El abandono de la educación pública

Por Francisco Javier López Martín – Ilustración de J.R.Mora


Vivimos tiempos electorales y hasta las miserias son presentadas como triunfo. Es algo perfectamente posible en un país poco acostumbrado a echar cuentas y valorar retrocesos y avances. El gobierno madrileño nos dice que el presupuesto educativo crece un 5´5 por ciento. Así dicho puede parecer un gran avance. Madrid se gastará 4928 millones de euros en sostener su sistema educativo.

 

Sin embargo, cuando recibo el Análisis Sindical de los Presupuestos Educativos de la Comunidad de Madrid para 2019, elaborado por CCOO de Madrid, me doy cuenta de que la publicidad esconde los numerosos recortes de presupuestos anteriores, que hacen que la educación madrileña haya visto reducidos sus recursos en 1464 millones de euros desde el año 2012. Es verdad que, a lo largo de los dos últimos años, los presupuestos educativos han crecido en 395 millones.

La educación madrileña ha visto reducidos sus recursos en 1464 millones de euros desde el año 2012.

Echando cuentas de lo recortado y lo incrementado, los responsables del gobierno de la Comunidad de Madrid deberían explicar que la pérdida de recursos desde 2012 ha supuesto 1069 millones de euros menos. De ellos 174 corresponden a la enseñanza no universitaria. Conviene reparar en que la reducción ha sido mucho mayor en la enseñanza pública que en la privada concertada sostenida con fondos públicos.

En cuanto a la enseñanza universitaria, el recorte a lo largo de estos años ha sido de 995 millones de euros. Las cifras son cansinas, pero alguien tiene que contrastar las afirmaciones triunfalistas con los datos aburridos, pero tozudos. La apuesta por la enseñanza pública, la que garantiza la igualdad, no es el fuerte de este gobierno, ni mucho menos de los anteriores gobiernos aguirristas, al calor de los cuales hizo carrera y algún que otro máster el inenarrable Pablo Casado.

Las universidades públicas reciben hoy menos recursos que en al año 2011.

No me parece algo casual, ni tan siquiera un efecto colateral de las políticas aplicadas por el PP en Madrid. El deterioro de la educación pública, aún mayor en la universidad pública, es esencial para justificar las mamandurrias permanentes dirigidas a promover un crecimiento de la enseñanza privada concertada, que se convierte en exponencial en el caso de las universidades privadas.

Ahora que se habla y se critican tanto los decretos del gobierno de Pedro Sánchez, cuando ya conocemos la fecha fija de las elecciones, llama la atención que el gobierno madrileño se haya empeñado en la autorización de otras tres nuevas universidades privadas por la vía de urgencia, a toda prisa.

Contaríamos así con más de diez universidades privadas, frente a seis públicas. Una cifra claramente desproporcionada e injustificable, que solo se explica desde una concepción irredenta de convertir en negocio cada necesidad humana y la educación lo es.

Las universidades públicas reciben hoy menos recursos que en al año 2011. Los recursos para el funcionamiento de centros superiores de arte dramático, danza, canto, diseño, conservatorios llevan congelados desde 2014. Las compensaciones a las universidades por reducciones de tasas universitarias aprobadas por el gobierno, se han reducido de 67 millones en 2017 a 7´5 en 2019.

Las becas para el alumnado que tenga un rendimiento académico excelente, con discapacidad, o con dificultades socioeconómicas, no llegan a los 11 millones. Una cantidad ridícula, que sigue siendo incluso inferior en un millón de euros, con respecto a lo destinado en 2011.

Las transferencias realizadas a las seis universidades públicas madrileñas para inversiones no llegan a los 7´7 millones de euros. La cifra es ridícula y demuestra la escasa voluntad del gobierno popular y sus socios para garantizar la mejora y la calidad de las Universidades Públicas.

La libertad de las personas solo es posible si la igualdad se encuentra garantizada, no solo por las leyes, sino por la acción de los gobiernos

Los equipos de gobierno de las universidades se ven obligados a demandar ante los tribunales al gobierno regional. El resultado habitual es que obtienen sentencias favorables, pero los pagos tienen que ser reclamados, negociados, aplazados y buena parte del mal ya queda hecho.

Estamos ante una ofensiva de largo recorrido. Desde el apoyo a nuevos centros concertados, hasta la utilización de los ciclos de formación profesional para captar alumnado para las universidades privadas. Todo vale y todo es posible gracias a la decisión pertinaz y firme de un gobierno que piensa más en la libertad del dinero que en la libertad de las personas.

La libertad de las personas solo es posible si la igualdad se encuentra garantizada, no solo por las leyes, sino por la acción de los gobiernos. La igualdad, a la vista de los datos, tortuosos pero tozudos, necesarios, esclarecedores, no es el fuerte de la derecha que nos gobierna en Madrid. Me gustaría pensar que el proceso electoral puede corregir esta situación y abrir nuevas tendencias más libres e igualitarias. Pero eso es ya otro cantar que no se si podemos, sabemos, o queremos entonar.

 

 

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