Desde la Transición, el bipartidismo ha tejido una red legislativa que ha convertido la sanidad pública en un mercado que mueve miles de millones de euros anuales, beneficiando a grandes grupos privados.
Por Ricardo Guerrero | 5/12/2025
La llamada Transición española, iniciada tras la muerte de Franco en 1975, se presentó como un pacto fundacional para construir un Estado de derecho inclusivo. Entre sus pilares, el derecho a la salud —consagrado en el artículo 43 de la Constitución de 1978— prometía un sistema público universal y equitativo. Sin embargo, bajo la apariencia de modernización y eficiencia, los gobiernos sucesivos del PSOE y el PP han impulsado un conjunto de leyes que, paso a paso, han abierto la puerta a la entrada de empresas privadas en la gestión y prestación de servicios sanitarios. Este proceso no fue un accidente, sino el resultado de un bipartidismo complaciente que, con el apoyo de partidos nacionalistas periféricos, transformó la sanidad de un servicio público esencial en un negocio lucrativo para corporaciones privadas.
Los orígenes: La Ley General de Sanidad (1986) y la semilla de la externalización
El primer hito llegó con el gobierno de Felipe González (PSOE), en plena consolidación de la democracia. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad , impulsada por el ministro Ernest Lluch, creó el Sistema Nacional de Salud (SNS) como un modelo público financiado por presupuestos generales, integrando las antiguas mutualidades de la Seguridad Social. Aprobada por amplio consenso en el Congreso —con el respaldo del PSOE, que contaba con mayoría absoluta, y el PP (entonces Alianza Popular) en la oposición, que no presentó enmiendas significativas de oposición—, la ley se presentó como un avance social.
Sin embargo, en sus artículos 66, 67 y 90, se introdujeron resquicios para la colaboración público-privada: permitía conciertos con entidades privadas «cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen» y externalizaciones de servicios no asistenciales como limpieza o lavandería. Estos mecanismos, justificados por la «eficiencia», sentaron las bases para que el sector privado accediera a fondos públicos, iniciando una externalización progresiva que el PSOE aplicó de facto en los años siguientes, como en servicios auxiliares de hospitales.
El bipartidismo ya mostraba su sintonía: mientras el PSOE gobernaba, el PP aplaudía la «modernización», mirando para otro lado con estos artículos que vulneraban el principio constitucional de universalidad al priorizar la rentabilidad sobre el derecho a la salud.
El Informe Abril (1991): El manual neoliberal bajo un gobierno socialista
A finales de los años 80, con la adhesión a la Comunidad Económica Europea (1986) y la presión por liberalizar la economía, el PSOE encargó al exministro Fernando Abril Martorell —figura vinculada al franquismo y al Banco Hispano— un informe para «consolidar y modernizar» el SNS. El Informe Abril de 1991, aprobado en el Congreso con el apoyo del PSOE (mayoría absoluta) y el PP, proponía explícitamente la introducción de copagos para pensionistas y medicamentos, la gestión privada de servicios y la transformación de la sanidad en un «mercado regulado». Aunque el rechazo social impidió su aprobación formal como ley, sus recomendaciones se filtraron en políticas autonómicas: el PSOE comenzó a externalizar servicios en regiones como Andalucía y Extremadura, mientras el PP lo hacía en Valencia. Este documento, inspirado en el modelo thatcheriano del NHS británico, evidenció cómo el bipartidismo abrazaba el neoliberalismo, convirtiendo la sanidad en un campo de pruebas para la privatización encubierta.
El punto de no retorno: La Ley 15/1997 y la puerta grande a lo privado
El salto cualitativo llegó con el primer gobierno de José María Aznar (PP). La Ley 15/1997, de 25 de abril, de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del SNS, aprobada el 10 de abril de 1997 en el Congreso con 290 votos a favor (PP, PSOE, CiU, PNV y CC), 19 en contra (principalmente IU y BNG) y una abstención, modificó el artículo único de la Ley General de Sanidad para permitir que «la prestación y gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios se lleve a cabo […] mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas». El PSOE, en la oposición, dio su voto clave al PP, argumentando que era un «baluarte contra la privatización» —una ironía que la historia desmintió.
Esta ley habilitó las concesiones público-privadas (modelo Alzira en Valencia, 1999), donde empresas como Ribera Salud gestionan hospitales públicos a cambio de un canon fijo, derivando pacientes rentables al sector privado y dejando listas de espera en lo público. En Madrid, bajo Esperanza Aguirre (PP, 2003-2012), se privatizaron 13 hospitales con el modelo PFI (Private Finance Initiative), importado del Reino Unido, externalizando no solo gestión sino servicios no sanitarios. El PSOE, gobernando en el Estado, no intervino; al contrario, en regiones como Valencia (PSOE hasta 2011), mantuvo el modelo.
El bipartidismo había sellado un pacto: durante estas décadas, PSOE y PP aprobaron un conjunto de leyes que permitieron la entrada de empresas privadas en la sanidad pública, dando lugar a que se convierta en un negocio en vez de un servicio público. El gasto en conciertos privados creció un 52% entre 2005 y 2015, alcanzando 7.600 millones de euros anuales en 2023.
La Consolidación bajo Zapatero: La Ley 16/2003
Con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en el poder, llegó la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS, aprobada por unanimidad en el Congreso el 14 de mayo de 2003 —PSOE, PP y el resto de grupos, sin disidencias notables—. Presentada como un refuerzo a la equidad, fortaleció el Consejo Interterritorial para coordinar comunidades autónomas, pero mantuvo y amplió los marcos de externalización de la Ley 15/1997, permitiendo «colaboraciones público-privadas» en atención primaria y especializada. El PP, en la oposición, aplaudió la norma, que facilitó la expansión de conciertos en regiones gobernadas por ambos partidos.
Esta ley, lejos de frenar la privatización, la consolidó: en 2004-2011, el PSOE impulsó externalizaciones en Castilla-La Mancha y Baleares, mientras el PP lo hacía en Galicia y Murcia. El resultado fue un SNS fragmentado, con sobrecostes del 20-30% en gestión privada frente a la pública directa, según informes de Audita Sanidad.
La Crisis de 2008 y la privatización acelerada: Rajoy y el RD-Ley 16/2012
La Gran Recesión aceleró el proceso bajo Mariano Rajoy (PP). El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para la sostenibilidad del SNS, aprobado por el Congreso con el voto del PP (mayoría absoluta) y la abstención del PSOE —que no bloqueó los recortes—, modificó las Leyes 14/1986 y 16/2003 para introducir copagos farmacéuticos y limitar prestaciones, mientras incentivaba la externalización como «medida de eficiencia».
Esto disparó las listas de espera y los conciertos privados, con un aumento del 25% en externalizaciones entre 2012 y 2015.
El PSOE, en la oposición, criticó los recortes pero no derogó el decreto al llegar al poder en 2018, perpetuando el modelo.
El Gobierno de coalición y la derogación parcial: de Sánchez a 2025
Con Pedro Sánchez (PSOE) en coalición con Unidas Podemos (2019-2023), se prometió revisar la Ley 15/1997 en el acuerdo de gobierno (punto 2.2.9). La Ley 15/2022, de 10 de julio, de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS derogó parcialmente la 15/1997 y modificó la 16/2003, priorizando la «gestión pública directa» y limitando externalizaciones a «casos excepcionales». Aprobada con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y otros, pero con abstenciones de PP y Vox, supuso un freno simbólico ya que no revirtió concesiones existentes, como las de Madrid o Valencia.
En 2025, bajo el segundo gobierno de Sánchez con Sumar, la polémica del audio del CEO de Ribera Salud —revelando la priorización de rentabilidad sobre pacientes— ha reavivado el debate. La ministra Mónica García defiende el «blindaje» de la 15/2022.
Un legado de negocio sobre derechos
Desde la Transición, el bipartidismo PSOE-PP ha tejido una red legislativa —de la 14/1986 a la 16/2012— que ha convertido la sanidad en un mercado de 100.000 millones de euros anuales, con el 30% del gasto público desviado a privados. Apoyadas por CiU, PNV y CC en momentos clave, estas leyes han priorizado la «eficiencia» sobre la equidad, generando sobrecostes, desigualdades territoriales y escándalos de corrupción. La sanidad, antaño pilar de la democracia española, es hoy un negocio donde empresas como Quirón o Ribera Salud facturan miles de millones con fondos públicos. Revertirlo exige no solo derogaciones, sino un compromiso real con lo público.
Gracias!!