Lo ocurrido con Renee Nicole Good no es un hecho aislado ni un error operativo. Es la manifestación de un modelo de poder que ha decidido ampliar el margen de la violencia policial y reducir el valor efectivo de la vida civil.
Por Isabel Ginés | 9/01/2026
El miércoles 7 de enero, un agente del Immigration and Customs Enforcement mató a Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, durante una redada en Minneapolis. Los hechos, registrados en vídeo desde distintos ángulos, permiten una reconstrucción precisa y desmontan la versión oficial difundida posteriormente.
Good intentaba impedir el paso de los agentes y proteger a sus vecinos. Cuando los agentes se aproximaron para detenerla, ella trató de marcharse en su vehículo. El análisis del vídeo a cámara lenta muestra con claridad que las ruedas giran hacia la derecha, en sentido contrario al agente. No existe impacto contra ningún oficial ni un gesto que pueda interpretarse razonablemente como intento de atropello. Aun así, un agente desenfundó su arma y disparó a través del parabrisas a su cabeza. Acto seguido, ya fuera del vehículo, efectuó dos disparos más desde el lateral izquierdo. No había agresión en curso ni peligro inmediato. La víctima no estaba armada. El uso de la fuerza fue letal, innecesario y desproporcionado.
La gravedad del caso aumenta después de los disparos. Un médico presente intentó asistir a Good. Los agentes se lo impidieron. También bloquearon a los paramédicos que se encontraban a poca distancia. Cuando el médico se identificó como facultativo, la respuesta fue tajante: “No me importa”. Se negó toda ayuda externa. Esa negativa no es un detalle accesorio; forma parte del mismo acto violento. Impedir asistencia médica a una persona herida de bala equivale a asumir su muerte como un resultado aceptable.
Horas después, la versión política del suceso agravó aún más la situación. Donald Trump difundió un mensaje en redes sociales en el que criminalizaba a la víctima y justificaba al agente. Afirmó que Good “atropelló intencional y abusivamente” al oficial y que este disparó “en defensa propia”. Aseguró además que el agente “apenas sobrevivió” y se encontraba “recuperándose en el hospital”. El vídeo desmiente ambas afirmaciones: ningún agente fue golpeado por el vehículo y el tirador aparece caminando con normalidad, sin signos de haber sido herido, antes de abandonar la escena en su propio coche, incluso antes de que llegaran los investigadores.
No estamos ante un malentendido ni ante versiones enfrentadas. Estamos ante una contradicción directa entre la evidencia audiovisual y el relato oficial. Eso convierte el caso en algo más que un homicidio policial. Lo sitúa en el terreno del asesinato extrajudicial acompañado de encubrimiento político y discursivo.
Está mal porque vulnera principios básicos del derecho penal y constitucional. El uso de la fuerza letal solo es legítimo cuando existe una amenaza real e inmediata contra la vida. Aquí no la hubo. Está mal porque se niega el derecho a la asistencia sanitaria, un derecho humano elemental. Está mal porque se invierte la carga moral del suceso: la persona muerta pasa a ser culpable y el agente armado pasa a ser la víctima. Y está mal porque se acepta públicamente la mentira como herramienta de gobierno.
La primera consecuencia es la impunidad. Si un agente puede matar a una ciudadana desarmada, impedir que reciba auxilio y marcharse del lugar sin consecuencias inmediatas, el mensaje interno es claro: el sistema protege al que dispara. La segunda consecuencia es la normalización de la violencia estatal contra la protesta. Interponerse, grabar, protestar o solidarizarse pasa a ser una actividad de alto riesgo. La tercera consecuencia es la erosión de la confianza pública. Cuando la versión oficial contradice pruebas visibles, la ciudadanía aprende que la verdad no importa y que la ley se aplica de forma selectiva.
Lo ocurrido con Renee Nicole Good no es un hecho aislado ni un error operativo. Es la manifestación de un modelo de poder que ha decidido ampliar el margen de la violencia policial y reducir el valor efectivo de la vida civil. Cuando un agente del Estado mata sin que exista amenaza, cuando se bloquea deliberadamente la atención médica y cuando, después, la máxima autoridad política difunde falsedades para justificar el crimen, el problema ya no es solo policial. Es institucional.
Un Estado que permite ejecuciones sin proceso y las defiende con mentiras deja de operar bajo el principio de legalidad y pasa a funcionar bajo el principio de fuerza. No importa entonces lo que muestre un vídeo, lo que diga un médico o lo que establezca el derecho. Importa quién tiene el arma y quién controla el relato. Esa es la línea que se ha cruzado aquí.
Aceptar este asesinato como legítimo equivale a aceptar que la ciudadanía tiene un valor condicionado: sirve mientras no estorbe, mientras no proteste, mientras no se interponga. Y cuando un Estado asume que puede decidir qué vidas son prescindibles, no está protegiendo el orden. Está destruyendo las bases mismas de la democracia y del Estado de derecho.
Se el primero en comentar