Por Rafael Silva
“Tener un planeta más sano significa tener una economía más sana. Y el capitalismo ya ha dado repetidas muestras de estar “enfermo” crónicamente, aunque se lo siga haciendo continuar con respiradores artificiales. Por lo tanto, no quedan más alternativas que ayudarlo a morir de una vez para hacer nacer algo nuevo y superador”
(Marcelo Colussi)
En nuestro artículo «Los tipos de terrorismo» (en su segunda parte), uno de los de más éxito de nuestro Blog, ya distinguíamos al «Terrorismo Ecológico» (que también podemos llamar Terrorismo Ambientalista) como una de sus principales modalidades. Allí decíamos que quizá sea el tipo de terrorismo más reciente históricamente hablando que comete el ser humano, pues este tipo de manifestación terrorista no va directamente contra nosotros, sino contra nuestro ecosistema, contra nuestro entorno vital, contra la naturaleza, contra nuestro medio ambiente, en última instancia contra todo el planeta. Bien, se trata de relacionarlo ahora con el agente fundamental que lo causa, y no es otro que la siguiente modalidad de terrorismo que distinguíamos allí, como es el Terrorismo Empresarial. La relación de ambos tipos de terrorismo es evidente: uno es el principal agente causante del otro. Son las grandes empresas transnacionales, como los principales agentes del capitalismo globalizado, las que tienen entre sus objetivos, y las que emplean entre sus diferentes tácticas, el terrorismo ambientalista. Y sus nombres son bien conocidos. Vayan ahí algunos ejemplos: Bayer, HSBC, BBVA, Santander, Benetton, British Petroleum, Calvo, Canal de Isabel II, Continental, Endesa, Nestlé, Pescanova, Repsol YPF (cuyo currículum oculto ya expusimos en este artículo), Sol Meliá, Shell, Suez, Syngenta, Telefónica, Unilever o Unión Fenosa. La lista sería interminable.
Y ello porque llega un momento, en que los recursos del planeta, un sistema finito y limitado por definición, se van agotando, y ya no pueden dar más de sí, limitando a su vez el posible beneficio capitalista, y poniendo en cuestión el propio sistema. La deriva fanática hacia la obtención de máximos beneficios no se detiene ante nada, y de esta forma, a estas grandes empresas transnacionales no les duelen prendas si tienen que eliminar fuentes naturales de recursos básicos, como bosques, ríos, etc., para conseguir sus objetivos. Véase la lucha que actualmente están llevando a cabo los nativos sioux contra el proyecto de oleoducto de Standing Rock, que destrozará literalmente sus tierras, y varias fuentes de recursos naturales que ellos veneran, pues forman parte de su propia vida. Estamos tan imbuidos en los conceptos capitalistas del «progreso» y del «desarrollo», nos hemos creído tanto sus mentiras, que ahora nos están explotando en la cara. Son conceptos erróneos, son peligrosos mantras que sacrifican la propia existencia del planeta y de la humanidad, en pro de sus beneficios económicos. Estamos presos del discurso y del dogma neoliberal, así como del fanatismo extractivista y consumista como únicos patrones de «crecimiento» válidos, y veneramos al PIB como el único indicador económico de referencia, cuando todos estos hábitos, indicadores y patrones deben ser superados y abandonados, pues sólo contribuyen a la destrucción de nuestro entorno natural.
Y así, hoy día, son ya cientos los casos de lucha de los pueblos indígenas por la reivindicación de sus territorios (en Brasil, en Honduras, en Estados Unidos, en Bolivia, etc.) y de sus recursos naturales, ante la agresión y la obsesión continua de las grandes empresas por destruirlos. Son episodios normalmente silenciados por los grandes medios de comunicación, que suelen ser cómplices de la actividad nefasta y destructiva de las empresas. Este terrorismo ambientalista es absolutamente salvaje, puesto que arrasan sus casas, sus sitios sagrados, sus monumentos históricos, sus pueblos, sus lugares de ceremonia y sus fuentes naturales de recursos, tales como bosques, ríos o lagos. El terrorismo ambientalista no se detiene ante nada ni ante nadie, y es precisamente este «nadie» el que viene saltando a la palestra de un tiempo acá, pues están saliendo a la luz pública una serie de casos (demasiados ya) de viles, crueles y despiadados asesinatos de personas, luchadoras y defensoras del medio ambiente y de sus territorios, por enfrentarse directamente a los intereses de estas grandes empresas multinacionales. Sin ir más lejos, en nuestro Blog hemos recogido los casos de Berta Cáceres, Isidro Baldenegro y Laura Vásquez, asesinados por sicarios por atreverse a enfrentar y resistir las decisiones de las grandes empresas, que pretendían socavar sus tierras, sus recursos y sus modos de vida. En la inmensa mayoría, estos casos de asesinatos quedan impunes, pues el poder de estas grandes empresas, las últimas responsables de estas muertes, es superior al de los propios Estados.
Todos ellos son casos de personas asesinadas por defender la tierra, por defender la vida, por defender el planeta… En última instancia, por defendernos a todos de la insaciable expansión de las empresas transnacionales, y por intentar impedir que sus decisiones trajeran a sus pueblos la destrucción y la insostenibilidad. Recientemente, el medio Publico recogió un fantástico y completo artículo de Lucía Villa, que se centra en este asunto, y que tomamos como referencia a continuación. Suelen ser ambientalistas de reconocido prestigio, que cuando se vuelven personas absolutamente incómodas para los intereses de estos agentes del capitalismo, suelen ser asesinados/as. Proyectos de deforestación, proyectos mineros y extractivos, proyectos hidroeléctricos, proyectos de oleoductos, proyectos de construcción de infraestructuras, etc., suelen estar siempre detrás del comportamiento abyecto y execrable de estas empresas, cuyos sicarios asesinan vilmente a los defensores del medio ambiente que por su reconocimiento público, pasan a representar peligros para sus intereses que hay que abatir.
Este terrorismo ambientalista pasa a obtener una nueva dimensión, pues ya no estamos sólo hablando de que se destruya el medio ambiente, sino de que se matan personas que intenten impedirlo.
Asesinatos perpetrados impunemente por personal al servicio de estas grandes empresas, y una ristra de impedimentos para que las autoridades los investiguen después, suelen ser las credenciales más habituales en dichos casos.
En palabras de Lucía Villa: «El reguero de mártires de la Pachamama, como se denomina a la Madre Tierra entre las comunidades indígenas de Suramérica, se extiende a la velocidad a la que crece la demanda de recursos para abastecer a una población creciente y consumista. Las disputas por un territorio cada vez más explotado les han situado en el disparadero de empresas y gobiernos. La ONU considera a los ambientalistas el segundo colectivo de defensores de derechos humanos más vulnerable del mundo«. Así está la situación, y los datos lo demuestran fehacientemente. Entre 2002 y 2014, un total de 1024 personas fueron asesinadas por su labor en cuestiones agrarias y ambientales, según la ONG Global Witness, que ha llevado a cabo varias investigaciones sobre estos asuntos durante los últimos años. Actualmente, la media de asesinatos de ambientalistas llega a 2 por semana. Por su parte, el 40% de los crímenes de defensores de la tierra y el medio ambiente que se cometen en el mundo tienen como víctimas a personas indígenas, especialmente en las poblaciones de América Latina. Sólo en Honduras, durante 2014, fueron asesinados 12 activistas (111 entre 2002 y 2014). Y un 90% de los casos siguen sin resolverse. La impunidad, por tanto, es endémica, ante la increíble fuerza y poder del gran capital, y el servilismo de los respectivos gobiernos y de los grandes medios de comunicación, que se cuidan muy bien de poner el foco en otras causas, de silenciar los graves atropellos de los derechos humanos, y de disculpar y legitimar la acción de las grandes empresas.
Y es que a menudo, los autores materiales de estos asesinatos suelen ser delincuentes comunes o sicarios de los autores intelectuales, a los que es mucho más complicado descubrir, si no hay una auténtica voluntad política de hacerlo. De los más de 1000 asesinatos investigados por la referida ONG en más de una treintena de países, sólo 10 personas fueron juzgadas, condenadas o castigadas. Los Estados no emplean los recursos suficientes para esclarecer los hechos, o directamente cierran los casos, y dejan de investigar, con lo cual la inseguridad y sensación de impunidad es aún mayor. Muchos países sufren una violencia estructural muy fuerte, son de por sí países peligrosos para el periodismo y el ambientalismo, en general para cualquier actividad que se enfrente a los intereses del gran capital que impera en ellos. La película es bien conocida: en aras de atraer la inversión extranjera a estos países, los gobiernos (dominados por el dogma económico neoliberal) llevan a cabo profundos procesos de desregularización, por los que se suavizan o eliminan leyes de protección laboral, social y medioambiental. Ello está muchas veces fortalecido y apoyado por el radio de acción de los famosos Tratados de Libre Comercio, que son en realidad perfectas herramientas para consolidar dichas políticas. El pensamiento dominante, por su parte, pone su granito de arena, contribuyendo a difundir que los ecologistas (en su mayor parte ciudadanos/as nativos de escasos recursos) sean vistos como opositores al progreso y al desarrollo de sus pueblos y de sus territorios, cuando en realidad es justo lo contrario: son las grandes empresas y los gobiernos los que vienen a destruir el equilibrio natural necesario para la vida.
Los enfrentamientos llegan en muchas ocasiones a un cariz violento, pues las empresas obligan a las poblaciones a desalojar por la fuerza el área donde viven, violando incluso los Acuerdos y Convenios internacionales, como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que reza en su artículo 19 que «Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado«. Los conflictos se van generalizando, y hoy día, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que documenta y cartografía estos casos en el continente, tiene localizados sólo por asuntos mineros 37 conflictos en México, 36 en Perú, 36 en Chile, 20 en Brasil, 13 en Colombia, 9 en Bolivia, 7 en Ecuador, 6 en Guatemala, 4 en Honduras y otro buen número de ellos repartidos por el resto de países. La situación es, por tanto, realmente preocupante. Hemos de contribuir en primer lugar a acabar con el silencio que oculta la realidad de estos graves conflictos y de estos asesinatos, para que salgan a la luz pública, para que se tome conciencia sobre ellos, y en segundo lugar, continuar denunciando la terrible actividad que las grandes empresas transnacionales ejecutan sobre los territorios, sobre los países, sobre los recursos naturales y sobre los pueblos indígenas, a fin de poder acabar con ella, o al menos, frenarla en gran medida. Nuestras próximas generaciones agradecerán esta lucha.
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