Lejos de estabilizar, estas recetas liberales han agravado las condiciones materiales de los trabajadores y sectores populares.
Por Ernesto Vílchez | 20/05/2026
Bolivia vive desde principios de mayo una ola de protestas masivas que ha paralizado carreteras, generado enfrentamientos en La Paz y El Alto, y elevado la demanda central: la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. Mineros cooperativistas, la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos, transportistas, maestros y sectores indígenas afines a Evo Morales han bloqueado rutas, detonado dinamita en manifestaciones y enfrentado a la policía con gases lacrimógenos. Lo que comenzó como demandas sectoriales —aumento salarial del 20%, combustible y derogación de leyes controvertidas— se ha convertido en un rechazo frontal al modelo económico impulsado por Paz en sus seis meses de gestión.
Contexto de una crisis heredada y profundizada
Bolivia arrastraba una grave crisis económica al final del ciclo del MAS (Movimiento al Socialismo) por su giro liberal. En 2025, la inflación alcanzó picos cercanos al 20-25%, el PIB se contrajo alrededor del 2%, hubo escasez crónica de dólares y combustible, y la pobreza afectaba a más del 40% de la población, con informalidad laboral superior al 75-80%. Las reservas internacionales estaban bajo presión y el crecimiento era prácticamente nulo.
Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, asumió el 8 de noviembre de 2025 tras ganar en segunda vuelta con un discurso de desregulación, atracción de inversión privada, reducción del gasto público, eliminación de subsidios y apertura al mercado. Medidas concretas incluyeron la abrogación de impuestos a grandes fortunas, transacciones financieras y otros gravámenes que favorecían al sector privado; intentos de reforma agraria (como la Ley 1720, acusada de afectar la pequeña propiedad); decretos para liberalizar exportaciones y participación privada en sectores estratégicos como electricidad; y recortes en subsidios a combustibles que dispararon los precios.
Lejos de estabilizar, estas recetas liberales han agravado las condiciones materiales de los trabajadores y sectores populares.
La inflación y la pérdida de poder adquisitivo son notables. Aunque el gobierno reporta una baja en la inflación interanual a alrededor del 14% en algunos meses de 2026, el costo de vida (especialmente alimentos y transporte) sigue erosionando salarios. El aumento del salario mínimo anunciado no compensa la devaluación real ni el impacto de la eliminación de subsidios, que duplicó o triplicó precios de gasolina y diésel en algunos casos.
La escasez y los bloqueos son constantes. La crisis de combustibles persiste, afectando directamente a transportistas, mineros (que necesitan explosivos y diesel) y productores agrícolas. Los bloqueos actuales agravan una situación que ya generaba filas interminables y contrabando.
El desempleo, la informalidad y la precarización no paran de crecer. Con proyecciones del Banco Mundial de una contracción del PIB del -3,2% en 2026 (la peor de la región), el empleo formal se resiente. Las reformas laborales propuestas (modernización de la Ley de 1939) son vistas por sindicatos como un intento de flexibilización que reduce protecciones, similar a modelos neoliberales en otros países. La informalidad, ya altísima, se profundiza ante la falta de inversión productiva que llegue a los trabajadores.
Estos indicadores tienen un duro impacto en sectores populares. Campesinos e indígenas enfrentan reformas que, según sus organizaciones, favorecen al agronegocio y al capital transnacional en detrimento de la pequeña propiedad y la soberanía sobre recursos. La COB y otros gremios denuncian que el ajuste fiscal recae sobre los más vulnerables, mientras se otorgan beneficios tributarios a empresarios.
Las protestas: de demandas económicas a cuestionamiento político
Las movilizaciones, con más de 20 bloqueos activos en mayo, han causado pérdidas económicas millonarias, interrupciones en servicios de emergencia y violencia en las calles. Sectores como los mineros y los “ponchos rojos” lideran acciones directas. La llegada de marchas desde regiones afines a Evo Morales ha elevado la temperatura, con consignas explícitas de renuncia.
El gobierno responde con operativos de “corredor humanitario”, denuncias de grupos armados en las protestas y apoyo internacional (incluido de EE.UU.). Críticos desde la izquierda argumentan que las políticas de Paz —austeridad, apertura y alineamiento con mercados— representan un retorno al neoliberalismo que ya fracasó en décadas pasadas, priorizando equilibrios macroeconómicos sobre las necesidades inmediatas de los trabajadores.
A seis meses de gestión, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta su prueba más dura. Sus defensores sostienen que hereda un desastre y que las reformas necesitan tiempo para atraer inversión y estabilizar. Sin embargo, para millones de bolivianos, el “capitalismo para todos” se traduce en mayor pobreza, inflación que devora salarios y un Estado que retira protección en lugar de ampliarla.
Las protestas no solo cuestionan medidas específicas, sino el rumbo económico. Bolivia, con su historia de ciclos de bonanza y crisis, vuelve a mostrar que los ajustes estructurales sin consenso social generan resistencia fuerte. El desenlace dependerá de si el diálogo logra frenar la espiral de conflicto o si la polarización profundiza la inestabilidad. Mientras tanto, los trabajadores pagan el costo más alto de una transición que prometía prosperidad pero entrega, por ahora, más sufrimiento material.
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