La reforma del delito de sedición comportaría mayor represión de la protesta social, algo que no se está debatiendo en el parlamento y en los medios hegemónicos.
Por Oriol Sabata
Según apunta el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) en un comunicado publicado el 2 de enero, la reforma del delito de sedición conllevaría un aumento represivo contra el movimiento popular mediante la ampliación del delito de desórdenes públicos.
La organización comunista denuncia que los partidos del sistema y los grupos mediáticos han centrado el debate «en las cuestiones que a ellos les interesa», mostrando la reforma como un tema que tiene que ver exclusivamente con ceder o no ante el movimiento independentista catalán.
El partido señala que se está dejando al margen del debate aquello que realmente afecta a la clase trabajadora y al movimiento popular. La cuestión central, según indican, estaría en la reforma del delito de Desórdenes Públicos, que se aplicaría de forma mucho más masiva a la protesta social.
«Según la reforma legal propuesta por el supuesto gobierno más progresista de la historia, se modificaría el artículo 557 del Código Penal, ampliando los casos en los que se puede condenar por el delito de Desórdenes Públicos», advierten.
Con los cambios legislativos, se consideraría delito a quienes “ejecuten actos de violencia o intimidación: (a) sobre las personas o las cosas; u (b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o (c) invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en esos lugares”.
El PCPE considera que esto implica una clara amenaza represiva. «¿Quién decide lo que es intimidación y lo que no? Un piquete delante de una empresa, una protesta frente a un banco, una institución o un partido político implican intimidación? Y pasarían a considerarse desórdenes públicos las ocupaciones de instituciones públicas, el corte de carreteras o vías de tren, la ocupación de sedes bancarias contra los desahucios o de empresas contra despidos», aseguran en el documento.
Otro de los puntos polémicos de la reforma, añaden, tiene que ver con un nuevo tipo agravado de desórdenes públicos cuando sean realizados “por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público” (sin especificar número, ni organización, ni propósito, ni a qué se refieren con “idóneo para alterar el orden público”).
«Este tipo de Desórdenes Públicos agravados se pueden castigar con penas de 3 a 5 años de cárcel. Antes la pena mínima de 2 años permitía que personas condenadas no entrasen en la cárcel; ahora, con una condena mínima de 3 años, el ingreso en prisión sería inevitable», alerta la formación política.
El PCPE considera que se trata de un intento del gobierno de coalición PSOE-UP de aumentar la represión y que la protesta social está claramente amenazada.
«Pretenden hacer pasar esta reforma como un avance democrático, mientras ocultan su cara represiva y autoritaria», sentencian.
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