El CGPJ es un felpudo

Salvar Al Garito IOSIF

Por Diego Delgado

En los últimos días, la renovación del CGPJ ha vuelto a todas las portadas debido a una propuesta de reforma llevada a cabo por PSOE y UP en aras de desbloquear la situación (una “ley antibloqueo”, según Pedro Sánchez). La respuesta del PP, inmediata y sonora, ha seguido los preceptos del libro de estilo de la extrema derecha: “violar el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución y sobre todo acabar con la independencia judicial”, en palabras de Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del partido conservador.

La realidad es que ese Estado de Derecho, esa democracia y esa Constitución, que con tanto éxito instrumentaliza el PP, obligan a renovar el máximo órgano de control judicial cada cinco años. Y vamos camino del séptimo; es decir, pronto se cumplirán dos años de bloqueo y secuestro del buen funcionamiento del CGPJ. La pregunta es irrefrenable: ¿quién ejerce este bloqueo? y, sobre todo, ¿por qué?

Un bloqueo intencionado, concienzudo y muy beneficioso

Sobre la autoría de la obstrucción hay poco que decir más allá de que es el PP, en solitario, quien la genera. Ahora bien, las razones que explican este empeño en hacer trastabillar un país por el que se declara continuamente un amor irracional son menos evidentes, aunque igual de simples.

El último nombramiento de los cargos que conforman el Consejo General del Poder Judicial se remonta a diciembre de 2013, durante el mandato de Mariano Rajoy. Gracias a la amplia mayoría parlamentaria con la que contaban los populares en ese momento, fueron capaces de elegir a 11 de los 21 jueces y juezas que hoy siguen en su puesto. Así, ese sector afín al partido comandado por Pablo Casado cuenta con la capacidad de aprobar, en solitario, enmiendas como la publicación de una declaración institucional que condene la reforma propuesta por UP y PSOE, puesto que solo precisa del apoyo de la mayoría simple.

Una información reciente ahonda en esta tarea de desvelar el tipo de ventajas que hacen al PP mantener un bloqueo a todas luces anticonstitucional. “El magistrado progresista de Gürtel pide amparo al CGPJ por artículos de opinión que le responsabilizan de la moción de censura”, titula elDiario. Esta noticia tiene un desarrollo infinitamente mayor del que aparenta, puesto que sus implicaciones indagan en una situación de secuestro absoluto de la democracia por parte de la derecha española.

Ya desde el origen del conflicto existe una clara presencia de control político sobre un ámbito que debería ser independiente en cualquier democracia funcional: el periodismo. La petición de amparo del magistrado José Ricardo de Prada viene precedida por una campaña de los medios afines a la derecha con el objetivo de ocultar, a través de una retahíla de acusaciones que actúan como pantalla de humo, la reafirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena por corrupción al Partido Popular como organización. No fueron malas decisiones individuales, tampoco la coincidencia en el tiempo de una serie de manzanas podridas: el partido delinquió de forma conjunta y organizada.

Se trata de una sentencia durísima, y de ahí la intensidad en la actuación de los mercenarios de la desinformación que trabajan en los grandes conglomerados de comunicación del país. Sin embargo, el CGPJ tiene la capacidad de obligar a —en este caso— ABC, La Razón y El Mundo a la rectificación pública de las vejaciones que denuncia de Prada, dando al traste con toda esa estrategia de encubrimiento mediático. Es en este momento cuando entran en escena los beneficios del bloqueo de dicho órgano judicial, merced a los cuales el PP disfruta de la posibilidad de desestimar las acusaciones del magistrado y mantener impune su ultraje del derecho a la información.

Maniobras tras el velo del lawfare

Por caprichos del azar, la (ultra)derecha ha podido ocultar su negativa rotunda a colaborar en la tarea de desbloqueo del CGPJ durante muchos meses. Primero, lo catastrófico de la pandemia convirtió esta situación judicial en una nimiedad insignificante; después, cuando las negociaciones habían llegado —según Pedro Sánchez— “prácticamente al 99%”, estalló el escándalo de la fuga del emérito y los populares vieron una oportunidad de oro para romper el acuerdo, utilizando como excusa la postura crítica de sectores del Gobierno contra la Jefatura del Estado. Fue el último servicio de Juan Carlos I a un secuestro de la democracia del que es máximo exponente.

Las justificaciones de la oposición del PP a regularizar la situación han evolucionado hacia una deslegitimación del voto del electorado de Unidas Podemos, que el 10N superó los 3 millones. Directamente, Pablo Casado ha pedido al PSOE que la formación morada “no tenga nada que ver con este proceso”, aludiendo, además de los mencionados ataques al emérito, a una imputación por financiación irregular sobre la que la Fiscalía admitía no tener “indicios”.

Más allá de la credibilidad que cada uno quiera conferirle a una imputación en cuyo informe del fiscal se afirmaba que “la condición de investigado resulta más garantista para el partido”, presentando la misma casi como un favor, existen pocas dudas sobre la fijación de parte del poder judicial con la izquierda. En marzo de 2017, cuartopoder recopiló las querellas contra Podemos que habían sido archivadas, y la cantidad ascendía hasta 14. Hoy, más de tres años después, se mantiene la tendencia: todos los procesos judiciales contra ellos y ellas han terminado archivados. De hecho, en el momento en que se escriben estas líneas se hace público el archivo de la causa por supuesta financiación irregular que tanto rédito le ha dado al PP. Sin embargo, no ha habido una de esas investigaciones infructíferas que no abriese telediarios, boletines y portadas con titulares sentenciosos.

No hay que irse muy lejos para observar uno de los ejemplos más llamativos, y es que Pablo Iglesias está inmerso en una batalla contra el juez García-Castellón difícil de no tachar como personal. Tras un primer intento de convertir la condición de perjudicado de Iglesias en una investigación contra él, desestimado con rotundidad desde la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el jurista no ceja en su empeño de colocar al vicepresidente bajo el foco de la sospecha, ignorando los reproches de la Fiscalía Anticorrupción y levantando una ola de críticas a nivel europeo. Todo ello, claro, instrumentalizado por el PP en forma de ataques constantes que merman la imagen de un partido como Unidas Podemos, aparentemente muy comprometido con la lucha contra la corrupción.

En resumidas cuentas, el control sobre el CGPJ no solo aporta impunidad al brazo mediático del PP, sino que también permite alimentar las campañas de desprestigio y las pantallas de humo con un lawfare que genera mucho contenido ruidoso y, visto lo visto, no tiene que responder ante nadie.

Una huida hacia adelante en la que nada importa

Para el partido del “que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros”, perder una influencia tan directa en el (no)funcionamiento de la democracia podría suponer una herida de muerte, máxime en la situación de fragilidad originada por la condena de la trama Gürtel. Así que Casado y los suyos han iniciado una maniobra de huida hacia adelante cuyas barbaridades argumentales solo se entienden en un contexto de desesperación absoluta e irracional.

Hace algunas semanas, Teodoro García Egea se mostraba preocupado por el peligro de que la Comisión Europea decidiese cancelar las ayudas millonarias que España va a recibir para paliar las consecuencias más graves de la crisis. Sus sospechas tienen como origen una reforma del CGPJ que, en sus palabras, coloca al Estado español a la altura de Polonia, país en el que la extrema derecha —homóloga del socio de gobierno del PP en numerosas provincias y comunidades— amenaza con vaciar la democracia. El giro de guion llega cuando se comprueba que, tan solo unos meses antes (en enero), los populares rompieron la disciplina de voto del PP europeo y se aliaron con los ultras en una votación para blindar las estructuras democráticas húngaras y polacas contra el avance del neofascismo. Si bien el resultado fue afirmativo, su rechazo choca frontalmente con la utilización ahora de Polonia como el coco europeo. Si tan antidemocrático es su Gobierno, ¿qué sentido tuvo intentar bloquear aquella resolución?

En esa misma línea de majadería política se encuentra la continua labor de desprestigio hacia España que mantiene Pablo Casado en todas sus intervenciones a nivel europeo. Sus discursos se estructuran siempre alrededor de una misma idea: el país se encuentra sumido en un cenagal inconstitucional y totalitario que amenaza con destruir las pocas convicciones democráticas que quedan aún vivas. Además, parece intensificar este argumento conforme crece la relevancia de su discurso. En un momento tan delicado como el actual, la pregunta surge de forma inmediata: ¿pretende boicotear la llegada de fondos y agravar la situación?

Cualquier votante de izquierdas con un ápice de pensamiento crítico se habrá dado cuenta de que la reforma propuesta por PSOE y UP es torpe y, sobre todo, peligrosa. No hay duda. Pero tampoco caben sospechas en relación a las advertencias que la Unión Europea lleva tiempo haciendo sobre la politización de la justicia española: se refieren, precisamente, al secuestro urdido por las fuerzas conservadoras, con el PP a la cabeza. Ahí está el origen de todo. Ese es el felpudo bajo el que se acumulan décadas y décadas de monopolización del poder.


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