Una agresión fuera del derecho internacional

El secuestro del presidente venezolano y de su esposa supone una vulneración directa del principio de soberanía estatal y de la inmunidad de los jefes de Estado.

Por Isabel Ginés | 3/01/2026

Lo ocurrido hoy constituye una violación grave del derecho internacional por varias razones objetivas, acumulativas y claramente tipificadas. No se trata de una cuestión ideológica ni de afinidades políticas, sino de normas básicas que sostienen el orden internacional desde 1945.

En primer lugar, la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.4, prohíbe de forma expresa el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Solo existen dos excepciones: la legítima defensa ante un ataque armado previo o una autorización explícita del Consejo de Seguridad. Ninguna de estas condiciones se da en este caso. Venezuela no había atacado, agredido ni provocado militarmente al país que ha ejecutado la acción armada.

En segundo lugar, el secuestro del presidente venezolano y de su esposa supone una vulneración directa del principio de soberanía estatal y de la inmunidad de los jefes de Estado, recogida tanto en el derecho internacional consuetudinario como en múltiples convenios. Un presidente extranjero no puede ser detenido, capturado o trasladado por la fuerza por otro Estado fuera de un marco legal internacional. No es una cuestión simbólica: es una línea roja absoluta. Cuando se cruza, el derecho deja de existir y lo sustituye la fuerza.

Esta combinación de hechos que es el ataque militar sin agresión previa y detención forzosa de un jefe de Estado configura jurídicamente una agresión internacional. No una operación preventiva, no una acción humanitaria, no una intervención legal. Una agresión. El precedente histórico es conocido. La invasión de Irak se justificó con la existencia de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Aquella violación del derecho internacional no trajo estabilidad ni democracia, sino la destrucción del Estado, millones de víctimas directas e indirectas y un deterioro radical de la vida de la población civil. El argumento era similar: seguridad, prevención, corrección de un régimen incómodo. El resultado fue devastador.

Nada indica que esta vez sea distinto. Las intervenciones militares unilaterales no mejoran la vida de los civiles. La empeoran. Generan guerra, desplazamientos, colapso institucional y violencia prolongada. Quienes pagan el precio no son los dirigentes, sino la población.

Es importante separar los planos. Se puede criticar a Nicolás Maduro, calificar su gobierno de autoritario o rechazar su proyecto político. Eso no autoriza a ningún Estado a atacar un país soberano ni a secuestrar a su presidente. El derecho internacional no funciona según simpatías. O se aplica a todos o no sirve para nada.

Lo más preocupante es la reacción internacional. El silencio, la tibieza o el “es complicado” no son neutrales. Ser espectadores de la barbarie es una forma de legitimarla. Cuando una agresión así no tiene respuesta política y diplomática clara, se envía un mensaje peligroso: las normas solo rigen para los débiles.

La consecuencia va más allá de Venezuela. Si se normaliza que una potencia pueda intervenir militarmente, capturar a un jefe de Estado y violar la soberanía de un país sin consecuencias, cualquier Estado con recursos estratégicos queda expuesto.

Hoy es Venezuela. Mañana puede ser otro. La comunidad internacional tiene una responsabilidad clara: exigir el respeto al derecho internacional, la liberación inmediata del presidente secuestrado y el cese de la agresión. No hacerlo implica aceptar un orden mundial regido por la fuerza, no por la ley. Y la historia demuestra que ese orden siempre acaba en más violencia y más víctimas civiles.

No es una cuestión de afinidades políticas. Es una cuestión de límites. Y hoy se han cruzado todos.

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