La experiencia en otros países sugiere que estas instalaciones suelen convertirse en enclaves extranjeros con poca rendición de cuentas ante las autoridades locales.
Por David Hurtado | 25/10/2025
En una reciente entrevista radial, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lanzó una propuesta que ha encendido el debate nacional: la instalación de bases militares estadounidenses en puntos estratégicos del país, como la Amazonía, Esmeraldas, Guayaquil, la frontera con Colombia y la región costera. Con el respaldo explícito del Comando Sur de Estados Unidos, Noboa plantea esta medida como una solución para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, males que han sumido a Ecuador en una ola de violencia sin precedentes. Sin embargo, esta iniciativa, presentada como una estrategia de seguridad, despierta serios interrogantes sobre la soberanía nacional, el alineamiento con los intereses geopolíticos de Washington y los riesgos de ceder el control de territorios clave a Washington.
Un plan con precedentes inquietantes
Noboa justificó su propuesta señalando que países como Colombia y Perú han adoptado modelos similares con resultados supuestamente positivos. No obstante, esta comparación omite un análisis crítico de los costos que dichos países han pagado en términos de autonomía. En Colombia, por ejemplo, la presencia de bases militares estadounidenses bajo el Plan Colombia ha sido cuestionada por su impacto limitado en la reducción del narcotráfico, mientras que ha fortalecido la influencia de Estados Unidos en la política interna y regional. En el caso de Ecuador, un país que en 2009 expulsó la base militar estadounidense de Manta bajo el gobierno de Rafael Correa, la propuesta de Noboa representa un retroceso significativo en la defensa de la soberanía, un principio que históricamente ha sido un pilar de la identidad nacional.
El presidente insiste en que las bases operarían bajo un esquema de «cooperación internacional», donde Ecuador mantendría el control soberano. Sin embargo, estas afirmaciones son ambiguas y carecen de detalles concretos. ¿Qué significa realmente «control soberano» cuando se trata de bases operadas con tecnología, personal y recursos de una superpotencia como Estados Unidos? La experiencia en otros países sugiere que estas instalaciones suelen convertirse en enclaves extranjeros con poca rendición de cuentas ante las autoridades locales, lo que podría transformar a Ecuador en un instrumento de la agenda geopolítica estadounidense en América Latina.
La sombra de los intereses estadounidenses
El respaldo del Comando Sur, mencionado explícitamente por Noboa, no es un detalle menor. Esta entidad, encargada de las operaciones militares de Estados Unidos en la región, ha sido históricamente un instrumento para consolidar la hegemonía estadounidense, proteger sus intereses económicos y contrarrestar la influencia de otras potencias rivales como China o Rusia. En un contexto donde el narcotráfico es solo una parte de un complejo rompecabezas regional, la instalación de bases extranjeras podría servir más a los objetivos estratégicos de Washington que a las necesidades reales de seguridad de los ecuatorianos.
Además, la propuesta de Noboa llega en un momento en que Ecuador enfrenta una profunda crisis económica y social, lo que lo hace particularmente vulnerable a presiones externas. La dependencia de recursos y tecnología extranjera, que Noboa presenta como una ventaja, podría traducirse en una relación desigual donde Ecuador cede más de lo que recibe. La promesa de entrenamiento y equipamiento para las fuerzas ecuatorianas suena atractiva, pero ¿a qué costo? La historia de América Latina está repleta de ejemplos en los que la «ayuda» militar estadounidense ha venido acompañada de condiciones que comprometen la autonomía de los estados receptores.
La lucha contra el crimen: ¿una excusa para la intervención?
Es innegable que Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, con el narcotráfico y las bandas criminales transnacionales operando con una impunidad alarmante. Noboa ha enfatizado que el crimen organizado no respeta fronteras, lo que justificaría la necesidad de una respuesta regional coordinada. Sin embargo, la solución propuesta parece desproporcionada y desvía la atención de problemas estructurales internos, como la corrupción, la falta de inversión en las fuerzas de seguridad nacionales y la desigualdad social que alimenta el crimen.
En lugar de fortalecer las capacidades propias del Estado ecuatoriano, la instalación de bases extranjeras podría perpetuar una lógica de dependencia que debilita las instituciones nacionales. La presencia de militares extranjeros en suelo ecuatoriano no solo plantea riesgos para la soberanía, sino que también podría exacerbar tensiones sociales en comunidades locales, particularmente en regiones sensibles como la Amazonía, donde las poblaciones indígenas ya enfrentan conflictos por la explotación de recursos naturales.
Noboa ha asegurado que cualquier decisión se tomará respetando la Constitución y en diálogo con la ciudadanía y las instituciones. Sin embargo, hasta ahora, no se ha presentado un plan claro ni se ha abierto un debate público robusto sobre las implicaciones de esta propuesta. La falta de transparencia en torno a los términos de la cooperación con Estados Unidos y el papel exacto que jugaría el Comando Sur genera desconfianza. ¿Qué garantías existen de que estas bases no se utilicen para fines que vayan más allá de la lucha contra el narcotráfico? ¿Cómo se asegurará que las leyes ecuatorianas prevalezcan sobre los intereses de una potencia extranjera?
La ciudadanía merece respuestas claras y un debate informado que contemple los riesgos de esta iniciativa. La historia de América Latina nos enseña que la presencia militar extranjera rara vez se limita a los objetivos declarados y suele venir acompañada de una erosión de la autonomía nacional. En un país que ha luchado por consolidar su soberanía, la propuesta de Noboa no solo es preocupante, sino que podría marcar un punto de inflexión hacia un modelo de subordinación a los intereses de Estados Unidos.
Soberanía en juego
La propuesta de instalar bases militares extranjeras en Ecuador, presentada como una solución a la crisis de seguridad, es un paso arriesgado que amenaza con comprometer la soberanía nacional. En lugar de ceder el control de territorios estratégicos a potencias extranjeras, el gobierno de Noboa debería priorizar el fortalecimiento de las instituciones nacionales, la lucha contra la corrupción y la inversión en políticas sociales que aborden las raíces del crimen organizado. La cooperación internacional puede ser valiosa, pero no a costa de la autonomía y la dignidad de un país que históricamente ha defendido su derecho a decidir su propio destino. Sin un debate público transparente y sin garantías claras, la propuesta de Noboa no solo es insuficiente para resolver la crisis de seguridad, sino que podría abrir la puerta a una nueva forma de colonialismo disfrazado de ayuda.
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