El presidente legítimo permanece secuestrado en territorio estadounidense, enfrentando un juicio farsa montado sobre acusaciones prefabricadas.
Por Javier Siscart | 3/05/2026
El 3 de mayo se cumplieron exactamente cuatro meses desde que el imperialismo estadounidense invadió Caracas y secuestró al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. Un secuestro flagrante, una violación grosera del derecho internacional y un acto de agresión contra la soberanía de un pueblo. Esta ilegalidad no puede ni debe dejar de denunciarse. No puede caer en el olvido.
El 3 de enero, comandos estadounidenses irrumpieron en la residencia presidencial, asesinaron a decenas de funcionarios y militares venezolanos que cumplían con su deber de proteger al jefe de Estado y extrajeron a Maduro y a la primera dama como si fueran trofeos de guerra. Desde entonces, el presidente legítimo permanece secuestrado en territorio estadounidense, enfrentando un juicio farsa montado sobre acusaciones prefabricadas. El mundo entero, a través de voces como la del relator especial de la ONU Ben Saul y la Comisión Internacional de Juristas, ha condenado esta acción como una “agresión ilegal” y un “vandalismo internacional”. Imperialismo en estado puro, derrocamientos de gobiernos que no se someten a sus dictados.
Mientras tanto, en Venezuela, el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez parece haber optado por una estrategia de ‘pragmatismo’ sospechoso. Para este Gobierno, la liberación inmediata e incondicional de Nicolás Maduro y Cilia Flores no parece ser una prioridad absoluta. Las declaraciones iniciales de denuncia han ido diluyéndose en un discurso cada vez más tibio, mientras que las gestiones concretas para exigir el regreso del presidente legítimo brillan por su ausencia. ¿Dónde están las movilizaciones, las demandas ante tribunales multilaterales, las presiones diplomáticas firmes y sin fisuras? Pareciera que para algunos, la ‘estabilidad’ pesa más que la dignidad de la patria y la libertad de su líder.
Peor aún: el nuevo Gobierno interino ya ha anunciado públicamente su intención de normalizar relaciones con Estados Unidos. Una ‘normalización’ que, según todas las evidencias, solo puede lograrse a costa de someterse a las exigencias de Washington: levantar sanciones a cambio de privatizar la gestión de la industria petrolera, entregar el control de recursos estratégicos, expulsar la cooperación internacional antiimperialista y aceptar la supervisión directa de los asuntos internos venezolanos. En otras palabras, entregar la soberanía venezolana en bandeja de plata. ¿Esto es defender la Revolución Bolivariana? ¿Esto es honrar la memoria del Comandante Chávez y la lucha de Nicolás Maduro? No. Esto es capitulación disfrazada de ‘realismo político’.
Cuatro meses después del secuestro, el pueblo venezolano no olvida. Los millones de chavistas, patriotas y revolucionarios sabemos que Nicolás Maduro es y seguirá siendo el presidente legítimo de Venezuela. Su secuestro no lo despoja de su investidura moral ni constitucional. Exigimos su liberación inmediata, el cese de la agresión yanqui y el respeto absoluto a la autodeterminación de nuestro pueblo.
No permitiremos que esta barbarie se normalice. No permitiremos que el olvido o la conveniencia política borren este crimen. La lucha continúa.
Se el primero en comentar