La privatización del sector eléctrico ha tenido consecuencias catastróficas para la clase trabajadora.
Por Gabriela Rojas | 29/04/2025
La privatización del sector eléctrico en España es un ejemplo paradigmático de cómo la transferencia de activos públicos a manos privadas puede priorizar el beneficio económico sobre el bienestar social. Este proceso, impulsado por gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Popular (PP) desde la década de los ochenta, ha transformado la electricidad, un servicio básico, en un negocio dominado por un oligopolio de empresas privadas.
El resultado ha sido un incremento sostenido de los precios, una menor soberanía energética y la entrada de actores como fondos de inversión y magnates empresariales en la gestión de infraestructuras clave.
El proceso de privatización: PSOE y PP al frente
El punto de partida de la privatización del sector eléctrico en España se sitúa en los años 80, bajo el gobierno de Felipe González (PSOE). En 1988, el Ejecutivo socialista inició la desinversión en Endesa, la principal empresa pública eléctrica, creada en 1944 por el Instituto Nacional de Industria (INI). Ese año, se vendió un 25% de su capital, manteniendo el Estado una mayoría accionarial del 66,9%. Esta operación fue parte de una reestructuración del tejido empresarial público, en la que se agruparon pequeñas empresas del sector eléctrico bajo el paraguas de Endesa, siguiendo las directrices de privatización impulsadas por la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986.
El proceso se aceleró con la llegada del PP al poder en 1996, bajo el liderazgo de José María Aznar. El programa liberal del PP apostó decididamente por la privatización total de las «joyas de la corona» del sector público, incluyendo Endesa, Repsol, Telefónica y Red Eléctrica Española (REE). En 1997, el gobierno de Aznar autorizó la venta de un 35% de Endesa, lo que supuso la pérdida de la mayoría pública en la empresa. Un año después, en 1998, se completó la privatización con la venta del 29,5% restante, dejando al Estado sin control sobre la compañía. Esta operación, una de las mayores de la historia de España, generó ingresos de más de 6.000 millones de euros, pero a un precio que, según el Tribunal de Cuentas, fue «sensiblemente inferior» al valor real de la empresa, beneficiando a los inversores privados.
Red Eléctrica Española, encargada de gestionar la infraestructura de transporte eléctrico, también fue privatizada en esta etapa. En 1999, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 31,5% de REE, una operación criticada por el Tribunal de Cuentas por su «falta de claridad y transparencia» y por beneficiar exclusivamente a empresas como Endesa e Iberdrola, en detrimento del interés general.
Aunque el Estado mantuvo un 20% de las acciones de REE a través de SEPI, el control efectivo pasó a manos privadas, con inversores institucionales extranjeros y nacionales adquiriendo participaciones significativas.
Los gobiernos posteriores del PSOE, como el de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), no revirtieron este modelo privatizador. Aunque Zapatero impulsó menos privatizaciones, la falta de una reestructuración previa del sector eléctrico consolidó un mercado oligopólico donde las empresas privadas maximizaban beneficios a costa de los consumidores.
Durante el gobierno de Mariano Rajoy (PP, 2011-2018), se introdujo una reforma del mercado eléctrico en 2013 que, lejos de abaratar la luz, trasladó a los ciudadanos el pago del déficit de tarifa acumulado por las empresas, estimado en 30.000 millones de euros.
Consecuencias: aumento de precios y dominio de un oligopolio
La privatización del sector eléctrico consolidó un oligopolio dominado por cinco grandes empresas: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo, que controlan cerca del 90% del mercado eléctrico español.
Entre 2000 y 2018, el precio del kilovatio-hora (kWh) aumentó un 150%, pasando de 30 euros a 75 euros por kWh, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este encarecimiento se debe, en parte, a un sistema de fijación de precios marginalista, que iguala el coste de la energía barata (como la nuclear o renovable) al de la más cara (como el gas), beneficiando a las empresas generadoras a expensas de los consumidores.
Las principales beneficiarias de este modelo han sido las grandes eléctricas. Entre 2011 y 2020, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y Enagás repartieron 59.000 millones de euros en dividendos a sus accionistas, superando los 45.000 millones que el Estado ingresó por todas las privatizaciones entre 1985 y 2014.
Endesa, ahora controlada en un 92% por la italiana Enel (participada a su vez por el Estado italiano), ha sido especialmente rentable, distribuyendo 5.743 millones de euros en dividendos solo en 2009. Iberdrola, que nunca fue pública pero se benefició de la privatización del sector, y Naturgy, privatizada parcialmente en los 90, han registrado beneficios récord, con 1.844 millones y 484 millones de euros respectivamente en el primer semestre de 2021.
La gestión de la infraestructura eléctrica, a cargo de Red Eléctrica Española, también ha quedado en manos de intereses privados. Actualmente, el 67% de las acciones de REE están en manos de inversores institucionales extranjeros, con fondos como BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, y empresarios como Amancio Ortega, propietario de Inditex, entre los principales accionistas.
Esta privatización de un activo estratégico plantea riesgos para la soberanía energética, ya que decisiones clave sobre la red eléctrica pueden estar influenciadas por intereses foráneos o corporativos.
Puertas giratorias y conflictos de interés
El proceso de privatización también ha estado marcado por las «puertas giratorias», con ex altos cargos de ambos partidos ocupando puestos en las empresas privatizadas. José María Aznar, tras dejar la presidencia, se convirtió en asesor externo de Endesa en 2011, con una retribución de 200.000 euros anuales.
Felipe González, por su parte, fue nombrado consejero independiente de Gas Natural Fenosa en 2010. Rodrigo Rato, exministro de Economía del PP, recibió más de 83 millones de euros a través de su empresa familiar por contratos con empresas privatizadas como Endesa y Telefónica, según un informe de la Guardia Civil. Estas prácticas evidencian cómo las privatizaciones no solo beneficiaron a las empresas, sino también a una élite política que facilitó el proceso.
La necesidad de nacionalizar: soberanía y seguridad
La privatización del sector eléctrico ha dejado a España en una posición de vulnerabilidad. Con solo un 5% de la generación eléctrica en manos públicas, España es el segundo país de la OCDE con mayor grado de privatización en este sector, en contraste con países como Francia, Italia o Suecia, donde las empresas públicas de energía son la norma. La dependencia de un oligopolio privado y la influencia de fondos extranjeros como BlackRock en activos estratégicos como REE comprometen la soberanía energética y la capacidad del Estado para garantizar un suministro asequible y estable.
La nacionalización del sector eléctrico no es una idea radical, sino una práctica común en Europa. Francia, por ejemplo, completó la nacionalización de EDF en 2023, asumiendo su deuda de 43.000 millones de euros para reforzar su control sobre la energía nuclear.
En España, la creación de un monopolio público eléctrico podría regular los precios, priorizar las necesidades sociales y acelerar la transición hacia energías renovables. Además, la nacionalización de REE garantizaría que la infraestructura eléctrica, un pilar de la seguridad nacional, esté bajo control público, evitando que decisiones críticas queden en manos de fondos de inversión o magnates privados.
En conclusión, la privatización del sector eléctrico en España, impulsada por el PSOE y el PP, ha generado un modelo que prioriza el lucro sobre el acceso universal a un servicio esencial. El encarecimiento de la luz, el dominio de un oligopolio y la entrada de actores como BlackRock y Amancio Ortega en la gestión de infraestructuras estratégicas son consecuencias directas de este proceso.
Nacionalizar el sector eléctrico es una cuestión de soberanía y seguridad nacional. Recuperar el control público de la electricidad es un paso imprescindible para garantizar un suministro asequible y alineado con los intereses de la ciudadanía.
La privatización de empresas publicas han sido un arma esencial para consolidar el poder de los monopolios y la perdida del poder adquisitivo de la clase obrera. Además ha servido para entregar a esas empresas el poder político monopolista y aumentar la aportación de la clase obrera a los accionistas privados de esas empresas. De hecho, ha sido una forma de garantizar el enriquecimiento de una minoría de la población y la perdida de poder adquisitivo de la mayoría.
Aznar privatizó ENDESA, bloqueó su compra por Gas Natural, para que no fuera catalana y, paradójicamente, la vendió a ENTEL, la empresa pública italiana. El Estado Italiano es dueño de una parte importante de la electricidad en España.