El historial de las acciones represivas del Estado indio en Cachemira es largo y está bien documentado, remontándose a décadas antes de que Modi accediera al poder
Por Somdeep Sen / Viento Sur
La parte de Cachemira controlada por India es una de las zonas más densamente militarizadas del planeta, y toda manifestación pública de la lucha nacional persistente del pueblo cachemir choca con una respuesta represiva rápida, violenta e indiscriminada. Esta manera de silenciar se extiende asimismo a la esfera de la opinión.
La opinión pública dominante en India considera que toda referencia a los derechos y las aspiraciones de Cachemira, sea oral o escrita, es una manifestación de fundamentalismo, radicalismo o terrorismo (de inspiración paquistaní). El gobierno nacionalista hindú de derecha dura, presidido por Modi, ha elevado este envilecimiento del pueblo cachemir a nuevas cotas.
Una historia de represión
El historial de las acciones represivas del Estado indio en Cachemira es largo y está bien documentado, remontándose a décadas antes de que Modi accediera al poder. En 1993, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe titulado Rape in Kashmir: A Crime of War [Violaciones en Cachemira: un crimen de guerra], donde denunciaba que las fuerzas de seguridad indias actuaban rutinariamente contra civiles en su intento de sofocar la lucha por la independencia de Cachemira y utilizaban la violación como arma de contrainsurgencia.
El informe concluyó que las fuerzas de seguridad trataban de “castigar y humillar a toda la comunidad” mediante la violencia sexual sistemática contra las mujeres. Otro informe de HRW, publicado el mismo año, documentó la tortura rutinaria de detenidos cachemires, así como el acoso y la agresión al personal sanitario que prestaba cuidados. De acuerdo con los autores y autoras del informe, las autoridades indias incluso “impiden que los conductores de ambulancias trasladen a personas heridas a los hospitales para ser atendidas de urgencia”.
La impunidad con la que las fuerzas armadas indias han actuado en el Valle de Cachemira está amparada legalmente en la Ley de las fuerzas armadas (poderes especiales). Este documento legislativo les otorga poderes de emergencia para mantener el orden público en las llamadas zonas revoltosas. Poderes que según organizaciones de la sociedad civil violan el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Existen muchísimas pruebas de ello. Junto con el peaje reconocido de muertes de civiles está la práctica de la desaparición forzosa de hombres cachemires. Activistas de defensa de los derechos humanos calculan que entre 1988 y 2007 desaparecieron de ocho a diez mil personas, de las que alrededor del 60 % eran civiles. La gente llama semiviudas a las viudas de los desaparecidos, que en muchos casos no son declarados oficialmente fallecidos hasta décadas después de su desaparición. También se han descubierto fosas comunes no señalizadas en Cachemira. Testigos oculares afirman que dichas fosas se excavaron siguiendo instrucciones de las fuerzas de seguridad indias y que contienen los cadáveres de los hombres desaparecidos.
Cegar y silenciar
Desde que Modi está en el poder, la represión en Cachemira se ha endurecido todavía más. Las fuerzas de seguridad utilizan desde 2010 escopetas de perdigones como arma supuestamente no letal para el control de multitudes. Tan solo en 2016 dispararon 1,2 millones de perdigones metálicos en respuesta a las manifestaciones que hubo en el valle. Los perdigones dejaron seis mil personas heridas, 782 de ellas en los ojos. La periodista Mirza Waheed calificó está práctica en The Guardian de “privación masiva de la vista”.
Una joven estudiante con la que hablé en Mumbai describe la situación en el Estado:
Ya no se producen tantos lanzamientos de piedras, pero si ocurre algo, los soldados indios capturan de inmediato al primero o primera que ven. Te detienen, te quitan los papeles, el pasaporte. De hecho, en algunos casos requisarán tus propiedades. Esto es normal en Cachemira.
En 2019, el parlamento indio revocó los artículos 370 y 35A de la constitución del país, que consagraban la autonomía de Jammu y Cachemira. Sobre todo, el artículo 35A autorizaba a la asamblea legislativa cachemir a “definir a las personas residentes permanentes”. En efecto, esto le permitía mantener la identidad chachemir del valle. En Estado indio ha emprendido un esfuerzo concertado por asentar a comunidades no cachemires en la región a fin de alterar su composición demográfica.
Al amparo de la Ley de seguridad pública de Jammu y Cachemira, que permite las detenciones preventivas, las autoridades han lanzado redadas y detenido arbitrariamente a políticos, activistas y periodistas. En 2022, periodistas progubernamentales colaboraron con la policía en el asalto y la clausura de los locales del Club de Prensa independiente de Cachemira.
India también se ha convertido en el país que más veces ha cerrado Internet, ya que es responsable del 58 % de todas las disrupciones en todo el mundo. Entre enero y febrero del año pasado, Jammu y Cachemira sufrió 49 disrupciones, incluidas “16 órdenes consecutivas de cierre de tres días al estilo toque de queda”.
Intoxicación de las aspiraciones de Cachemira
La represión física y legal se complementa con un esfuerzo por tachar de tóxico todo apoyo a los derechos de Cachemira. El sociólogo Mark Ayyash ha escrito sobre la intoxicación de la crítica palestina, un proceso en el que la lucha nacional palestina es “expulsada del reino del conocimiento válido, racional y respetable”. Existe un tipo similar de intoxicación en el caso de Cachemira.
Una forma de intoxicación consiste en tachar a quienes apoyan a Cachemira de antinacionales. En 2020, la policía fichó a la fotoperiodista cachemir Masrat Zahra con arreglo a la Ley de prevención de actividades ilegales (UAPA), acusándole de implicarse en actividades antinacionales. Dicha ley permite al Estado suprimir toda actividad que se considere contraria a los intereses, la integridad y la soberanía del Estado. También acusaron a Zahra de “intenciones criminales de inducir a la juventud” a través de sus publicaciones en Facebook, que en su mayor parte consisten en archivos de su obra publicada con anterioridad.
La Agencia Nacional de Investigación (NIA), especializada en antiterrorismo, invocó asimismo la UAPA contra Khurram Parvez, coordinador de la Coalición de la Sociedad Civil de Jammu y Cachemira (JKCCS) y presidente de la Federación Asiática contra las Desapariciones Involuntarias (AFAD). Acusaron a Parvez de una serie de delitos como conspiración criminal, conspiración para declarar la guerra contra el gobierno de India y recaudación de fondos para financiar actividades terroristas. Una coalición de organizaciones de defensa de los derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y Front Line Defenders, denunciaron las acusaciones vertidas contra Parvez calificándolas de intento de “silenciar e intimidar a quienes defienden los derechos humanos”.
El mismo proceso de intoxicación se aplica a la palabra escrita, con artículos tanto académicos como periodísticos que equiparan la lucha de Cachemira con el terrorismo o con la “guerra por delegación” de Pakistán. No ofrecen ninguna empatía sustancial con la defensa de los derechos y la aspiración a la soberanía de Cachemira.
Una reseña de Sumit Ganguly en Foreign Policy del libro Hostile Homelands: The New Alliance Between India and Israel, del periodista Azad Essa, aporta un ejemplo reciente. En su relato sobre la politica en Cachemira, Essa sitúa la lucha nacional en primer plano. Sin embargo, Ganguly se apresura a tachar esto de “polémico” y “unilateral”, acusando a Essa de hacerse eco de una “gastada narrativa paquistaní” sobre Cachemira.
Una ley que desaparece
Cuando India agasajó recientemente a las y los asistentes al G20 en su gira turística por Cachemira, pretendía mostrar al mundo que el gobierno de Modi había traído la normalidad, la paz y la prosperidad al valle. Sin embargo, en fuerte contraste con este montaje, los jóvenes estudiantes cachemires con los que hablé temían la constante violencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Les preocupaba que los retuvieran en el aeropuerto para una comprobación aleatoria de su identidad o simplemente los hicieran desaparecer en su viaje a casa.
También eran conscientes de que la facilidad con la que simplemente pueden desaparecer refleja la manera en que el Estado indio ha obrado para que desaparezca la totalidad de la lucha nacional de Cachemira. En un país que ha virado bruscamente a la derecha bajo el gobierno de Modi, no es extraño que el pueblo cachemir, junto con periodistas críticos y activistas políticos, estén en el punto de mira. Después de todo, son los únicos que obstaculizan la implantación en India de un régimen plenamente autoritario.
16/07/2023
Traducción: viento sur
Somdeep Sen enseña Relaciones Internacionales en la Universidad de Roskilde, Dinamarca.
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