De Koldo a Montoro: La corrupción estructural del Régimen del ’78

El Régimen del 78, con su estructura bipartidista, ha creado un entorno donde el poder se concentra en dos grandes partidos que, lejos de erradicar la corrupción, la han normalizado como parte de su funcionamiento.

Por Joan Balfegó | 18/07/2025

La corrupción política en España es un problema endémico que ha acompañado al sistema surgido desde la Transición a partir de la Constitución de 1978. Este fenómeno, lejos de ser un hecho aislado o atribuible exclusivamente a un partido político, se ha manifestado de manera cíclica en los dos grandes partidos que han dominado la escena política española durante las últimas décadas: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP).

Este patrón de repetición, que trasciende gobiernos de uno y otro signo político, pone de manifiesto la existencia de una corrupción estructural inherente al denominado «Régimen del 78», el sistema político nacido de la Transición. Los recientes casos de corrupción, como el caso Koldo, que afecta al PSOE, y la imputación de Cristóbal Montoro, exministro del PP, son ejemplos claros de cómo esta lacra persiste y se recicla, independientemente de quién ostente el poder.

Un sistema propicio para la corrupción

El Régimen del 78, entendido como el marco político e institucional surgido tras la Transición, se caracteriza por la alternancia en el poder entre el PSOE y el PP, dos formaciones que han monopolizado los gobiernos nacionales y autonómicos durante décadas. Este bipartidismo ha creado un sistema en el que ambos partidos han establecido redes de poder, clientelismo y relaciones opacas con sectores empresariales, lo que ha facilitado la proliferación de prácticas corruptas.

Según datos de un estudio de la Universidad de Barcelona (2000-2020), el 75,8% de los casos de corrupción en España involucran a cargos del PP (40,5%) o del PSOE (38,3%), lo que evidencia su centralidad en este problema.

La corrupción no es un fenómeno nuevo en España. Desde los años 80, casos como el de Rumasa o Filesa (PSOE) y Naseiro o Gürtel (PP) han marcado la historia reciente del país. Sin embargo, lo que distingue a la corrupción del Régimen del 78 no es solo su recurrencia, sino su carácter estructural: un sistema donde las prácticas corruptas no son excepciones, sino parte intrínseca del funcionamiento político.

La corrupción es el estado natural del Régimen del 78. Este sistema ha permitido que las tramas de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y malversación se perpetúen, protegidas por una maquinaria política y mediática que, en muchos casos, minimiza o desvía la atención de estas prácticas.

Ciclos de Corrupción

El caso Koldo, que estalló en febrero de 2024, es un ejemplo paradigmático de cómo la corrupción sigue permeando las estructuras del PSOE. Este escándalo, centrado en Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, implica una presunta trama de sobornos y comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos, especialmente relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

La investigación, conocida como Operación Delorme, ha salpicado a figuras clave del PSOE, como Santos Cerdán, exsecretario de Organización, acusado de gestionar hasta 620.000 euros en comisiones ilegales. El caso ha generado una crisis profunda en el partido, con registros en la sede del PSOE y acusaciones que alcanzan incluso al entorno cercano del presidente Pedro Sánchez, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. Sin embargo, cuando el caso Koldo parecía copar la atención mediática y política, la imputación de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del PP durante los gobiernos de Mariano Rajoy, ha devuelto el foco al otro lado del bipartidismo.

Montoro, junto con 28 personas y varias empresas, está acusado de crear una “red de influencias” para beneficiar a compañías gasistas mediante cambios legislativos a cambio de “importantes pagos”. Según el auto judicial, esta red operaba a través del despacho Equipo Económico, fundado por Montoro, y afectó a decisiones tomadas entre 2011 y 2018. Esta imputación ha permitido al PSOE contraatacar, señalando la hipocresía del PP al presentarse como un adalid contra la corrupción mientras sus propias filas enfrentan acusaciones graves.

Un juego de espejos

La alternancia de escándalos entre el PSOE y el PP no solo evidencia la profundidad de la corrupción estructural, sino también su uso como arma política. Ambos partidos han utilizado los casos de corrupción del adversario para desgastarlo, mientras minimizan o justifican los propios. Por ejemplo, el PSOE ha acusado al PP de proteger a Montoro, mientras que el PP ha insistido en que el caso Koldo es más grave, alegando que no involucra “mordidas, prostitutas o colocación de amigas”. Esta dinámica de acusaciones cruzadas refuerza la percepción de que la corrupción es un problema sistémico, no exclusivo de un partido, y ha resucitado el lema del 15-M: “PSOE, PP, la misma mierda es”.

Esta estrategia de acusaciones mutuas crea un vacío de legitimidad, abriendo espacio a partidos alternativos como Podemos o Vox, que capitalizan el discurso antibipartidista. Sin embargo, incluso estos partidos no están exentos de críticas, ya que formaciones como Podemos, al participar en gobiernos de coalición, han perdido parte de su credibilidad para presentarse como una alternativa limpia al sistema.

Un problema sistémico

La corrupción del bipartidismo trasciende a los individuos o partidos. Como señala un análisis de Transparencia Internacional, la percepción de la corrupción en España es alta, con los partidos políticos, el Parlamento y el poder judicial considerados las instituciones más corruptas por la ciudadanía. Esta percepción se ve reforzada por la falta de consecuencias reales en muchos casos: de las 1.700 causas judiciales por corrupción registradas en 2015, solo 20 resultaron en condenas con prisión.

Además, la corrupción no se limita al ámbito económico. La connivencia con intereses empresariales, el clientelismo y la falta de transparencia en la financiación de los partidos son prácticas que han debilitado la confianza en el sistema democrático. Por ejemplo, el caso Koldo ha revelado posibles vínculos con la financiación ilegal del PSOE, mientras que el caso Montoro pone en cuestión la integridad de las reformas legislativas impulsadas por el PP.

La repetición cíclica de casos de corrupción, como los de Koldo y Montoro, demuestra que el problema no radica en “manzanas podridas” dentro de los partidos, sino en un sistema que facilita y perpetúa estas prácticas. El Régimen del 78, con su estructura bipartidista, ha creado un entorno donde el poder se concentra en dos grandes partidos que, lejos de erradicar la corrupción, la han normalizado como parte de su funcionamiento. Para romper este ciclo, es necesario implementar reformas profundas: mayor transparencia en la financiación de partidos, controles más estrictos sobre los contratos públicos y una justicia independiente que actúe con celeridad y contundencia.

Mientras el PSOE y el PP continúen enzarzados en un juego de acusaciones mutuas, la ciudadanía seguirá perdiendo confianza en sus instituciones. Solo con un compromiso real para desmantelar las estructuras que alimentan la corrupción se podrá avanzar hacia una democracia más sólida y transparente.

Se el primero en comentar

Dejar un Comentario

Tu dirección de correo no será publicada.




 

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.