Cualquier intento de convertir la huelga general en un acto de apoyo tácito o de desgaste selectivo según el calendario electoral debe ser rechazado.
Por Javier Siscart | 4/11/2026
Estamos a las puertas de la huelga general del 11 de noviembre. Varias organizaciones, entre ellas CCOO, UGT, CGT, CNT y el Sindicato de Inquilinos, han registrado el paro de 24 horas por salarios, vivienda y el coste de la vida. Las movilizaciones por el derecho a la vivienda que se intensificaron en septiembre y octubre, junto con el bloqueo de la negociación colectiva y la pérdida de poder adquisitivo, han llevado a esta convocatoria a unas dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Ese calendario no convierte automáticamente la jornada en una “huelga electoral”, pero sí exige claridad sobre quién la dirige y contra quién se dirige. CCOO y UGT, sindicatos de concertación y con estrechos vínculos con el actual Gobierno, no pueden apropiarse del 11N ni convertirlo en un instrumento de su estrategia pactista. Si se les deja el liderazgo, la huelga corre el riesgo de diluirse en declaraciones genéricas, fotos con ministros y una salida negociada que deje intactas las causas estructurales del deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Por eso es necesario que el sindicalismo combativo —el que no tiene asiento permanente en los pactos sociales ni renuncia a la confrontación con el poder político y económico— participe de forma decidida y dispute la dirección de la jornada. Se trata de impedir que el reformismo sindical y político la instrumentalice en beneficio propio. La clase trabajadora y las organizaciones que no subordinan la lucha a la agenda del Gobierno deben marcar el tono: la responsabilidad del estancamiento salarial, del elevado coste de la vida y de la vivienda, y de la degradación de los servicios públicos corresponde al Gobierno y a la patronal, no a la oposición parlamentaria.
Los datos son conocidos. Los salarios reales llevan años sin recuperar el terreno perdido frente a la inflación; la vivienda se ha convertido en un mecanismo de extracción de renta que consume una parte creciente de las nóminas; y los servicios públicos —sanidad, educación, transporte— sufren recortes de facto o privatizaciones encubiertas mientras el gasto se orienta hacia otras partidas. CCOO y UGT denuncian estos problemas, pero su trayectoria de concertación les impide señalar con la misma contundencia al Ejecutivo que ha gobernado durante estos años. Una huelga que solo apunte a la CEOE o que se presente como “presión amistosa” al Gobierno de turno no responde a la magnitud del empeoramiento material.
No es una huelga contra la oposición. Es una huelga contra quienes, desde el poder político y desde las organizaciones empresariales, han mantenido o agravado las condiciones que hacen cada vez más difícil llegar a fin de mes. Evitar que el reformismo se apropie de la fecha exige presencia en los centros de trabajo, en los piquetes y en las manifestaciones, con consignas claras: salarios que recuperen poder adquisitivo, control efectivo de los alquileres y del mercado inmobiliario, y servicios públicos dignos. Cualquier intento de convertir el 11N en un acto de apoyo tácito o de desgaste selectivo según el calendario electoral debe ser rechazado.
El sindicalismo combativo tiene la oportunidad de demostrar que la huelga no es patrimonio de quienes negocian en despachos mientras las condiciones empeoran en las calles y en los centros de trabajo. La participación activa y el liderazgo en la organización de la jornada son la forma concreta de evitar la instrumentalización. Por eso, el 11 de noviembre hay que ir a la huelga: no para legitimar a quienes han gestionado el deterioro, sino para señalar a los responsables reales y abrir el camino a una respuesta que no se quede en el pacto.
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