Vox intenta imponer en CyL que las mujeres que quieran abortar tengan que someterse al latido fetal o ver una ecografía

La adopción misma de las nuevas medidas pone en tela de juicio su propia legalidad, cuestión que ha reiterado el Ministerio de Igualdad

Por Valentín Pozo / Al Descubierto

Declaración de intenciones de Vox con respecto a los derechos reproductivos de las mujeres: Castilla y León quiere implementar medidas contrarias al derecho al aborto como el latido fetal a propuesta de Juan García-Gallardo. El vicepresidente ultraderechista ha hecho el anuncio a través de una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, si bien su socio empieza a revolverse y amenaza con crisis de gobierno.

El partido declara que la intención de García-Gallardo es dar cumplimiento a los puntos 12 (política de apoyo a las familias como institución básica de la sociedad) y 13 (apoyo a la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y conciliación de la vida laboral, social y personal) del pacto de coalición con el Partido Popular. Documento donde vienen recogidas las nuevas modificaciones, bajo la premisa del “fomento de la natalidad y apoyo integral a las familias”.

Las modificaciones serán las siguientes: primero, garantizar asistencia psicológica clínica a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, para que “tenga y sienta todo el apoyo que precise”; segundo, elaborar e implementar un protocolo que recupere el famoso “latido fetal” y controle el “registro cardiaco” del feto (que ocurriría presuntamente entre la 6ª y 9ª semana de embarazo); tercero, complementar las tres ecografías obligatorias con una cuarta ecografía en cuatro dimensiones (4D); y cuartoasegurar el respeto a la objeción de conciencia del personal sanitario que se niegue a realizar el aborto.

Carlos Fernández Carriedo, consejero portavoz, ha tratado de explicar los beneficios que las nuevas modificaciones supondrán para la salud de las mujeres gestantes: “El cambio que se establece es pasa de la atención específica a dar una atención preferente a las pacientes”, declaraba junto a García-Gallardo, quien reafirmaba la obligatoriedad de las nuevas medidas: “a partir de ahora, los médicos están obligados a ofrecer estos tres preceptos provida a las mujeres”, y hostigado por las preguntas aclaratorias de la prensa, reconocía que su aceptación será voluntaria para las mujeres gestantes: ”No se les va a obligar a escuchar el latido del bebé si no quieren”.

La respuesta institucional

La respuesta del Gobierno de coalición no se ha hecho de rogar ya que, a primera hora de la mañana, Carolina Darias, ministra de Sanidad, en declaraciones para El País, afirmaba lo siguiente: “Este Gobierno de progreso defenderá los derechos de las mujeres y no permitirá ningún retroceso que atente contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres de este país”.

Por otro lado, Irene Montero, ministra de Igualdad, ha reaccionado al anuncio a través de su cuenta de Twitter, apuntando directamente contra el PP y su actual líder, Alberto Núñez Feijóo: “Lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres. Estas son las alianzas de Feijóo. Esto es el PP”, declaraba con contundencia.

Tras la polémica desatada, la propia Consejería de Sanidad de Castilla y León, a través de la figura de su consejero Alejandro Vázquez, ha salido al pasado matizando las declaraciones de García-Gallardo, declarando que “no hay ningún cambio”, contradiciendo directamente a su socio de Gobierno.

El nuevo portavoz del PP, el vasco Borja Semper, ha criticado estas medidas, diciendo que el PP “no tragará” con esta medida y recalcando su máximo “respeto a la libertad de la mujer”.

Con estas declaraciones Vox va a tener bastante difícil aplicar sus medidas.

Las propuestas de Vox: latido fetal, ecografías y retrocesos en derechos camuflados como protección

El vicepresidente ultraderechista de la Junta de Castilla y León justificó que las modificaciones en el protocolo autonómico en materia de aborto como las ecografías 4D o el latido fetal se deben al supuesto incremento de interrupciones de embarazos en la comunidad: un 7% más que en 2021, afirmando que le resultaba “escalofriante” que muchas de esas mujeres hubieran realizado más de un aborto a lo largo de su vida.

Si bien es cierto que las cifras en 2021 aumentaron con respecto a 2020, también es cierto que la cifra es menor si la comparamos con datos de 2019 (año previo al inicio de la pandemia global de Covid-19), cuando se practicaron 2.674 abortos en el territorio castellano y leonés.

La cifra más relevante, y que García-Gallardo ha evitado mencionar durante su intervención, es que solo el 2,2% de los abortos practicados en la Comunidad Autónoma durante 2021 fueron en hospitales públicos. La cifra se sitúa muy por debajo de la media nacional (un 16%) lo que evidencia inseguridad, tanto en el procedimiento como en el servicio, de las mujeres gestantes con la administración pública sanitaria.

La adopción misma de las nuevas medidas pone en tela de juicio su propia legalidad, cuestión que ha reiterado el Ministerio de Igualdad: “podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres (…) ya que coartan su capacidad para decidir libremente”, se afirma desde dentro del Ministerio. Ampliando lo anterior, mismas fuentes internas afirman que “pueden, en la práctica, suponer coacciones”, estableciendo incluso una “desigualdad” entre Comunidades Autónomas.

Las críticas a la medida también han llegado desde el sector liberal de la derecha, posicionándose en contra de las modificaciones el ex vicepresidente y actual diputado por Ciudadanos en la Asamblea legislativa autonómica, Francisco Igea, médico de profesión)

Igea ha afirmado lo siguiente: “no consta que tal modificación de los protocolos de seguimiento del embarazo haya sido aprobada por ninguna sociedad científica, no consultado a los responsables de los servicios de obstetricia”, yendo más allá: “Pueden colocar a sanitarios en situación de acabar imputados”, ya que, tal y como recuerda, el Código Penal persigue el menoscabo al derecho al aborto con medidas disuasorias como el latido fetal.

Sin lugar a dudas, las medidas impulsadas por la ultraderecha suponen en la práctica una limitación de la elección libre de las mujeres, ya que el nuevo protocolo establece reiterados frenos que buscan coaccionar su decisión bajo el espejismo de la “expansión de la conciencia” con el feto.

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