Conversamos con el periodista y doctor en ciencias sociales Alejandro Horowicz acerca de Estados Unidos, América Latina y la crisis del orden político.
Por Martín Martinelli | 15/11/2026
Estados Unidos: la crisis política y el desgaste de Trump
Los resultados electorales en Estados Unidos expresan un creciente cuestionamiento a las políticas de Donald Trump. ¿Cómo interpretás este resultado y cuáles son los factores que explican el descontento de la sociedad estadounidense?
Lo que estos resultados muestran es un desajuste muy fuerte entre el sistema de partidos y la sociedad norteamericana. Cuando se observan los resultados, aparece una sociedad profundamente enojada con las políticas presidenciales. Ese malestar se expresa, entre otras cuestiones, en el aumento del precio de los combustibles. El valor del galón de gasolina y del diésel experimentó un incremento considerable respecto de los meses anteriores. Aunque la sociedad estadounidense está profundamente despolitizada y no siempre consigue identificar con precisión las causas de los aumentos, comprende que existe una relación directa con las decisiones del presidente. En este caso, esa percepción tiene fundamento. La política exterior y las decisiones económicas de Trump producen consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de la población. El encarecimiento de los combustibles repercute sobre el conjunto de los precios y profundiza un malestar social que ya existía. Por eso, los resultados electorales deben entenderse como una expresión del rechazo a una orientación política que no consigue responder a las expectativas de amplios sectores de la sociedad.
La guerra en el Golfo constituye otro ejemplo de la improvisación irresponsable de la política exterior estadounidense y de los elevados costos que puede producir. El cierre del estrecho de Ormuz, que no existía antes del conflicto, representa un cuello de botella extraordinario para la circulación internacional del petróleo. Por esa vía transita aproximadamente uno de cada cinco barriles consumidos en el mundo. A diferencia de China, Estados Unidos traslada directamente al mercado interno los aumentos del precio internacional del petróleo. Por lo tanto, cualquier alteración de la circulación mundial repercute sobre los combustibles que consume su población y termina afectando toda la cadena de precios. La guerra no solo tiene consecuencias geopolíticas, sino que también genera efectos económicos internos que deterioran las condiciones de vida. Este es uno de los elementos centrales para comprender el descontento con Trump: sus decisiones internacionales terminan impactando sobre la economía doméstica y comprometen su propia legitimidad política. La improvisación estratégica se convierte así en un problema económico y electoral.
Otro factor decisivo es la política antiinmigratoria, que produjo un resultado inesperado: una movilización social de gran magnitud en distintas ciudades estadounidenses. No se trata de un país caracterizado históricamente por una fuerte tradición de movilización popular de estas características. Por eso, cuando se producen protestas simultáneas en diferentes ciudades contra una misma política, estamos frente a un fenómeno significativo. El rechazo a las medidas antiinmigratorias expresa también el cuestionamiento a una política esencialmente racista y excluyente. Al mismo tiempo, el movimiento MAGA demuestra que sus niveles de xenofobia no son meramente discursivos, sino que se manifiestan en prácticas políticas concretas. Sin embargo, una parte mayoritaria de la sociedad estadounidense rechaza esa orientación. La cuestión también tiene una dimensión económica: la presencia de trabajadores migrantes indocumentados forma parte de los mecanismos que regulan la masa salarial en Estados Unidos. Sus condiciones laborales y sus remuneraciones inciden sobre los salarios del conjunto de los trabajadores. Por eso, la persecución de los migrantes no puede analizarse únicamente como una cuestión cultural o ideológica.
A este escenario se suma el deterioro del poder adquisitivo. El costo de vida aumenta por encima de los ingresos de una parte importante de la población estadounidense, lo que profundiza las dificultades económicas y explica el rechazo a las políticas presidenciales. Además, Trump convirtió cada decisión política en una cuestión personal. Por esa razón, la responsabilidad por los resultados de su gobierno recae directamente sobre su figura. Atacar sus políticas y cuestionarlo personalmente terminan siendo, en términos políticos, una misma operación. Frente a esta situación, el presidente desarrolla dos movimientos simultáneos. Por un lado, realiza algunos gestos discursivos orientados a una eventual negociación con los demócratas. Por otro, despliega una estrategia defensiva dentro de su propio partido, donde consiguió realinear a los republicanos. Esto no es sencillo, porque el partido atraviesa una derrota que algunos consideran de consecuencias prolongadas. Sin embargo, Trump conserva capacidad para reorganizar a su fuerza política y evitar que las tensiones internas se traduzcan inmediatamente en una pérdida de conducción.
La crisis también instala un problema dentro del Partido Demócrata. Una parte considerable de sus dirigentes no presenta diferencias sustanciales con los republicanos en cuestiones fundamentales. Sin embargo, existe un sector nuevo, integrado por los socialistas democráticos, que representa una izquierda con una presencia inédita en la política estadounidense. Durante la Guerra Fría, ser considerado de izquierda implicaba frecuentemente ser asociado con una potencia extranjera, fundamentalmente con la Unión Soviética. La desaparición de la Unión Soviética modificó esas condiciones y permitió legitimar otras posibilidades políticas y otros discursos. Esas nuevas expresiones encuentran una conexión más directa con sectores movilizados de la sociedad. Aunque quienes participan de las movilizaciones no constituyen necesariamente una mayoría electoral, cuentan con el respaldo de una mayoría social más amplia. Hay que considerar, además, las particularidades del sistema electoral estadounidense: el voto no es obligatorio, el día de las elecciones no es feriado y los ciudadanos deben inscribirse previamente para poder votar. En consecuencia, la participación electoral no refleja automáticamente la totalidad de las posiciones existentes en la sociedad.
Lo que estamos presenciando es la transformación de la disputa global por la hegemonía en el mercado mundial en una disputa política interna dentro de Estados Unidos. La estrategia mediante la cual ese país intenta conservar su posición hegemónica necesita redefinirse desde adentro. La crisis internacional repercute sobre las condiciones políticas domésticas y obliga a revisar las formas de ejercicio del poder. Por eso, los resultados electorales no deben interpretarse exclusivamente como una derrota circunstancial de Trump o como una modificación de las relaciones entre republicanos y demócratas. Expresan una tensión más profunda entre el proyecto de conducción internacional estadounidense y las condiciones económicas, sociales y políticas que permiten sostenerlo. Esa redefinición tendrá consecuencias sobre las decisiones de política exterior y sobre las relaciones con el resto del mundo. Lo que veremos en las próximas semanas será precisamente el desarrollo de esa disputa, en la que la política estadounidense deberá encontrar nuevas formas de organizar su poder y responder a las tensiones que atraviesan tanto su sociedad como el sistema internacional.
América Latina: Brasil, Paraguay y Argentina
¿Qué impacto internacional puede tener este resultado electoral? ¿Cómo lo relacionás con la situación de América Latina y, particularmente, con lo sucedido en Brasil, Israel y Paraguay? ¿De qué manera estas transformaciones pueden repercutir también sobre Argentina?
El primer elemento que hay que considerar es que los aliados de Trump en América Latina tienen un peso geopolítico limitado. Los dos países de mayor importancia estratégica de la región, Brasil y México, no forman parte de esa alianza; por el contrario, constituyen sus principales límites. La política arancelaria de Trump, utilizada como instrumento de presión sobre otros países, tampoco produjo los resultados que prometía en favor de la consigna Make America Great Again. Para los trabajadores estadounidenses no significó una mejora sustancial de sus condiciones de vida. Por el contrario, contribuyó al encarecimiento de numerosos productos. Si bien se produjo cierto incremento en la generación de puestos de trabajo, las remuneraciones correspondientes están lejos de garantizar condiciones económicas satisfactorias. Muchos trabajadores apenas consiguen cubrir sus deudas. En Estados Unidos, una parte importante de la población vive endeudada: paga su vivienda, su automóvil y buena parte de los bienes que consume. Esa es una característica estructural del llamado estilo de vida estadounidense, basado en un mecanismo permanente de endeudamiento y consumo. La lógica del capital globalizado consiste en reemplazar continuamente los bienes adquiridos y renovar las obligaciones financieras.
En Brasil, la derecha experimentó una derrota política de enorme magnitud, que no se explica únicamente por los resultados electorales, sino también por la crisis de su conducción. La familia y el grupo político que organizaban ese espacio atraviesan una situación muy delicada. Su principal dirigente está preso, mientras que el candidato vinculado a ese sector abandonó Brasil y las fuerzas políticas que integraban el Partido Liberal comenzaron a tomar distancia de él. Esto representa un cambio significativo. Las actuales conducciones del Partido Liberal no parecen interesadas en sostener una confrontación ideológica permanente, sino en reorganizar sus posiciones para condicionar al gobierno de Lula durante el próximo período. Esto resulta posible porque la composición del Congreso surgida de las elecciones es ampliamente favorable a la derecha. Esa mayoría parlamentaria puede bloquear o impedir numerosas iniciativas del presidente. En consecuencia, aunque Lula conserve la conducción del Poder Ejecutivo, deberá gobernar en condiciones de fuerte limitación legislativa. La derecha perdió capacidad de conducción política, pero mantiene recursos institucionales suficientes para condicionar las decisiones del gobierno y disputar el rumbo del país.
La situación brasileña debe analizarse también en relación con Paraguay, donde se observa hasta qué punto el control concentrado del poder permite desarrollar operaciones políticas de gran alcance. La destitución de un presidente con una votación unánime constituye un hecho excepcional. Paraguay es un país cuyo funcionamiento político está fuertemente condicionado por grupos de poder con intereses económicos concentrados. En ese contexto, adquieren importancia las relaciones entre determinados sectores de la derecha, las grandes fortunas y los capitales vinculados con actividades ilegales. Hay trayectorias familiares y empresariales que han sido objeto de cuestionamientos y restricciones por parte de organismos internacionales. Estos antecedentes permiten observar una relación estructural entre determinadas expresiones de la derecha y los circuitos más oscuros del mercado. No estamos hablando solamente de comportamientos individuales, sino de una articulación entre poder económico, influencia política y negocios que condiciona el funcionamiento institucional. Esa estructura permite comprender por qué determinadas decisiones políticas parecen responder menos a intereses públicos que a los acuerdos y necesidades de los grupos que concentran recursos económicos y capacidad de influencia.
Cuando observamos la Argentina encontramos elementos que presentan semejanzas con ese funcionamiento. Aparecen dirigentes vinculados con operaciones sospechosas, relaciones con circuitos económicos poco transparentes y negociados que atraviesan distintas actividades. En muchos casos, resulta difícil encontrar una operación económica o una iniciativa política que no esté acompañada por algún interés particular. El problema no se limita a un funcionario o a una persona determinada: involucra una estructura de relaciones que conecta negocios, financiamiento y poder político. Por eso, cualquier investigación más profunda sobre el comportamiento de estos sectores puede generar dificultades importantes para el gobierno, especialmente si la Justicia deja de mirar hacia otro lado. Las investigaciones judiciales y periodísticas pueden poner en evidencia conexiones que no aparecen cuando se analizan los hechos de manera aislada. La cuestión central consiste en comprender que no se trata simplemente de irregularidades individuales, sino de una forma de organización del poder en la que los intereses económicos privados ocupan un lugar determinante en las decisiones públicas.
También es necesario examinar críticamente los discursos institucionales que buscan presentar determinadas posiciones como expresiones de valores generales, pero que omiten revisar las responsabilidades históricas concretas. En ese sentido, la intervención del Papa y las referencias a la historia argentina merecen una consideración más profunda. La congregación a la que pertenece tiene antecedentes vinculados con la expedición del general Roca durante la llamada Conquista del Desierto, que formó parte de los procesos de violencia mediante los cuales se constituyó el Estado nacional. A esa historia se suman la Guerra del Paraguay y la destrucción de las montoneras federales. La Guerra de la Triple Alianza significó una catástrofe demográfica y territorial para Paraguay: un país que tenía cerca de 600.000 kilómetros cuadrados perdió aproximadamente un tercio de su territorio, a manos de Brasil y Argentina. Sin embargo, esas responsabilidades históricas no suelen ocupar un lugar central en los discursos públicos. Se pueden realizar gestos simbólicos y declaraciones generales, pero eso no reemplaza el reconocimiento de los hechos ni la reparación de sus consecuencias. La memoria histórica exige examinar también las responsabilidades de las propias instituciones.
En relación con la última dictadura, tampoco alcanza con formular referencias generales a las víctimas y a la violencia estatal. Es necesario examinar el comportamiento de las instituciones que acompañaron el proceso represivo. Horowicz recuerda, en particular, el papel de los capellanes militares y las responsabilidades de sectores de la Iglesia católica. Señala que alrededor de 250 capellanes militares formaron parte de las estructuras castrenses durante la represión y que una parte de ellos todavía estaba viva al momento de la entrevista. También cuestiona que no se haya producido un esclarecimiento institucional más profundo sobre la información que esos integrantes podían conocer. Menciona el caso de un sacerdote que fue juzgado y condenado por su participación en esos hechos, pero que continuó formando parte de la Iglesia. Para Horowicz, el problema de los discursos genéricos consiste en que pueden dejar satisfechos a determinados sectores progresistas sin traducirse en respuestas concretas. La distancia entre las declaraciones públicas y las prácticas institucionales se vuelve especialmente visible cuando se examinan las responsabilidades históricas y los mecanismos de financiamiento y organización del poder.
El poder financiero y la economía argentina
En la Argentina, buena parte de los funcionarios vinculados con la política económica tiene antecedentes profesionales en JP Morgan. Nuestros gobernantes mantienen relaciones muy estrechas con esa institución financiera y con otros grupos del sistema bancario internacional. ¿Considerás que existe una connivencia directa entre el gobierno y esos intereses financieros?
El problema no consiste solamente en la posible connivencia directa, que seguramente existe, sino en que la propia estructura de la política económica supone una relación de dependencia con los organismos financieros y los bancos. En última instancia, son esos actores los que determinan si están dispuestos a prestarle dinero al gobierno. En el caso de JP Morgan, está claro que decidió no otorgar financiamiento en determinadas condiciones. Esto no es simplemente una opinión: puede observarse a través del comportamiento del riesgo país, un indicador cuya evolución está fuertemente condicionada por las decisiones de los grandes actores financieros. El riesgo país representa la sobretasa que debe pagar Argentina por encima de la tasa de referencia de la Reserva Federal estadounidense para obtener financiamiento internacional. Cuando esa sobretasa alcanza los 950 puntos básicos, significa aproximadamente nueve puntos porcentuales adicionales. Si la tasa de referencia ronda el cinco por ciento, el costo total del financiamiento se aproxima al catorce por ciento anual en dólares. Se trata de una tasa prácticamente impagable. Además, quienes estarían dispuestos a endeudarse en esas condiciones difícilmente encuentren acreedores dispuestos a prestarles, porque el riesgo de incumplimiento es demasiado elevado.
Si observamos las derrotas políticas de Netanyahu, Bolsonaro, Trump y Peña, ¿podemos hablar de un efecto dominó sobre los gobiernos que forman parte de ese mismo espacio? En Argentina también aparecieron cuestionamientos en medios internacionales como Bloomberg y The Economist sobre Milei. ¿Existe la posibilidad de un cambio de figuras para garantizar la continuidad del modelo económico?
Primero hay que comprender que Trump puede ser considerado un presidente debilitado, un pato rengo, pero sigue siendo el presidente de Estados Unidos. Esto significa que, aunque sus posibilidades de garantizar una orientación política más allá de los próximos dos años estén limitadas, todavía dispone de una capacidad de acción considerable. Puede hacer lo que considere conveniente y, teniendo en cuenta su trayectoria, no hay razones para suponer que no volverá a intervenir si entiende que sus intereses lo requieren. Esto no significa que necesariamente vaya a hacerlo, sino que conserva esa posibilidad. Por ejemplo, nada impide que repita una operación de respaldo financiero como la que realizó en favor de Milei mediante el préstamo de 20.000 millones de dólares, cuando la estructura económica del gobierno estaba en una situación crítica. Por lo tanto, considerar que el debilitamiento político de Trump implica automáticamente la caída del gobierno argentino sería una interpretación apresurada. Hay que distinguir entre la pérdida de capacidad para garantizar un proyecto a largo plazo y la posibilidad concreta de intervenir en el corto plazo. Mientras conserve el poder presidencial, Trump seguirá teniendo instrumentos para influir sobre la situación argentina.
El segundo problema, igualmente importante, es la desconfianza que existe respecto de las posibilidades de continuidad del propio modelo económico argentino. Los negocios extractivos son los que funcionan con mayor eficacia y generan ingresos importantes de divisas. Sin embargo, en un contexto de libre circulación de capitales, esos dólares ingresan por un lado y salen rápidamente por el otro. Desde el punto de vista financiero, Argentina funciona como un colador: los excedentes provenientes de las exportaciones terminan alimentando al sistema financiero internacional. La compra de dólares por parte de sectores económicos importantes alcanza magnitudes considerables y constituye un comportamiento persistente. No estamos hablando de operaciones menores, sino de empresas y grupos económicos que sistemáticamente adquieren divisas y las colocan fuera del circuito productivo nacional. Por eso, el argumento de que el modelo genera confianza resulta difícil de sostener. La conducta concreta de los actores económicos demuestra que confían fundamentalmente en los dólares que consiguen mantener bajo su control. El régimen de incentivos a las grandes inversiones, conocido como RIGI, refuerza esa lógica al establecer garantías especiales para determinados capitales.
El problema de las garantías es que revelan una desigualdad estructural entre quienes pueden acceder a ellas y quienes quedan excluidos. Si es necesario garantizar especialmente el cobro y la disponibilidad de los dólares para determinados inversores, eso significa que los demás no cuentan con las mismas condiciones. Pero incluso para quienes tienen esas garantías, no está completamente resuelto que puedan recuperar efectivamente sus inversiones. En consecuencia, el modelo no elimina la incertidumbre: la distribuye de manera desigual y protege especialmente a determinados grupos económicos. Esta situación se relaciona con la estructura financiera argentina, caracterizada por una salida persistente de divisas y por la debilidad de los mecanismos que podrían garantizar que los ingresos provenientes de las exportaciones se traduzcan en una expansión sostenida de la economía nacional. La existencia de sectores extractivos dinámicos no alcanza, por sí sola, para resolver los problemas estructurales. El ingreso de dólares puede ser importante, pero si esos recursos se destinan rápidamente a la fuga de capitales, no se convierten necesariamente en inversiones productivas ni en una mejora general de las condiciones económicas.
Concentración económica y estructura de clases
Un dato que circuló recientemente indica que el uno por ciento de la población argentina, alrededor de 500.000 personas, concentra el 27 por ciento de la riqueza, mientras que el diez por ciento concentra aproximadamente el 60 por ciento. ¿Cómo interpretás estos niveles de desigualdad y concentración económica? También observamos movimientos de compra y recapitalización de grandes empresas por parte de empresarios como Grobocopatel, Galperín, Roca, los hermanos Neuss y Manzano. ¿Estamos ante una nueva etapa del capitalismo de amigos, en la que determinados grupos aprovechan la caída de los precios para ampliar su patrimonio?
Lo que estamos viendo es algo más complejo que el capitalismo de amigos. El bloque de clases dominantes dispone de un patrimonio de enorme magnitud en el sistema financiero internacional y, en determinadas condiciones, utiliza esos recursos para intervenir en el mercado interno. Lo importante es observar la estructura de diversificación que desarrollaron los grandes grupos económicos, una estructura que no tenían en 1983. Actualmente, un mismo grupo puede tener participación en el sistema bancario, en el negocio petrolero, en la producción de gas y en el transporte. Esta diversificación les permite intervenir en distintos eslabones de una misma cadena productiva y obtener ganancias a partir de actividades complementarias. El desarrollo de Vaca Muerta constituye un ejemplo claro. El sistema de fractura hidráulica necesita una cantidad muy importante de insumos, infraestructura y servicios especializados. Los grupos económicos que controlan esas actividades pueden obtener beneficios no solamente de la extracción de hidrocarburos, sino también de los negocios asociados a su producción y transporte.
Un ejemplo concreto es la enorme cantidad de arena que se necesita para el funcionamiento del fracking. Parte de esa arena debe trasladarse desde Entre Ríos hasta Neuquén, lo que requiere una infraestructura de transporte y logística que todavía necesita desarrollarse. La construcción de esa infraestructura representa, a su vez, una oportunidad de negocios para los grupos que están en condiciones de invertir y controlar esos servicios. Por lo tanto, la rentabilidad no se concentra exclusivamente en la explotación directa de los recursos naturales, sino también en las actividades que hacen posible esa explotación. Esto explica por qué determinados grupos económicos pueden expandirse simultáneamente en sectores diferentes, pero vinculados entre sí. La concentración de la riqueza debe analizarse teniendo en cuenta esa capacidad de diversificación y articulación empresarial. No se trata solamente de empresarios que compran activos cuando bajan de precio, sino de grupos que cuentan con recursos financieros, posiciones estratégicas y una presencia extendida en distintas ramas de la economía.
Esta estructura permite prever que la concentración económica será todavía mayor en los próximos años. Los grupos dominantes no dependen de una sola actividad ni de una única fuente de ingresos. Su capacidad para operar en distintos sectores les permite aprovechar las oportunidades que se generan en contextos de crisis y reorganización económica. Cuando un activo pierde valor, quienes disponen de capital financiero pueden adquirirlo y ampliar su participación en el mercado. Al mismo tiempo, la integración de actividades productivas y financieras fortalece su posición frente a otros actores económicos. Por eso, la desigualdad que observamos actualmente no debe entenderse como una fotografía estática, sino como parte de un proceso de concentración que puede profundizarse durante la próxima década. El problema no es únicamente cuánto patrimonio concentra el sector más rico de la sociedad, sino también qué capacidad tiene para intervenir sobre la organización general de la economía. Esa capacidad se traduce en poder para decidir inversiones, controlar infraestructuras y condicionar las orientaciones económicas del país.
El 2001, la crisis política y la construcción de una alternativa
Frente a estos niveles de concentración económica y deterioro social, ¿creés que existen condiciones materiales y políticas para una nueva explosión social? Durante años se sostuvo que una movilización masiva desde el conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires podía producir una crisis política de enormes dimensiones. ¿Qué lectura hacés de la situación actual y de las posibilidades de que se produzca un nuevo escenario como el de diciembre de 2001?
El 2001 nos permite comprender con bastante claridad cuáles son los límites de un estallido social. Una explosión de esas características expresa un profundo malestar sistémico, pero la consigna «Que se vayan todos» debe entenderse como un pedido político, no como una transformación efectiva del poder. Para que los responsables de un determinado orden político se vayan, es necesario que exista una fuerza capaz de desplazarlos. Eso supone la aparición de una nueva organización política que represente el movimiento social y que esté en condiciones de poner en cuestión el orden anterior. En 2001, esa alternativa no llegó a consolidarse. El resultado fue que el orden político sobrevivió y, veinticinco años después, podemos comprobar que no se fue prácticamente ninguno de sus protagonistas fundamentales. La consigna expresó un rechazo profundo, pero no consiguió traducirse en una nueva estructura de poder. Por eso, el análisis de aquella experiencia resulta indispensable para comprender las posibilidades y los límites de cualquier proceso de protesta social que pueda desarrollarse en la Argentina actual.
Acabamos de publicar un libro que aborda precisamente esta cuestión, con motivo del vigésimo quinto aniversario de la crisis de 2001. Se titula Que no quede ni uno solo. 2001: grado cero de la crisis argentina y reúne trabajos de distintos autores, entre ellos Miguel Mazzeo, Iván Jablonka, Martina López Casanova, Horacio González, Mariana Pacheco, María Pía López, Dardo Scavino y Carlos Gamerro.
Es un conjunto de intervenciones de personas con perspectivas diferentes que permiten examinar aquel acontecimiento desde múltiples dimensiones. La constatación central es que el 2001 consiguió derrocar un gobierno, pero las bajas políticas se produjeron exclusivamente de un lado. Del otro lado no hubo una sola baja equivalente. Esto revela un problema fundamental: una autodefensa política y social tan costosa no puede sostenerse indefinidamente si no logra modificar las relaciones de poder. La movilización consiguió expresar el rechazo y desplazar al gobierno, pero no produjo una transformación equivalente en las estructuras que organizaban el sistema político y económico.
Entonces, ¿cómo se puede poner fin a este orden político? ¿Existe la posibilidad de que continúe avanzando en la misma dirección o estamos ante una crisis que puede abrir un escenario diferente?
Milei no representa una ruptura con el orden económico existente, sino una continuidad de las estructuras y los negocios que ya estaban organizados antes de su llegada al gobierno. Los negocios vinculados con el RIGI no surgieron de la nada ni comenzaron con su presidencia. Son actividades y proyectos que venían desarrollándose previamente. Lo que hace Milei es colocarles una etiqueta final y establecer determinadas condiciones para que continúen funcionando. Por eso, no debemos confundir el discurso de ruptura con una transformación efectiva de las relaciones económicas. El gobierno presenta su proyecto como una reorganización radical, pero muchos de los intereses que lo sostienen son anteriores y forman parte de la estructura económica existente. La continuidad de esos negocios muestra que no estamos ante la desaparición del orden previo, sino ante una nueva modalidad de administración y legitimación de sus intereses. Para comprender las posibilidades de una transformación política, es necesario identificar qué estructuras permanecen, qué grupos conservan su poder y cuáles son las condiciones necesarias para construir una alternativa que pueda disputar efectivamente ese orden.
Estamos próximos a diciembre y vuelve a aparecer el recuerdo de 2001. ¿Qué reflexión te gustaría dejar sobre aquel acontecimiento y sobre las condiciones necesarias para construir una salida política diferente?
El fantasma de 2001 existe, pero no alcanza con los fantasmas. Necesitamos materializar una política diferente. Y materializar una política diferente significa comprender que detrás de las palabras no puede haber simplemente otro conjunto de palabras. Si no existe una política concreta que permita transformar las relaciones de poder, los discursos terminan siendo desplazados por los acontecimientos. No alcanza con expresar el malestar, formular consignas o anunciar una ruptura con el orden existente. Es necesario construir una fuerza política capaz de representar ese malestar y traducirlo en una transformación efectiva. La experiencia de 2001 demuestra que una movilización de enorme magnitud puede conseguir la caída de un gobierno sin modificar las estructuras fundamentales del poder. Por eso, el desafío actual consiste en superar esa limitación histórica. Una alternativa política no puede reducirse a la denuncia de lo existente: debe construir las condiciones materiales, organizativas y sociales para reemplazarlo. Esa es la cuestión decisiva que deja abierta la experiencia argentina y el problema central que debemos resolver si queremos que una nueva crisis produzca resultados diferentes.
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