Pintan bastos para la izquierda

La proliferación de juicios mediáticos altera de forma directa la motivación del simpatizante de izquierdas.

Por José Luís Carpintero | 27/05/2026

Políticamente “pintan bastos” para la opinión pública de izquierda, la acumulación de escándalos judiciales —encabezados por la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el complejo horizonte procesal de figuras clave como José Luis Ábalos y Santos Cerdán— no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que reconfigura por completo la dinámica política que se presenta eminentemente defensivo de alta vulnerabilidad. Las encuestas previas ya reflejaban un desgaste severo del bloque progresista, situándolo por detrás de la derecha y con una notable fragmentación a la izquierda del PSOE.

En este contexto, los efectos de la judicialización penalizan de manera asimétrica, por una parte boquean la capacidad de atraer nuevos votantes, pues la imputación de Zapatero y el entorno judicial de Ábalos y Cerdán tienden a reorganizar las narrativas internas en lugar de alterar la correlación de fuerzas de manera positiva; por otra parte se genera un comportamiento ambivalente, en el que parte del electorado más fiel tiende a «cerrar filas» con el PSOE ante el temor de una mayoría de PP y Vox.

Por otra parte, los menos ideologizados o desencantados optan por la inhibición ante la pérdida de ejemplaridad institucional. La posición para las fuerzas a la izquierda del PSOE se vuelve sumamente compleja, debiendo equilibrar la supervivencia electoral con la distancia moral, por ello del apoyo inicial con matices ante lo que el PSOE etiqueta como persecución o «lawfare», surgen de inmediato dudas, tensiones y peticiones de explicaciones, y el objetivo prioritario de socios como Sumar o Podemos es evitar quedar arrastrados por el desgaste reputacional del partido mayoritario, lo que les lleva a intentar marcar un perfil propio, exigiendo responsabilidades y limpieza institucional para no alienar a sus bases, aunque la excesiva fragmentación debilita la solidez de todo el espacio.

Sin embargo la proliferación de juicios mediáticos altera de forma directa la motivación del simpatizante de izquierdas, le causa fatiga política e impotencia, si el debate se centra exclusivamente en los juzgados, se activa el escepticismo ya que percibe que «las decisiones las toman los jueces y no la política», lo que incrementa las posibilidades de “volverse pasota”, y esa desmotivación no le lleva a transferir significativamente su voto hacia la derecha, sino que deja de interesarse en los avatares políticos, y el incentivo de apoyo a la izquierda cae drásticamente.

Junto a ello el foco de atención pública se desplaza de las medidas tangibles (como las políticas de vivienda o protección a los colectivos vulnerables) hacia la crisis judicial y esta “distracción política”, representa uno de los daños colaterales más graves para la izquierda, ya que cualquier anuncio social corre el riesgo de ser recibido con escepticismo o interpretado como una maniobra defensiva o electoralista, restándole efectividad comunicativa frente a una oposición que aprovechará el escenario para denunciar el agotamiento del Ejecutivo “progresista”. Si el caso se percibe como grave, puede reforzar el desgaste del PSOE, al desmovilizarse o castigar al bloque del gobierno, por desgaste y pérdida de credibilidad; si se interpreta como una ofensiva judicial discutible, puede movilizar a parte del sector socialista, por miedo a la alternativa, que intentará reactivar el voto útil con el mensaje de que dispersar el voto a la izquierda solo facilita una mayoría de la derecha. Para los sectores de izquierda alternativa esta dinámica puede reforzar el voto útil hacia el PSOE, pero no necesariamente recuperar apoyo perdido en el conjunto de la izquierda.

Frente a ellos PP y VOX aprovecharan la imputación para reforzar la idea de que el Gobierno está agotado y que el voto al PSOE ya no garantiza limpieza ni estabilidad. El aumento de la  polarización y las apelaciones al miedo al adversario ocasiona un menor espacio para propuestas, lo que suele beneficiar al partido mas importante del bloque, pero castiga a las fuerzas pequeñas de la izquierda si la gente decide concentrar el voto o, al contrario, si se desengaña y se queda en casa. El pasotismo aumenta más cuando el caso se presenta como opaco, técnicamente complejo o moralmente decepcionante, porque el votante de izquierda no ve una recompensa clara por participar. También crece cuando la izquierda aparece dividida o sin un relato común: ahí la judicialización no une, sino que refuerza la idea de desgaste y desconcierto.

En ese contexto, el voto útil pierde fuerza porque la gente duda de que concentrar el voto sirva para cambiar algo. Si la izquierda alternativa, en un ambiente tan polarizado y emocional, quiere mantener la atención en sus proclamas de este votante fatigado e indeciso, está obligada a mutar drásticamente su estrategia comunicativa hacia una reducción de la complejidad para condensar las propuestas en  pocos ejes claros  que conecten con problemas cotidianos, sin perder el contenido sustantivo.

El objetivo es que el votante fatigado o indeciso pueda responder a una sola pregunta: ¿qué cambia esto en mi vida?, (ej. salarios, vivienda, protección social) formulados bajo la estructura de acción-beneficio. El objetivo es ofrecer certezas materiales frente al ruido de los tribunales. Pero esta medida debe ir acompañada con mantener para el público de izquierda informado, de un sustrato de rigor (memorias económicas, viabilidad institucional y plazos) accesible en webs y debates sectoriales. Si se simplifica en exceso eliminando el rigor, se penaliza el apoyo de los sectores más críticos e informados, que detectarían populismo vacío. En mi opinión, si queremos reducir el impacto que están causando las causas judiciales, la izquierda debería seguir las siguientes directrices:

1. Separar de  forma clara y transparente  la  investigación  (que es  contra  personas concretas)  de  las  políticas  públicas que  son  independientes  y  auditables.

2. Reforzar la transparencia  publicando  calendarios  y  métricas  de  ejecución  de programas  sociales  y  de  vivienda  (plazos,  beneficiarios,  gastos).

3. Auditorías  externas,  rápidas e independientes  sobre  la  gestión  de  fondos vinculados  a  políticas  de  vivienda  para  demostrar  control, si los medios atribuyen  la  crisis  al  Gobierno,  el  mensaje  oficial  suena  defensivo  o contradictorio.

4. Priorizar y acelerar medidas  de  impacto  visible  y  de  corto  plazo  (alquileres sociales,  moratorias,  plazas  de  emergencia)  evitando contradicciones internas: si el mensaje público es simple pero el programa técnico es opaco, el votante informado detecta populismo y lo penaliza.

5. Mensajes  repetidos y  consistentes que  comuniquen  resultados  y  respondan a preguntas  concretas, sin simplificar hasta el vacío: cada idea fuerza debe tener un “por qué” y un “cómo” accesible. El doble nivel se ve cuando el  mensaje público  es breve, con un verbo de acción y un beneficio claro y el  mensaje técnico  ofrece datos, cronogramas y mecanismos de financiación. No hay contradicción entre niveles: el resumen no niega el detalle, solo lo condensa.

6. Alianzas  con  ONG  y  entidades  locales, implicándolas  en  la  supervisión  y distribución de medidas   para  aumentar  la legitimidad. Priorizar  medidas inmediatas  de  alivio  (moratoria,  ayudas  directas,  albergues).

7. Gestionar la reputación dañada  admitiendo  problemas  . Sin cambios palpables y verificados, las actuaciones serán vistas con escepticismo; con medidas rápidas, transparentes y supervisadas, pueden recuperar credibilidad.