y poder identificarse legalmente. De todos modos, no deja de sentirse controlado, acosado y perseguido por la policía en base a su color de piel. Siente miedo, pero insiste en resistir las identificaciones con dignidad, con la cabeza bien alta y siempre preguntando el motivo.
Isabelle y Esther Mamadou están hartas de que el Estado, mediante los agentes de sus cuerpos y fuerzas de seguridad, presuma que por el color de su piel son delincuentes o viven aquí en situación administrativa irregular, y que por ello, constantemente las paren en la calle de manera indiscriminada. Ellas fueron las primeras en el Estado español en presentar una denuncia por discriminación racista ante el Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU. Confían que su gesto sirva de precedente para que otros muchos casos de identificaciones por perfilación étnica sean denunciados ante organismos de protección de derechos humanos. También para que puedan recogerse datos sobre esta práctica que resulten útiles en el trabajo de colectivos y asociaciones antirracistas.
Moha, Zak, Ngoy, Isabelle y Esther tienen en común que explicaron sus vivencias a SOS Racismo y que estas, junto a otras muchas, han servido de testimonio para la campaña «Parad de pararme. La apariencia no es motivo». Una campaña de sensibilización que, como tantas, comienza por un manifiesto pero que va más allá. Continúa con voluntad de mantenerse viva y operativa, solicitando a víctimas y a testigos que comuniquen sus vivencias para visibilizar y desnormalizar los controles de identidad por perfil étnico. Estos controles se convierten en el elemento inicial de toda una estructura siniestra de auténtico racismo institucional, que se prolonga con otras graves discriminaciones o vulneraciones de derechos y que culmina con la ignominia de los CIEs y de las deportaciones.
Una de las herramientas más notables que ha generado «Parad de pararme» es su Guía de Autodefensa para protegerse, intervenir o denunciar ante casos de identificaciones arbitrarias y racistas practicadas por agentes de policía contra personas racializadas. Una guía que responde a un doble objetivo: por un lado, ofrecer a las víctimas un instrumento útil para detectar, saber cómo proceder durante y cómo denunciar después un control policial racista. Al mismo tiempo, promueve que los testigos de estos abusos no miren a otro lado y se animen a intervenir, «siempre respetando la voluntad de la persona que está siendo identificada y valorando su seguridad en primer lugar».
Desde SOS Racismo se afirma que el Relator Especial de la ONU competente en esta materia habla de una «práctica persistente y generalizada de control identitario», de manera que puede decirse que la perfilación étnica se sitúa en un plano sistemático y sistémico que va mucho más allá de la arbitrariedad del funcionario de turno. Según datos del propio Ministerio de Interior, unicamente en el 26 % del total de identificaciones que realiza rutinariamente la policía existe finalmente relación con un hecho delictivo. Dicho de otro modo, sabemos que detrás del 74 % de los controles de identidad habitualmente solo hay una sospecha que no destapa ningún delito. Una cifra que puede parecer de lo más normal en la objetivización de un modelo de seguridad, pero una cifra que debería obligar al Estado a ser absolutamente escrupuloso en no vincular la apariencia física al incumplimiento de la norma porque ello puede generar graves estigmatizaciones de minorías sociales.
Resulta evidente la carga criminalizadora que supone esta realidad cotidiana que pesa sobre tantas personas racializadas a quienes se prejuzga y señala con una sospecha delictiva por el mero hecho de salirse del fenotipo dominante: el patrón blanco, occidental y cristiano. Una sospecha, además, del todo inefectiva. Hay que subrayarlo, puesto que utilizar etereotipos étnicos en sustitución de las sospechas razonadas disminuyen, sin duda, la eficacia de la labor policial y juega en contra de la seguridad ciudadana, si es que la queremos entender como un concepto amplio de protección de libertades y derechos y no como un instrumento de control social. Y no solo eso, también conduce a que los colectivos afectados, lógicamente, desconfíen de las instituciones y ello adelgace, en consecuencia, la salud democrática de la sociedad en su conjunto.
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