Cultura | Antecedentes de la Renta Mínima Garantizada y de las Pensiones

Por Eduardo Montagut

La redistribución de la renta es uno de los principios básicos defendidos por la izquierda democrática. En nuestro país se ha generado en los últimos tiempos un debate sobre la necesidad de reformar algunos de los instrumentos que permiten esa redistribución como motor contra las desigualdades sociales frente a la dictadura del neoliberalismo. En este artículo aportamos, como es habitual en muchos de nuestros trabajos, algunos materiales para entender el origen de dos elementos de esa redistribución: la renta mínima garantizada y las pensiones. Y para ello viajamos a la fascinante época del final de la Ilustración y el inicio de las Revoluciones políticas de la mano de un personaje norteamericano de origen inglés harto interesante.

Efectivamente, Thomas Paine (1737-1809) es un protagonista fundamental en la historia de la democracia occidental. Publicista y agitador, luchó en la fascinante época de la Revolución americana y la Revolución francesa, pero también de la menos conocida, pero no menos importante, de los reformadores británicos, entre los que destacaron el radical Spence, el socialista agrario Ogilvie, o Godwin, a caballo entre el socialismo y el anarquismo. En realidad, no podemos calificar a Paine de socialista, pero sus intereses y reflexiones teóricas le llevaron a tratar la cuestión de la propiedad, estableciendo algunas ideas del socialismo reformista posterior.

Paine ha pasado a la historia por su clara defensa de los derechos del hombre, pero para asegurar su respeto o garantía, nuestro protagonista no se quedó solamente en la defensa de un profundo cambio del concepto de Estado y de la necesidad de la creación de un régimen representativo, aún siendo éstos aspectos revolucionarios evidentes. En sus dos principales obras, Derechos del Hombre (1792) y Justicia agraria (1796), Paine exponía la necesidad de una sociedad democrática, pero con una clara redistribución de la renta por medio de la presión fiscal, y con una atención pública clara a los ancianos. La propiedad debía ser respetada, era un derecho natural en línea con lo defendido en su momento por Locke, pero la gran propiedad debía estar gravada. El producto de este impuesto serviría para compensar el prejuicio sufrido por los ciudadanos sin tierra. Quienes no tuviesen tierra, al llegar a la mayoría de edad (21 años) se les entregaría un pequeño capital, y a partir de los 50, una renta anual. Estaríamos hablando, realmente, de una renta mínima garantizada, en el primer caso, y de pensiones en el segundo.

Sin lugar a dudas, estas ideas estarían esbozando aspectos del muy futuro Estado del Bienestar, tan desarrollado posteriormente en el ámbito ideológico y práctico anglosajón, al menos en materia de pensiones.

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