No se trata de que todos los jueces y fiscales sean parciales y proclives a actuar a favor de una ideología ultraconservadora y evitar una instrucción que pueda favorecer la condena a corruptos afines a dicha ideología. Pero la exhibición que estamos viendo estos días no deja de ser una farsa.
Por Remedios Copa | 27/04/2026
El término “juicio bufo” tiene su tradición en la universidad española, especialmente en las facultades de Derecho durante los años 50 y 60, era una representación anual organizada por los estudiantes, principalmente en la universidad de Barcelona, donde se imitaba de manera sarcástica a personajes políticos, catedráticos o situaciones de actualidad.
Esas representaciones eran consideradas la mayor expresión de libertad en la época franquista y en ellas se abordaban temas desde la dictadura del franquismo hasta problemas identitarios. Era un acto de rebeldía estudiantil y la preparación de estos eventos clandestina, o cuando menos reservada, y a menudo contaba con la complicidad de algunos profesores.
Estos días asistimos en vivo y en directo a la bufonada judicial que deja estupefacta a gran parte de la ciudadanía y, de seguir así, estaríamos asistiendo a la muerte definitiva de la imparcialidad de la justicia y de que la justicia, tal como establece la Constitución Española, sea igual para todos.
No se trata de que todos los jueces y fiscales sean parciales y proclives a actuar a favor de una ideología ultraconservadora y evitar una instrucción que pueda favorecer la condena a corruptos afines a dicha ideología. Pero la exhibición que estamos viendo estos días no deja de ser una farsa.
De las declaraciones de Mariano Rajoy y de Mª Dolores de Cospedal, su pérdida de memoria y las múltiples afirmaciones de que Presidente y Ministros no coordinaban ni tenían información de nada de lo ilegal que ocurría con las investigaciones llevadas a cabo, de los confidentes, o del destino de los fondos reservados, cosa que de ser cierta no hace más que demostrar que no eran personas idóneas para gobernar el país, aunque si lo fueran para la corrupción, la financiación ilegal y el enriquecimiento ilícito; todo ello aderezado con una solidaria protección entre quienes están implicados en las corruptelas de los dos golpes más graves a la democracia española: la Kitchen y la Gurtel. Ambas también contribuyen al mayor descredito de la Justicia en España.
La actuación de la Jueza Teresa Palacios, constriñendo las preguntas a los testigos, e impidiendo incluso algunas respuestas de los interrogados, ha dejado perplejos a quienes seguían el juicio del caso. Algo similar hizo García Castellón en el interrogatorio a Rajoy en el caso Gurtel, impidiendo preguntas incómodas o comprometidas, calificándolas de improcedentes.
Actuando ambos, Rajoy y Cospedal, en calidad de testigos, tienen la obligación legal de responder a los interrogatorios y hacerlo con la verdad; sin embargo, ambos actuaron como si de imputados se tratara. Tal vez porque, de responder a todas las preguntas y hacerlo con la verdad, podría salir material suficiente para encausarlos como imputados. Así lo han interpretado juristas que siguen el proceso.
El hecho de tardar tanto tiempo en la instrucción de esa y otras causas que afectan a políticos de la derecha o a personajes de su entorno más cercano, mientras que a casos del PSOE: Ábalos, Koldo, van con la rapidez de un tiro. ¿Por qué? ¿Acaso para eclipsar las repercusiones de los escándalos de la Kitchen y Gurtel, y poder decir que “todos son iguales”?
La rapidez con la que se sentenció al Fiscal General y la exclusión del caso de las pruebas exculpatorias choca frontalmente con el impedimento de usar pruebas incriminatorias, (públicamente ya conocidas por todos), en la instrucción del caso Kitchen. Conste que la condena al Fiscal General del Estado, sin pruebas fehacientes de que cometiera delito, constituyó un verdadero revulsivo que desacredita la confianza en la JUSTICIA.
En el juicio del caso Kitchen, la cúpula protectora del PP primero logró apartar del caso al Juez Ruth, (demasiado independiente y exhaustivo en la investigación), y en su lugar trajeron a García Castellón para que se encargara de la instrucción en el proceso que implicaba a Mª Dolores de Cospedal, incluso llegó a corregirla cuando hizo una declaración comprometida, diciéndole: “usted no ha querido decir eso, sino que…”
Es imposible que el Inspector Morocho no tuviera conocimiento de la investigación ilegal de la Gurtel, llevada a cabo al margen de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, (UDEF). Cuando en las referidas investigaciones participan más de 70 policías y ocho comisarios implicados, es difícil de creer que todos actuaran al margen de la UDEF sin los mandos superiores y cargos políticos estuvieran al tanto.
Por lo que se ha podido ver, y como declaró Rajoy, tratan de hacer pasar esa trama como una investigación policial legal, nada de investigación política ilegal, intentando evadir de toda responsabilidad al ex Ministro del Interior, a la Sra. Cospedal y al Sr. Rajoy.
El mismo día de la comparecencia de Cospedal y Rajoy en el juicio Pérez Rollo, Catedrático de Derecho Constitucional, calificó la actuación de fraudulenta; en el mismo sentido vienen manifestándose Magistrados de reconocido prestigio y jueces jubilados. En estos momentos, Asociaciones de juristas abogan por apartar del caso a la Jueza Teresa Palacios e incluso consideran necesaria una repetición del Juicio.
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