España se está militarizando y tendrá consecuencias en la inversión social, a pesar de que el ejecutivo de Pedro Sánchez lo niegue.
Por Joan Balfegó | 31/08/2026
España ha multiplicado por más de seis las partidas de gasto militar aprobadas en Consejo de Ministros: de una media de 730 millones anuales entre 2013 y 2024 a unos 4.750 millones en 2025.
Esa cifra, extraída del análisis de BBVA Research sobre más de 26.000 acuerdos ministeriales, no es un pico aislado. Se enmarca en un salto estructural: adjudicaciones de contratos militares por decenas de miles de millones, cumplimiento del 2% del PIB según la OTAN y una concentración empresarial muy marcada. Las 15 mayores adjudicatarias acapararon el 43% del importe contratado en 2025.
El dinero va a un puñado de grupos
La militarización no se reparte de forma homogénea por el tejido productivo. Se concentra en grandes grupos industriales —muchos con participación pública o vínculos estrechos con el Estado— y en polos como Madrid, Sevilla, Albacete y Asturias.
Entre las principales destinatarias figuran, de forma reiterada en adjudicaciones de 2025 y en los Programas Especiales de Modernización: Indra, Airbus, Escribano Mechanical & Engineering, Navantia, Turkish Aerospace Industries, Telefónica, Urovesa, Santa Bárbara Sistemas o Intalaza.
Otras recurrentes en el ranking de adjudicatarios son Rodríguez López Auto, Europavía, Quantum Systems, Volvo o Rheinmetall.
En los grandes paquetes de 2025, Indra, Airbus, EM&E y Navantia —solas o en uniones temporales— absorbieron la inmensa mayoría del volumen. Informes paralelos sitúan adjudicaciones totales de contratos militares en torno a 31.793 millones ese año, con Indra y Airbus (incluidas UTE) concentrando cerca del 70%.
No es un mercado abierto y competitivo a gran escala. Una parte muy relevante se canalizó por procedimiento negociado sin publicidad: contratos a dedo para cumplir plazos y objetivos de la Alianza.
El discurso oficial y los números
El Gobierno ha insistido en que el aumento de Defensa no recorta un céntimo de gasto social, no sube impuestos y no incrementa la deuda. Sánchez ha repetido que España puede cumplir capacidades con el entorno del 2%-2,1% del PIB, que el esfuerzo se financia con ahorros, remanentes y reorientación de fondos, y que desde 2018 el gasto social ha crecido mucho más que el militar.
Ese relato choca con la magnitud del giro. El gasto efectivo en defensa, según metodologías más restrictivas que las de la OTAN, se situó en 23.333 millones en 2025: un 46,5% más que el año anterior y un 146% más que en 2018. Por la vía OTAN, el listón superó los 33.000 millones para certificar el 2% del PIB.
No hace falta negar que el Ejecutivo haya incrementado también partidas sociales. El punto es otro: cuando el Estado destina de golpe miles de millones adicionales a sistemas de armas, aeronaves, buques, satélites y ciberdefensa —y los concentra en 15 empresas—, está eligiendo una senda de prioridades. El presupuesto no es infinito. Cada euro comprometido a largo plazo en programas plurianuales de armamento es un euro que no estará disponible para vivienda, dependencia, sanidad, educación pública o salarios del sector público.
La misma deriva que el resto de la UE
Lo de España no es un caso aislado. La Unión Europea y la OTAN han impulsado un ciclo de militarización: objetivos de gasto al alza, planes industriales de defensa, compras conjuntas y presión para que los Estados miembros gasten mucho más en sus ejércitos. Madrid se ha alineado también. Ha pasado de ser uno de los aliados más rezagados a certificar el 2% y a firmar decenas de programas especiales de armamento.
Esta senda militarista supone un cambio de composición del gasto público. Los estudios de BBVA Research lo describen como un ciclo estructural, no un parche coyuntural: más sistemas de armas y munición, más capacidades aéreas y espaciales, más infraestructuras militares, más ciberdefensa e I+D dual.
A medio plazo, sostener el 2% o subirlo implica consolidar ese nivel en presupuestos ordinarios. Eso se hace con más impuestos, más deuda o menos gasto en otras partidas. El Gobierno niega el recorte social pero los números son los que son.
Quién paga la militarización
La clase trabajadora no cobra los contratos de artillería autopropulsada ni los de helicópteros NH90. Paga IVA, IRPF y cotizaciones. Sufre listas de espera, alquileres disparados, pensiones que no cubren la cesta de la compra y servicios públicos colapsados.
El argumento de que “la industria de defensa crea empleo cualificado” es parcialmente cierto en Madrid, Sevilla, Cádiz o Gijón. También es cierto que ese empleo se concentra en un oligopolio de grandes contratistas, que una parte sustancial de la tecnología y los componentes sigue dependiendo de cadenas europeas o extranjeras, y que el efecto tractor sobre salarios y derechos del conjunto de la clase trabajadora es limitado frente al volumen de recursos públicos movilizados.
Menos inversión social no es una consecuencia abstracta. Es menos margen para política de vivienda, para refuerzo de Atención Primaria, para dependencia, para becas o para transporte público. Es aceptar que la “seguridad” se mide primero en plataformas de combate y después en condiciones materiales de vida.
El Gobierno puede seguir diciendo que prioriza lo social. Los 4.750 millones de 2025, la concentración en 15 empresas y el alineamiento con la militarización a nivel europeo cuentan otra historia: la de un Estado que ha elegido, en los hechos, militarizar una parte creciente de su presupuesto.
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