Por Xavier Tarazona | Ilustración de El Último Mono
No se ha visto nada más indecente e hipócrita en la política y en la economía española, sólo un escalón por debajo del robo masivo de dinero público y al mismo nivel de la manipulación de la justicia, que la negociación para aprobar los presupuestos del 2017 por parte del PP: un mercadeo indecente con dinero de todas y todos. Después de aplicar recortes masivos a las partidas sociales, después de un proyecto de presupuesto totalmente desequilibrado en temas sociales y territoriales con la excusa permanente del déficit público, se permiten el lujo y la caradura de dar 1.400 millones y perdonar durante, al menos, cinco años la aportación de 500 millones anuales al País Vasco a cambio del voto a los presupuestos por parte del PNV, cantidades que se recortarán a otros territorios y, sobre todo, de las partidas sociales. Esta indecente negociación da la medida de quien tenemos al frente de las instituciones. Aunque ya lo tenemos constatado por muchísimas razones, a cual de ellas peor, todavía continua sorprendiendo su desprecio a la población y continua sorprendiendo la nula respuesta social a sus robos, disparates y prepotencia. Esta última valoración merece una reflexión especial, puesto que el cúmulo de ataques económicos descarados, masivos y millonarios al Estado por parte de quienes tendrían que ser sus protectores, no parece que tenga ninguna repercusión en la sociedad, ni provoque la indignación general de la gente, y eso que es un ataque directo a toda la población y esta lo está pagando con creces con la penuria económica general y las nulas perspectivas de recuperación de los antiguos importes de los ingresos familiares a los que todavía tienen trabajo, ni de los puestos de trabajo con contratos y salarios dignos, esto los qué los encuentren.
Las causas de la parálisis masivamente colectiva de la sociedad (siempre hay minorías concienciadas) es lo que hay que intentar discernir para intentar un cambio de tendencia, si es que realmente queremos cambiar la situación actual hacia un modelo social y económico diferente que tenga a las personas como eje de desarrollo. Para intentar dar luz a los motivos vamos a analizar dos líneas que pensamos influyen bastante en la situación: los canales de información y la formación crítica.
Canales de información.
Según el Barómetro de Opinión del CIS, el 56,8 % de la población se informa diariamente de las noticias a través de la televisión, el 13,7% por la radio, por periódicos digitales un 11,9%, por diarios en papel un 9% y por blogs y redes sociales un 6% y 3,6% respectivamente. Con la base de estos datos y con las reservas pertinentes, podemos deducir que un 72% de la población se informa a través de la televisión y radio controladas mayoritariamente por empresas pertenecientes a grandes corporaciones y por televisiones públicas intervenidas ideológicamente, en número de población electoral quiere decir que 26,2 millones de personas se informan a través de este canal, podemos indicar que parte de esta población también es la que se informa, además, por prensa en papel y digital, según EGM hay 10.517.000 lectores diarios de prensa en papel, incluidos los periódicos deportivos y gratuitos, restados estos últimos la población que lee diarios en papel de información general se quedaría en 4,8 millones. De los 5,5 millones de personas que, según la OJD, leen la prensa digital no quiere decir que todo el mundo lea la prensa digital exclusiva de periódicos independientes de las grandes corporaciones, puesto que en este apartado también están incluidas las webs de los periódicos en papel. Los cálculos, a través de OJD, de la lectura de periódicos digitales independientes (Público, eldiario.es, Infolibre, …) está alrededor de 1.500.000 lectores habituales de esta prensa. El estudio del CIS también resalta que un 30,9% de la población nunca lee diarios y un 47% nunca utiliza Internet para informarse de temas sociales o políticos.
Con estos datos en la mano podemos afirmar que la población española no tiene hábito de contrastar las informaciones que dan los medios de masas y podemos afirmar que la información que recibe la mayoría de la población está sesgada, adobada y cocinada desde las estructuras de poder para mostrar una realidad muy diferente, siempre en beneficio de los que mandan. Si la mayor parte de la población cuenta exclusivamente con esta información, no tiene acceso a cuestionar, ni a juzgar con independencia las barbaridades que se están perpetrando desde el poder y pierde la perspectiva del rechazo y la movilización.
Formación crítica.
Estamos seguros que los hábitos informativos de la población están directamente ligados a la falta de formación crítica o cívica que sufrimos en este Estado desde los tiempos de la República. A nivel de educación social y cívica somos herederos directos del franquismo, puesto que nunca se ha impulsado seriamente y, sobre todo, se ha excluido intencionadamente una educación cívica o ciudadana, desde la escuela y desde las diversas instituciones públicas.
El 56,8 % de la población se informa diariamente de las noticias a través de la televisión, el 13,7% por la radio, por periódicos digitales un 11,9%, por diarios en papel un 9% y por blogs y redes sociales un 6% y 3,6% respectivamente
Los diversos gobiernos de la Transición y post-Transición han pasado siempre por encima de la educación cívica en valores de la población, ninguna de las reformas educativas ha comprendido este apartado en sus planteamientos, sino, más bien al contrario, ha mantenido con fondos públicos un adoctrinamiento confesional a través de los colegios concertados religiosos y ha omitido toda alternativa seria en la escuela pública. La pasividad, la conformación y la falta de interés en las cuestiones públicas que nos afectan a todas y todos es norma habitual en gran parte de la población, más en las capas más jóvenes que, además, son las más afectadas por las actuaciones mafiosas de la doctrina neoliberal y con muy poca perspectiva de futuro a estas alturas. Esta actitud y actuación de los gobernantes ha hecho perder, al menos, a dos generaciones enteras, que actualmente tendrían que ser las que hicieran de punta de lanza contra la corrupción económica y la corrupción política y moral y quienes apuntalaran un sistema realmente democrático, hoy en peligro real por el deterioro de las instituciones por parte de los partidos corruptos.
Estas dos causas quizás nos dan alguna luz a la situación de pasividad social que nos rodea, aunque seguramente no son las únicas. Sabidas las causas habrá que pensar en las soluciones y ninguna de ellas puede dar resultados a corto plazo, puesto que no se puede cambiar ni de hábitos, ni de sistema educativo de la noche a la mañana, pero habrá que empezar cuando antes.
Respecto a los canales de información de público masivo, es difícil competir con los grandes canales televisivos generalistas en manos de grandes bancos y empresas, pues, además de las grandes cantidades de dinero que se necesitan y que nunca conseguirá un grupo independiente, también está la protección de las leyes montadas precisamente para proteger intereses de los grandes grupos, puesto que es potestativo del gobierno a quien se conceden las licencias de emisión. La guerra para cambiar se tiene que dar en la prensa diaria, semanal o mensual, sobre todo con la ventaja de internet, ya hemos visto que la prensa en papel está en retroceso y la mayoría de los medios que todavía persisten están en manos de bancos, grandes empresas y otros grupos de presión, además de dopados desde la administración con el pago de publicidad pública que pagamos nosotros también. Frente a esto hay que dar publicidad y difusión a la prensa y revistas de pensamiento digitales independientes, donde el periodismo no responde a ninguna línea editorial emanada desde el poder económico o político. En un mundo tan grande y caótico cómo son las redes sociales es difícil hacerse con un agujero de éxito para difundir ideas, pero, es importante la proliferación de blogs y canales “youtubers” que puedan servir de información y reflexión. Nunca se podrá llegar directamente a una parte importante de la población que no utiliza canales informáticos para informarse, pero, la proliferación y éxito de la prensa digital independiente, de las redes y canales alternativos podrá hacer que en los círculos de influencia de esta población siempre pueda haber una persona informada (y no deformada).
La población española no tiene hábito de contrastar las informaciones que dan los medios de masas y podemos afirmar que la información que recibe la mayoría de la población está sesgada, adobada y cocinada desde las estructuras de poder
Respecto al tema de educación en ciudadanía todavía es más complicado de poner en marcha, pero no imposible. El objetivo tiene que ser impregnar en la población el concepto de respeto, empezando por el respeto por un mismo, para poder seguir por todos los demás: a las personas, al medio ambiente, a la naturaleza, a los animales, a los bienes públicos, etc., además, acompañado otros valores como tolerancia, compromiso cívico, cooperación, solidaridad, acatamiento de normas colectivas, etc. Para iniciar esta tarea hay que contar obligatoriamente con las instituciones públicas (tendría que ser su obligación sin que nadie lo tuviera que pedir). Ayuntamientos y Comunidades Autónomas gobernadas por partidos progresistas tendrían que implementar cursos masivos de educación cívica, tanto en las escuelas como para las personas adultas, en sus ámbitos de competencia, sin que esto implique un choque con la política escolar, puesto que tiene que ser al margen y complementario, con dotaciones presupuestarías diferentes. Para conseguir esto habrá que proponer esta línea de actuación a los ámbitos mencionados (ayuntamientos y CC.AA.) a través de colectivos sociales locales y autonómicos.
Si se consigue que muchas personas se conciencien de que todo lo relativo a lo público (bienes, dinero, patrimonio, pueblos y ciudades, servicios, ..) es de ellas y les afecta directamente en su bolsillo y en su vida, habremos dado un gran paso en el cambio de la actitud de pasividad frente al saqueo o derroche de bienes y dinero público.
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