La administración dispone de una cantidad ingente de información, que bien tratada y estructurada puede arrojar datos de gran interés para la acción pública, y repito, no utilizar esta capacidad supondría que la decisión política es mirar a otro lado ante el fraude empresarial.
Por María Ángeles Castellanos, economista
Según los últimos datos de la EPA casi medio millón de personas asalariadas han realizado un total de 2.888.400 horas extra no pagadas a la semana, si tenemos en cuenta las ocupaciones en las que se realizan estas horas y los salarios de estas ocupaciones, se podría estimar que se han dejado de pagar alrededor de 77 millones de euros a la semana, o lo que es lo mismo, las empresas han robado 77 millones de euros a la semana a sus trabajadores y trabajadoras.
Hace pocos días, Yolanda Díaz anunciaba que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social están trabajando en el diseño de un algoritmo para detectar horas extra fraudulentas.
Si algo están demostrando Díaz y su equipo del Ministerio es que existen múltiples formas de abordar los problemas y que la innovación al servicio de las políticas públicas, unida a la profesionalidad de quienes se encargan de los procesos de diseño y puesta en marcha, puede dar resultados satisfactorios para las personas que tienen una posición más débil en las relaciones económicas y en las relaciones laborales. La forma de afrontar los problemas, por tanto, no es única, y en la elección el componente ideológico tiene un papel importante.
El algoritmo del ministerio trabajará con indicios que permitan detectar las horas extra que las empresas mantienen ocultas, por tanto, tiempo de trabajo por el que no pagan a las trabajadoras y a los trabajadores que lo realizan y por el que no cotizan a la Seguridad Social.
Hay muchos elementos que pueden evidenciar el fraude empresarial y en el tiempo del Big Data solo la falta de voluntad política para combatir el fraude podría explicar una renuncia a la innovación, por tanto, la decisión del ministerio es una muestra más de que la innovación, bien sea en el ámbito de la tecnología como es este caso, o bien en el ámbito del derecho laboral, ha de estar al servicio de la ciudadanía como un instrumento más de buena gestión pública.
El algoritmo del ministerio tendrá en cuenta aspectos como la cifra de negocio o el tamaño de la plantilla.
La Agencia Tributaria, en su plan de prevención y lucha contra el fraude, también va a recurrir a técnicas predictivas y de minería de datos, en este caso a partir de datos fiscales y de la Seguridad Social.
El espíritu de la tecnología que se va a utilizar tanto por el ministerio como por la Agencia Tributaria es sencillo, partiendo de modelos construidos con datos que determinan, por ejemplo, el tiempo de trabajo que se requiere para un volumen de producción en determinadas circunstancias o el volumen de ingresos que se pueden generar, si se detecta que hay empresas que producen más de lo esperado o declaran menos ingresos de lo que predice el modelo, esto puede ser un indicio de fraude.
La administración dispone de una cantidad ingente de información, que bien tratada y estructurada puede arrojar datos de gran interés para la acción pública, y repito, no utilizar esta capacidad supondría que la decisión política es mirar a otro lado ante el fraude empresarial.
Parte de esta información es confidencial y ha de tratarse con el debido sigilo, pero hay otra parte importante de la información que poseen las diferentes administraciones que debe ser pública y además debe facilitarse su uso y consulta tanto por profesionales como por la ciudadanía en general, pero esto no es así.
Se habla mucho de los datos abiertos y de la transparencia, pero a la hora de la verdad la opacidad está muy presente, aunque se disfrace de todo lo contrario. Que se lo digan a Jaime Gómez-Obregón un ingeniero y hacker empeñado en dar transparencia al sector público y en dotar a la sociedad civil de nuevos instrumentos para que esté bien informada.
Gómez-Obregón deja patente con sus investigaciones las trabas que existen para acceder de forma estructurada a una información que se supone pública pero que se facilita de tal manera que impide trabajar con ella.
Una de las cruzadas en la que está inmerso este científico es en la liberación de datos del Registro Mercantil, lo cual contribuiría a luchar contra la corrupción y también ayudaría a las empresas en su gestión al tener acceso a más información sobre otras empresas con las que se relacionan.
Señala Gómez-Obregón en un artículo en el Diario.es que
Vivimos un momento en que los tecnólogos y especialistas en ciencia de datos tenemos tanto que aportar a la lucha contra el fraude y la corrupción en las instituciones como los jueces y fiscales que investigan este mal endémico español
y apunta que nadie tiene más y mejores datos que el Registro Mercantil, un Registro que es un instrumento fundamental para la lucha contra el fraude y la corrupción pero cuyos datos están secuestrados.
La opacidad, las dificultades para el acceso a los datos y a información que debe ser pública, finalmente es una opción política, y el único fin de mantener esta opacidad y falta de transparencia es el de favorecer la corrupción y el fraude.
En una de sus investigaciones, este científico descargó los datos de contratación del Gobierno de Cantabria y los cruzó con las listas de candidatos políticos y descubrió que había un millón de euros adjudicados a algunos de estos candidatos.
Si quien ha de facilitar la transparencia y el acceso a la información se está beneficiando de la opacidad obviamente va a hacer poco por revertir esta situación, por eso es fundamental tomar conciencia de estas posibilidades y reclamar más transparencia y más ciencia de datos en la lucha contra el fraude y contra la corrupción.
Tampoco podemos olvidar que la información es importante para la gestión de una empresa y que democratizar el acceso a los datos poniendo los mismos para descarga gratuita ayudará a las pequeñas empresas a ser más competitivas frente a las élites económicas que siempre cuentan con un acceso privilegiado a la información.
Por tanto, el algoritmo anunciado por Yolanda Díaz es también una buena noticia por el avance que supone en el uso de la información de la que disponen las administraciones públicas como un instrumento más para luchar contra el fraude, que en el caso de las horas extra es cuantioso y supone un robo a toda la ciudadanía por los impuestos y cotizaciones no pagadas y al casi medio millón de personas que se estima realizan estas horas.
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