![]()
Que el CNI concluya que no hay pruebas contundentes para responsabilizar al régimen de Rabat, cuando la Policía Nacional ha documentado la presencia y las instrucciones de sus efectivos de seguridad, resulta indignante.
Por Joan Balfegó | 16/11/2026
Los días 30 y 31 de julio, decenas de miles de personas cruzaron de forma masiva a Ceuta desde Marruecos, principalmente a nado por el espigón del Tarajal y zonas adyacentes. El episodio desbordó la ciudad autónoma, dejó 140 muertos y supuso una flagrante violación de la integridad territorial española. Tres meses y medio después, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón un informe en el que concluye que “no se han obtenido, hasta la fecha, evidencias que permitan afirmar” que lo ocurrido fue el resultado de “una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes”.
Esa conclusión es especialmente grave y exige responsabilidades políticas y profesionales inmediatas. Un servicio de inteligencia que no anticipa adecuadamente el desplazamiento masivo de personas hacia la frontera española —pese a las convocatorias virales en redes sociales que alcanzaban a cientos de miles de usuarios— y que luego exonera de forma tan contundente a Rabat, contradice evidencias sobre el terreno recogidas por la propia Policía Nacional. Un país que no dispone de inteligencia seria y eficaz es un Estado vulnerable.
La contradicción entre el CNI y la Policía Nacional
El CNI atribuye la movilización a “llamamientos en redes sociales” de carácter descentralizado, sin un único dinamizador ni vinculación demostrada con el aparato estatal marroquí. Distingue este episodio del de mayo de 2021, que sí califica como instrumento de la política exterior de Rabat para ejercer presión. Admite que Marruecos conocía las convocatorias, que era “plenamente consciente” de la situación anómala y que priorizó la seguridad de la Fiesta del Trono (con Mohamed VI en las inmediaciones), mostrando pasividad e insuficiente despliegue cuando el flujo se disparó. El propio CNI había alertado a sus homólogos marroquíes (DGST y DGED) la víspera.
Sin embargo, informes de la Policía Nacional (a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, CENIF, y de la Comisaría General de Información) ofrecen un relato distinto y más comprometedor. Documentan la presencia sobre el terreno de gendarmes uniformados y agentes de paisano que, según el análisis de imágenes y vídeos, guiaban activamente el flujo, daban indicaciones de dirección y gestionaban el acceso hacia puntos de paso concretos. Se ha identificado a altos mandos de las fuerzas de seguridad marroquíes —entre ellos Mohamed El Oualidi, jefe de la Policía de la Prefectura de Tetuán, y Abdel Fattah El Sayed, supervisor general en Fnideq— apareciendo en grabaciones impartiendo directrices, gesticulando y señalando direcciones a grupos de personas, incluidas mujeres y menores.
Algunos de estos documentos describen un proceso que no puede interpretarse como puramente espontáneo: escasa presencia de fuerzas marroquíes combinada con guiado activo, en contraste con la capacidad de control demostrada en otras ocasiones (como el 15 de agosto). Aunque no siempre se atribuye formalmente una “planificación estatal” en el sentido de 2021, los indicios de participación de personal de seguridad del régimen son reiterados y detallados. El CNI afirma no haber encontrado coincidencias biométricas o vínculos claros entre esos individuos y los dinamizadores digitales, pero la contradicción entre los servicios es evidente y políticamente inasumible.
Incompetencia y exoneración de una violación de soberanía
La inacción o la infravaloración del riesgo por parte del CNI —que, según fuentes de la Guardia Civil y documentos desclasificados, no anticipó la magnitud real del colapso pese a las alertas del 29 de julio— resulta especialmente grave. Un desplazamiento de esa escala no surge de la nada: requiere permisividad, cuando no facilitación, del lado marroquí. Priorizar la celebración del monarca mientras se desborda la frontera española no es “gestión reactiva” o “vulnerabilidad interna”; es, como mínimo, una dejación que viola la soberanía de un Estado vecino y socio.
Que el CNI concluya ahora que no hay pruebas contundentes para responsabilizar al régimen de Rabat, cuando la Policía Nacional ha documentado la presencia y las instrucciones de sus efectivos de seguridad, resulta indignante. Exonera de facto a un actor que, en 2021, ya utilizó la presión migratoria como arma diplomática. Un servicio de inteligencia que no es capaz de conectar los indicios sobre el terreno con la responsabilidad estatal, o que minimiza la pasividad deliberada, no está cumpliendo su función constitucional de proteger los intereses nacionales.
Dimisiones y reestructuración urgentes
Esta situación no puede saldarse con más informes ni con comparecencias diluidas. Es necesario exigir dimisiones en la cúpula del CNI —empezando por su dirección, bajo Esperanza Casteleiro, figura de confianza de la ministra de Defensa— y una reestructuración profunda del centro. Ello incluye mayor independencia analítica, mejores mecanismos de coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil, y una cultura que priorice la protección de la soberanía frente a consideraciones diplomáticas o de imagen.
Un país que carece de inteligencia seria y autónoma frente a amenazas híbridas en sus fronteras es un país en riesgo. Ceuta no puede volver a vivir una crisis de esta magnitud sin que alguien rinda cuentas. La Audiencia Nacional investiga, pero la responsabilidad política y profesional no puede esperar. Exigir dimisiones y una reforma del CNI es la mínima exigencia de un Estado que pretenda ser soberano y no vulnerable.
Se el primero en comentar