El drama migratorio actual no puede desvincularse del neocolonialismo. Los países desarrollados, que saquean recursos de sus antiguas colonias para mantener sus economías, perpetúan desigualdades estructurales que fuerzan a millones a abandonar sus hogares.
Por Isabel Ginés | 21/12/2024
La necropolítica, concepto acuñado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, expone cómo el poder estatal se manifiesta en la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Este marco teórico analiza cómo las vidas de ciertas poblaciones son consideradas desechables bajo sistemas de gobernanza que perpetúan desigualdades, violencia y explotación. Para Mbembe, la soberanía última se ejerce no solo controlando la vida, sino también administrando la muerte, relegando a grupos marginados a condiciones de vulnerabilidad extrema y exponiéndolos a lo que él denomina “espacios de muerte”, como zonas de guerra, campos de concentración y territorios ocupados.
En el contexto migratorio, la necropolítica se cristaliza en las políticas que condenan a las personas migrantes a rutas peligrosas, desprovistas de derechos y protección. Las fronteras militarizadas, los obstáculos legales al asilo y la criminalización de la migración sin documentos generan un dispositivo que gestiona la migración forzada a través de violencia estructural. Como explica De Génova (2002), estos mecanismos aseguran que los más pobres y marginados enfrenten riesgos letales mientras intentan cruzar fronteras que se han convertido en trampas mortales.
La tragedia en la ruta migratoria canaria es un ejemplo doloroso de esta dinámica. Según Caminando Fronteras, cerca de 2.000 personas han perdido la vida en lo que va de año intentando llegar a Europa desde el noroeste de África. Este fenómeno no es una mera casualidad ni resultado de accidentes inevitables: es la consecuencia directa de políticas migratorias que priorizan la seguridad fronteriza sobre la vida humana. La Unión Europea, mediante instrumentos como FRONTEX y acuerdos con países como Marruecos, Libia o Turquía, externaliza el control migratorio a actores que a menudo violan sistemáticamente los derechos humanos.
Sheila García señala con precisión la conexión entre discurso y práctica necropolítica: “Los discursos de odio y las retóricas que estigmatizan, deshumanizan y demonizan al colectivo inmigrante son una palanca necesaria para la necropolítica. La permisividad en el discurso público a ideas y prejuicios contrarios a la inmigración es consustancial al formato necropolítico de gestión de las migraciones en la Unión Europea. Este trabajo, inspirado en las aportaciones de Achille Mbembe y Judith Butler, reflexiona sobre la configuración del sentimiento antinmigrante que, articulado a través de la violencia simbólica que atraviesa medios de comunicación y redes sociales, repercute en la creciente vulnerabilidad que afecta a este colectivo”.
El drama migratorio actual no puede desvincularse del neocolonialismo. Los países desarrollados, que saquean recursos de sus antiguas colonias para mantener sus economías, perpetúan desigualdades estructurales que fuerzan a millones a abandonar sus hogares. Este expolio, acompañado por intervenciones militares, guerras y gobiernos corruptos apoyados por intereses externos, alimenta la crisis migratoria global.
Las muertes en el mar, lejos de ser inevitables, son asesinatos, como denuncian activistas y colectivos de derechos humanos. Si existieran rutas legales y seguras, se evitarían tragedias como las vividas en el Mediterráneo o el Atlántico. En lugar de ello, los gobiernos europeos invierten en tecnologías como el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) o en organismos como FRONTEX, que enfrentan múltiples denuncias por abusos contra personas migrantes, en lugar de dotar de recursos a sistemas de salvamento marítimo que podrían salvar vidas.
La necropolítica establece que, para los sistemas de poder, algunas vidas tienen valor y otras son consideradas desechables. Esto se observa con crudeza en las políticas que gestionan la migración: se deja morir a quienes no encajan en el modelo neoliberal, a los “inútiles” o “desechables”. Estas dinámicas no solo reflejan desigualdades económicas, sino que también exponen la dimensión ética de un sistema que sacrifica vidas humanas en nombre de la seguridad y el control.
El caso de la ruta migratoria canaria no es una excepción, sino una manifestación más de un sistema que utiliza la muerte como herramienta de gobernanza. Mientras no se implementen políticas basadas en la justicia social y el respeto a los derechos humanos, las tragedias continuarán siendo el reflejo de un sistema global que privilegia la riqueza de unos pocos a costa de la vida de muchos.
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