La prensa tiene una función esencialmente política, a partir de ellos conocemos las declaraciones de los políticos, las posiciones de los partidos y de los distintos actores de la sociedad o los temas de actualidad.
Por Tomàs Alfonso
Los medios de comunicación son los dispositivos ideológicos que crean los marcos a partir de los cuales la ciudadanía interpreta los hechos, que a la vez son conocidos a través de la prensa debido a su función de ‘agenda setting’.
Así pues, debido a su enorme capacidad de influencia, es evidente que los medios deben estar sujetos a un control democrático con el fin de garantizar que cumplen con su función social, lo cual no ocurre en la actualidad dada la ausencia de legislación al respecto.
De este modo, con el fin de incentivar el debate en torno a la necesidad de regular mediante una ley la acción de la prensa, a continuación se presentarán algunos elementos que se deberían discutir al formular una propuesta democrática sobre esta cuestión:
Propiedad de los medios:
En la actualidad, la mayoría de los medios de comunicación son privados. Además, este sector no está atomizado sino que, por el contrario, se trata de un oligopolio imperfecto, lo que crea ciertas dificultades en el acceso a información contrastada y de calidad debido a las resistencias o reservas que éstos puedan tener en relación con la ciudadanía con el fin de preservar sus intereses como empresa privada. En consecuencia, éste debería ser un elemento que se tratase de reformar en el Estado Español. Para evitar una excesiva concentración de poder mediático tanto en las manos del poder político institucional como del poder económico, una fórmula a estudiar es la de los tercios, la cual se orienta a conseguir que haya un tercio de medios públicos (propiedad estatal, autonómica y local), otro tercio de medios comunitarios (cooperativas, medios financiados socialmente…) y medios privados.
Evidentemente, esto pretende democratizar la influencia mediática, si bien para cumplir este objetivo no sería necesario solo orientar la propiedad en esta dirección, sino que también haría falta una financiación equitativa que garantice que, tanto en el ámbito local como en el autonómico y el estatal, no haya ningún medio que obtenga una mayor audiencia debido a tener un mayor capital económico que le permita competir en una situación de privilegio.
Este debe ser un objetivo a perseguir en el medio-largo plazo, puesto que a pesar de que por sí solo no soluciona el déficit de calidad mediática que hay en la actualidad, sí que es condición de posibilidad de que esto suceda.
Financiación:
Tal y como hemos comentado, la financiación tiene como fin, entre otras cosas, el garantizar la pluralidad en la influencia mediática, para lo que hay que situar a todos los medios en una situación de relativa igualdad económica, lo que nos obliga, por una parte, a orientar la financiación estatal en un sentido equitativo y social en el reparto de fondos y, por la otra, a limitar el capital que puede poseer un medio de comunicación, sea cual fuere su propiedad. Del mismo modo, también es necesario regular la financiación para limitar quiénes pueden financiar a un medio de comunicación y con qué cantidades. En esta línea, parece aconsejable fijar una cuantía máxima que una persona física o judicial puede donar, puesto que de lo contrario aquellos que posean un mayor capital económico podrán ejercer una mayor presión sobre los medios que pueden contar con una financiación no pública –los privados y los comunitarios-. Con relación a esto, resulta razonable prohibir la financiación de medios de comunicación por parte de organizaciones que pueden actuar como grupos de presión y que tienen intereses económicos tendencialmente opuestos a los de la mayoría de la sociedad, como por ejemplo los bancos privados o las grandes empresas, que intentan emplear a los medios como herramienta política y de marketing.
Transparencia y control democrático:
Los medios de comunicación, independientemente de su propiedad, tienen una función pública, por lo que deben ser fiscalizados por parte de la ciudadanía, con el fin de garantizar que están ofreciendo un servicio acorde al rol que tienen dentro de la sociedad. Esto está directamente ligado a la transparencia, la cual es necesaria para poder ejercer un control democrático. Así, la ciudadanía debería poder conocer los actores públicos con los que interactúan y se reúnen los medios de comunicación, así como los temas que tratan, los intereses que hay detrás y los motivos que se esconden tras la toma de decisiones en cada una de las fases de la producción informativa. Esto, evidentemente, si bien debe ser regulado por ley, también debe formar parte de una reforma estructural en la manera de relacionarse entre la ciudadanía y los distintos poderes, en este caso el mediático.
En este sentido, y vinculado con el punto que trataremos a continuación, no parece descabellado que en los medios públicos, con el fin de salvaguardar el interés general, la ciudadanía tenga capacidad de influir en la selección de contenidos por métodos como las consultas, así como que pueda tener la última palabra acerca de determinadas cuestiones gracias a la realización de referéndums, ya que es a los consumidores a quienes, en última instancia, afectan estos asuntos.
Pluralidad y participación política:
La prensa tiene una función –esencialmente- política, puesto que a partir de ellos conocemos las declaraciones de los políticos, las posiciones de los partidos y de los distintos actores de la sociedad y los temas de actualidad. Incluso son capaces de provocar, en cierta medida, el auge y decadencia de un dirigente o una formación política, además de su invisibilización o rechazo.
De este modo, es necesario regular la participación de las distintas formaciones políticas con influencia en la sociedad, con el fin de que ninguna de ellas esté infra o sobrerepresentada, de lo contrario, un partido político podría emplear un medio afín para promocionarse.
Además, es sano para la democracia que los dirigentes políticos de los distintos partidos –especialmente aquellos que están en posiciones de Gobierno- se vean obligados a conceder un mínimo de entrevistas a medios de propiedad tanto pública como comunitaria y privada, con el fin de responder a las preguntas que los periodistas y la ciudadanía quieran formularle.
En este sentido, contribuir en el surgimiento de medios de comunicación comunitarios también es apostar por la participación de la ciudadanía a través de la transmisión de información relevante para la comunidad. También se debería favorecer la participación en los medios públicos, en este caso, en dos direcciones: la primera de ellas referida a la permeabilidad del medio con respecto a la ciudadanía y sus propuestas y la segunda con respecto a la horizontalidad en la toma de decisiones.
Acceso a una información de calidad:
No se puede hablar de una ley de prensa sin hablar de qué se debe hacer para mejorar la calidad informativa en el Estado Español. Este tema, evidentemente, es de una gran complejidad y daría por sí solo para un artículo. Tratando de lanzar algunas pinceladas en esta dirección, un tema central del que se debe hablar es de las fake news, bulos o información no contrastada. Al respecto de esto, en primer lugar, huelga decir que cualquier medio, en un momento dado, puede equivocarse y publicar una información que no sea cierta. No obstante, si verdaderamente tiene voluntad de reparación, rectificará de forma pública, intentando que se sepa de su error. Debido a que, desgraciadamente, esto es algo que raramente ocurre, probablemente, se debería legislar para que sea obligatorio que la rectificación sea proporcional al error cometido y el daño informativo provocado. Más allá de esta cuestión, determinados medios de comunicación reproducen un número de fake news y bulos mucho más elevado que la media, lo que podría llevarnos a suponer que existe una voluntad de engaño o que no se cumple con los estándares necesarios para ser considerado un medio informativo, siendo ambos motivos suficientes para actuar desde las instituciones con el fin de solventar el déficit de calidad y reponer el derecho vulnerado en relación al acceso a una información veraz. En esta línea, quienes conscientemente actúen en contra del interés general, deberían poder ser apartados del espacio mediático en el caso de que la responsabilidad sea individual, al igual que se debería poder cerrar medios en el caso de que la responsabilidad sea atribuible a la voluntad general del mismo.
Defensa de los valores democráticos:
Es necesario tener unos medios de comunicación comprometidos con los valores democráticos y la defensa de los mismos. Así pues, jamás se le debería conceder espacio mediático a ningún discurso de odio, debido a que termina afectando negativamente a la sociedad. Para que esto no ocurra, y no pudiendo dejar esta cuestión en manos del buen criterio editorial, la prohibición por ley de la emisión de discursos antidemocráticos y de odio en programas que no sean de corte histórico-cultural que vayan seguidos de una explicación memorística permitiría evitar la proliferación de este tipo de mensajes.
Respecto al trato a partidos que incorporan en su ideología estos elementos, no parece haber argumentos convincentes para actuar de otra forma, por lo que no se les debería dar mayor cobertura que aquella estrictamente necesaria desde el punto de visto informativo atendiendo a la actualidad política.
Así pues, la defensa de los valores democráticos pasa necesariamente por un ‘cordón sanitario’ en el ámbito mediático a la extrema derecha y los valores que ésta representa.
No obstante, unos medios democráticos no se pueden limitar únicamente a combatir las tentativas antidemocráticas. Por el contrario, también deberían luchar activamente por la igualdad, lo que nos llevaría a incluir dentro de los medios criterios de paridad en los órganos de poder y en cuanto a la presencia y relevancia mediática, así como a llevar a cabo medidas que contribuyan a la conciliación laboral y familiar, entre muchos otros asuntos.
Conclusión:
Evidentemente, este artículo no pretende abordar la totalidad de los problemas que sufre la ciudadanía en relación con el acceso a la información, puesto que, de lo contrario, se deberían estudiar también todas las cuestiones relativas a la regulación democrática del espacio digital, además de analizar de forma pormenorizada cada uno de los elementos que se plantean.
Por el contrario, este texto, que se puede tachar acertadamente de simplista, pretende -tal y como se ha señalado en la introducción- abrir el debate acerca de la necesidad de regular la actuación de la prensa, puesto que un país que no lucha por unos medios democráticos es un país que se pone una venda en los ojos a sí mismo.
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