La verdadera medida reside en si estas acciones pueden, finalmente, imponer a Israel un precio político y económico lo suficientemente alto como para que la ocupación, la anexión y el genocidio resulten insostenibles.
Por Ramzy Baroud | 8/10/2026
Comenzamos con las buenas noticias. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha agregado 61 empresas a su base de datos de negocios involucrados en actividades vinculadas a asentamientos israelíes ilegales, ampliando la lista de 158 a 214 empresas.
¿Por qué es esto una buena noticia? Porque demuestra una vez más la seriedad con la que la comunidad internacional se toma el asunto de Israel, pasando de las palabras a los hechos.
Y hay más buenas noticias: cinco empresas que figuraban anteriormente en la lista fueron eliminadas después de que la Oficina determinará que su participación en las actividades pertinentes había finalizado.
Esto es importante porque sugiere que el mecanismo puede funcionar: un escrutinio constante puede influir en el comportamiento empresarial, y apoyar la ocupación ilegal de Palestina por parte de Israel puede tener un precio.
Como era de esperar, la lista actualizada ha sido bien recibida por las organizaciones palestinas e internacionales de derechos humanos, aunque, con razón, insisten en que dichas listas no son suficientes a menos que vayan acompañadas de acciones gubernamentales directas y se amplíen a otras facetas del ejército y la economía israelíes.
Pero antes de centrarnos en lo que hay que hacer, debemos reconocer la importancia de estos informes, especialmente si se tienen en cuenta en el contexto más amplio de las iniciativas globales destinadas a aislar a Israel ya su liderazgo extremista.
En primer lugar, la actualización de 2026 demuestra el compromiso institucional continuo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. La base de datos no fue una iniciativa puntual impulsada por presiones políticas temporales. Su constante expansión y revisión evidencian que la participación empresarial en el sistema de asentamientos ilegales de Israel sigue siendo objeto de escrutinio internacional.
En segundo lugar, la incorporación de 61 empresas refleja una exhaustiva investigación y seguimiento por parte de la ONU, respaldados por información de la sociedad civil palestina y organizaciones de derechos humanos. Por lo tanto, la base de datos no es meramente simbólica: documenta las redes corporativas internacionales que sustentan y se benefician del proyecto de asentamientos israelíes.
En tercer lugar, la exclusión de cinco empresas sugiere que el mecanismo puede dar resultados. Su impacto dista mucho de lo que los palestinos necesitan, pero estas exclusiones indican que las empresas pueden cesar sus actividades pertinentes y, posteriormente, ser eliminadas de la base de datos.
La lista también proporciona a la sociedad civil información fidedigna para campañas de rendición de cuentas y boicot. Y lo que es más importante, puede contribuir a que estos esfuerzos trasciendan las decisiones individuales de los consumidores y se traduzcan en acciones por parte de gobiernos, instituciones financieras y organismos reguladores.
Esto cobra especial relevancia ahora que los gobiernos occidentales comienzan a tomar sus propias medidas.
El 8 de septiembre, doce países —Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido— anunciaron su intención de introducir restricciones nacionales o apoyar las restricciones europeas al comercio con los asentamientos israelíes ilegales. Gran Bretaña fue más allá, prohibiendo los productos procedentes de los asentamientos y tomando medidas contra las empresas implicadas en su construcción.
La importancia de esto era innegable. Potencias como Gran Bretaña, Francia y Canadá ya no se limitaban a condenar la expansión de los asentamientos; Comenzaban a atribuirle consecuencias económicas.
Pero aquí radica el problema: los informes, las bases de datos y las sanciones siguen siendo insuficientes —y corren el riesgo de volverse inútiles— a menos que vayan acompañados de una supervisión constante y prácticas.
¿De qué sirven las sanciones si no se aplican, se amplían y van acompañadas de presión política capaz de cambiar el comportamiento de Israel?
Las decisiones, las listas y las amenazas son armas de doble filo. Pueden convertirse en plataformas de lanzamiento para una acción política sostenida y significativa, o pueden utilizarse para apaciguar a la sociedad civil, permitiendo a los políticos ganar tiempo y votos sin necesidad de realizar cambios políticos fundamentales.
Sin embargo, existe una manera de distinguir entre ambos.
Un grupo de seguimiento internacional independiente, integrado y respaldado por figuras de la sociedad civil con reconocida autoridad moral, podría realizar un seguimiento sistemático de los gobiernos que se han comprometido con sanciones, boicots o restricciones comerciales: qué se prometió, qué se implementó, qué lagunas persisten y si las medidas están produciendo consecuencias tangibles.
La vigilancia de estos gobiernos se está volviendo casi tan importante como la vigilancia del propio Israel.
El mismo principio se aplica a los informes de la ONU. Las organizaciones de la sociedad civil palestinas e internacionales deben incorporar sus conclusiones al creciente movimiento mundial de boicot y rendición de cuentas, mientras que los gobiernos deben garantizar que las empresas bajo su jurisdicción no contribuyan a las actividades de asentamientos ilegales.
Dado que Israel continúa su ofensiva genocida contra Gaza al tiempo que acelera la expansión de los asentamientos y las medidas de anexión en Cisjordania, ninguna medida de estas por sí sola será suficiente. Sin embargo, establezca pasos importantes en la dirección correcta.
Los palestinos esperan —y merecen— mucho más que lo mínimo indispensable. La situación en los territorios ocupados es demasiado urgente para la política simbólica. Cada día que pasa debería traer consigo una mayor rendición de cuentas: otra restricción, otra desinversión, otra sanción, otra consecuencia política o económica.
Durante décadas, Israel ha operado bajo la premisa de que es prácticamente intocable: que la condena seguirá siendo retórica, que los informes quedarán en el olvido y que los gobiernos occidentales, en última instancia, retrocederán cuando la presión significativa se vuelva políticamente costosa.
Esa suposición debe terminar.
Para que la mentalidad israelí cambie, las consecuencias de la ocupación, la anexión y el genocidio deben ser innegables. Las sanciones no pueden limitarse a ser anunciadas; deben aplicarse. Los boicots no pueden ser meramente simbólicos; deben tener un costo económico. El derecho internacional no puede invocarse sin más; debe tener consecuencias.
Por lo tanto, la verdadera medida de estas iniciativas no reside en cuántas empresas aparecen en una lista ni cuántos gobiernos anuncian sanciones. La verdadera medida reside en si estas acciones logran, finalmente, imponer a Israel un precio político y económico lo suficientemente alto como para que la ocupación, la anexión y el genocidio se vuelvan insostenibles.
Ramzy Baroud es periodista, autor y editor de The Palestina Chronicle. Es autor de ocho libros. Su último libro, « Before the Flood », fue publicado por Seven Stories Press. Entre sus otros libros se encuentran «Nuestra visión para la liberación», «Mi padre era un luchador por la libertad» y «La última tierra». Baroud es investigador sénior no residente en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales (CIGA). Su sitio web es www.ramzybaroud.net
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