El nuevo ciclo de movilizaciones en España, Portugal, Francia, Italia y Grecia está motivado por el estancamiento de los salarios, el deterioro de los servicios públicos y el alto coste de la vida.
Por Ricardo Guerrero | 2/11/2026
Este otoño, una ola de protestas está recorriendo el sur de Europa. En Francia, cientos de miles de personas —con picos de más de 500.000 según el Ministerio del Interior y cifras superiores según los organizadores— han salido a la calle en jornadas sucesivas, mezclando demandas estudiantiles por educación, reivindicaciones contra el coste de la vida y movilizaciones de sindicatos y grupos como los chalecos amarillos. En España, los campamentos en la Puerta del Sol y las marchas por la vivienda y las pensiones, desencadenadas en parte por el desahucio de una anciana de 87 años, han obligado a convocar elecciones anticipadas y preparan una huelga general. Portugal ha visto acampadas en Rossio y Porto bajo el lema “Não dá mais para viver assim”; Italia registra movilizaciones y huelgas por salarios, servicios y precios; Grecia suma protestas estudiantiles y de trabajadores por educación y vivienda.
El denominador común es claro: estancamiento o pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación (especialmente energía y vivienda), deterioro de servicios públicos (educación, sanidad, vivienda social) y un coste de la vida que erosiona las condiciones materiales de amplias capas de la población trabajadora y de las nuevas generaciones. La inflación en la zona euro ronda el 3,8 % en septiembre, con picos superiores en España e Italia; los alquileres y precios de la vivienda han crecido mucho más rápido que los salarios en la Península Ibérica (precios de la vivienda +80-90 % en una década en España frente a incrementos salariales del orden del 25-30 %). En muchas ciudades, el alquiler de un piso modesto se come la mayor parte o más del salario medio o mínimo.
Estos fenómenos no son accidentales ni meramente cíclicos. Se insertan en una dinámica de más largo alcance. Tras la caída del bloque socialista en 1989-1991, el capitalismo se consolidó como el único marco hegemónico en el continente. Los datos sobre la cuota del trabajo en el PIB y la relación salarios-productividad muestran una tendencia prolongada: la productividad por hora ha crecido más que la compensación real en amplios periodos (por ejemplo, desde mediados de los 90, con una brecha acumulada notable según análisis de la Confederación Europea de Sindicatos y otros estudios). El poder de negociación de los trabajadores se redujo por cambios institucionales (menor cobertura de convenios, más temporalidad, reformas laborales), y progreso tecnológico sesgado hacia el capital, mientras la productividad agregada europea se ha ralentizado respecto a EE.UU, especialmente en sectores digitales e intensivos en conocimiento.
El resultado es un desacoplamiento: los trabajadores producen más valor relativo, pero una parte creciente se apropia en forma de beneficios o se diluye en costes (energía, vivienda, impuestos y cotizaciones). En Italia los salarios reales han caído de forma acusada en años recientes; en otros países del sur se han recuperado solo parcialmente tras la inflación post-pandemia y la crisis energética. La clase trabajadora y los jóvenes enfrentan, además, un mercado de vivienda estructuralmente desequilibrado: déficit de construcción tras la burbuja de 2008, bajos stocks de vivienda social (especialmente en España y Portugal), presión demográfica por inmigración, turismo y demanda de inversión, rigideces de suelo y burocracia. Los servicios públicos sufren el peso de déficits fiscales, envejecimiento demográfico y prioridades de gasto.
Paradójicamente, el sistema que se presentó como garante de la libertad y la prosperidad ha generado, para amplias capas de la población, un estancamiento y la sensación de falta de futuro. Las generaciones jóvenes ven que el contrato social de sus padres —trabajo estable, acceso a vivienda y mejora intergeneracional— se resquebraja. No hay progreso en el horizonte para quienes no heredan capital o no se sitúan en sectores de alta productividad. Las movilizaciones de estudiantes y trabajadores responden a esa experiencia material concreta.
A la clase trabajadora le sobran razones para salir a la calle: recuperar su capacidad de negociación, salarios que acompañen la productividad, vivienda asequible y servicios públicos funcionales. Pero para retomar las riendas de su futuro hace falta organización y una hoja de ruta que se fije como objetivo superar el capitalismo y terminar con su hegemonía. Este nuevo ciclo de movilizaciones permite avanzar hacia ese horizonte y disputarle el relato al reformismo que promete apaciguar la lucha de clases a cambio de cuatro migajas. Es el momento de volver a situar el progreso de los trabajadores en el centro del tablero político.
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