Nacionalización y vanguardia

Por Bruno Daimiel

Hace una semanas conocíamos la noticia de que la multinacional ALCOA había decido cerrar diversas plantas de aluminio en Galiza y Asturias poniendo en riesgo la pérdida de más de mil puestos de trabajo. Ante semejante noticia, como era de esperar, la respuesta obrera no tardó en llegar y se decretó la huelga. Tampoco se demoró la respuesta de diferentes organizaciones políticas que una vez más sacaron a relucir consigna de la nacionalización.

Las sucesivas crisis financieras del capital traen consigo la desestabilización de la economía de los diferentes países. Ante este hecho, es común encontrar como los gobiernos defensores a ultranza del neoliberalismo retroceden en sus posturas y se resguardan en el Estado.

El propósito de este artículo no es indagar en los motivos o en los detalles del cierre de las plantas así como tampoco en las repercusiones concretas que puede tener sobre las familias trabajadoras, las cuales se deducen como terribles. Sí nos centraremos en la nacionalización como medida de los sectores alienados con el capital para salvaguardar, sobre el papel, los intereses de la clase obrera y la necesidad de reconstituir una vanguardia obrera lejos de las dinámicas políticas de los partidos capitalistas.

La nacionalización, así como cualquier otra reforma, debe ir acompañada de un movimiento revolucionario dirigido por un partido revolucionario, sino solo servirá a la reacción y a la recomposición del Estado burgués.

Los gobiernos capitalistas ante la nacionalización.

El Estado español recoge en el artículo 33 de la Constitución de 1978, fruto del horizonte común de la burguesía nacional representada por los partidos políticos firmantes y la institución monárquica, la posibilidad de “privar de sus bienes y derechos a la propiedad a los ciudadanos siempre y cuando sea a través de una causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

Huyendo del discurso de la izquierda institucional que reafirman mitin tras mitin que el problema no es la Constitución en sí misma, sino la interpretación realizado por las élites económicas y los sucesivos Gobiernos (como si fueran fuerzas distintas a las mismas que la redactaron),  pretende obviar que su contemplación no es fruto de la casualidad. Mucho menos podemos considerarlo como una victoria arrebatada por la clase obrera durante la Transición. Se trata de una redacción consciente con el objeto de garantizar por cualquier medio la estabilidad  económica capitalista en el territorio español.

Un claro ejemplo lo encontramos con la nacionalización del grupo Rumasa (alrededor de unas 700 empresas, entre las que se encontraban numerosos bancos) el 23 de febrero del 1983 a manos del gobierno de Felipe González por, como señala el artículo, “razones de utilidad pública e interés social”. Se  trataba de “una medida de política económica con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra (…), para garantizar plenamente los depósitos de los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de terceros, que considera gravemente amenazados”. Tras la intervención socialista, salió a la luz un déficit de 1.556 millones de euros (259.000 millones de pesetas) que el Estado no dudó en paliar. Posteriormente, con la vuelta a la estabilidad, los sucesivos gobiernos del PSOE y PP terminaron el proceso de reprivatización de Rumasa, finalizando éste en el año 2002.

Este caso no es más que una pequeña muestra del papel que verdaderamente ejerce el Estado cuando saca a relucir la nacionalización como medida de interés social: actuar como ‘’ángel de la guarda’’ de la burguesía.

Algunos de los casos más recientes fuera de nuestro territorio confirman que este hecho ni mucho menos fue un caso aislado, sino que se trata de una medida consciente de la burguesía internacional. El 17 de marzo de este mismo año el Gobierno francés del neoliberal Emmanuel Macron y su Ministro de Economía y Finanzas Bruno Le Maire, ante la crisis económica derivada de la COVID-19, abría la puerta a la posibilidad de la nacionalización de las empresas francesas más afectadas por la pandemia o por lo menos a otorgar cuantiosas ayudas para el rescate de Airfrance o Renault. Por otra parte, 7 días más tarde, el Gobierno italiano también anunciaba la intención de nacionalizar la aerolínea Alitalia en acuerdo con los principales sindicatos italianos. Lo propio hizo recientemente EEUU y Alemania con la aprobación de grandes planes de rescate para sus empresas estratégicas de cara a frenar las repercusiones derivadas de la situación sanitaria.

Aunque alejado de la vertiente imperialista bajo la dirección de EEUU, también encontramos al Estado amigo de gran parte de las organizaciones “obreras” de nuestro país, China. El imperialismo emergente chino, pese a las numerosas alabanzas recibidas por parte de los países y organizaciones de su eje, donde la nacionalización no es un debate abierto sino una realidad imperante, vemos como la producción sigue primando sobre la vida de sus trabajadores, al igual que en los de países imperialistas.

La nacionalización no es vista por los gobiernos burgueses como una medida contraria a sus intereses, en todo caso, como una vía a través la cual el Estado puede intervenir para garantizar la estabilidad de la producción capitalista.

El papel que verdaderamente ejerce el Estado cuando saca a relucir la nacionalización como medida de interés social: actuar como ‘’ángel de la guarda’’ de la burguesía.

El papel del Estado en la nacionalización

Es común encontrarnos como un gran número de organizaciones, al lograr “arrebatar” alguna reforma puntual al Estado en beneficio de la clase trabajadora (y entrecomillamos arrebatar debido a que la lucha economicista se asienta en la espontaneidad de los trabajadores y a menudo no requieren de ninguna organización para lograr sus objetivos concretos) éstas olviden el horizonte revolucionario (si es que alguna vez lo tuvieron) y poco a poco se adentren en las dinámicas de la política burguesa.

Como hemos podido observar en el punto anterior, pese a que estas mismas organizaciones nos intentan vender la nacionalización como una medida por y para la clase trabajadora, la realidad es que ésta solo se logra cuando la autocracia presenta los mismos intereses que las organizaciones obreras.

Tal y como decía F.Engels: «El Estado no es, en modo alguno, un Poder impuesto desde fuera a la sociedad; ni es tampoco ‘la realidad de la idea moral’, ‘la imagen y la realidad de la razón’, como afirma Hegel. El Estado es, más bien, un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo; es la confesión de que esta sociedad se ha enredado con sigo misma en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar. Y para que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en una lucha estéril, para eso hízose necesario un Poder situado, aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del ‘orden’. Y este Poder, que brota de la sociedad, pero que se coloca por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella, es el Estado» (El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, 1884).

Continuando la vigencia de las palabras del teórico marxista, el Estado, bajo el dominio capitalista, no deja de ser una herramienta de control de una clase sobre otra. Que éste tome la decisión de intervenir en la economía, en forma de nacionalización, no transforma sus raíces ni lo convierte en un Estado al servicio de los obreros. La consigna de la “nacionalización” como método para salvaguardar los intereses de la clase trabajadora queda vacía de significado cuando ésta surge como meta en el Estado capitalista y no como parte de un proceso revolucionario dirigido por una vanguardia revolucionaria.

A día de hoy,  los partidos de la izquierda institucional, desde la socialdemocracia de IU-PCE, Anticapitalistas y Podemos hasta algunas organizaciones comunistas sin representación pública (y no porque no lo hayan intentado), sacan a relucir esta consigna como elemento aglutinador de los intereses de la clase trabajadora. La historia nos muestra, sin embargo, que participar bajo estas condiciones en el juego de los intereses del gran capital no fomenta más que el fortalecimiento del Estado y de la reacción.

La nacionalización no es vista por los gobiernos burgueses como una medida contraria a sus intereses, en todo caso, como una vía a través la cual el Estado puede intervenir para garantizar la estabilidad de la producción capitalista.

La necesidad de una vanguardia revolucionaria

Hemos concretado que la nacionalización bajo el capitalismo no deja de ser una medida de la herramienta del capital para estabilizar su economía y salvaguardar la producción. Pero, ¿quiere esto decir que debemos rechazar ipso facto cualquier medida similar únicamente porque sea compartida por aquellos que nos gobiernan? Sí y no.

La respuesta positiva a esta pregunta es uno de los errores más comunes dentro de la tendencia izquierdista en nuestro país. Generalmente se da por parte de aquellas organizaciones que firmemente creen ser herederos de las políticas del partido vanguardia de la clase trabajadora pero que ni cualitativa ni cuantitativamente se pueden considerar como tal más que por los propios cuadros que los componen. Por otro lado, la respuesta negativa suele provenir de aquellas “organizaciones obreras” que, aunque cuantitativamente van a la cabeza del resto de organizaciones hace ya muchos años que dejaron de ser un referente para los obreros para entrar a formar parte y consolidar el régimen político burgués.

Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta pasa por la necesidad de la creación de un partido revolucionario de vanguardia capaz de dirigir la lucha económica de la clase obrera y lucha política contra la burguesía y el Estado. Lejos de tendencias obreristas, la consigna de la nacionalización no deja de ser una medida encabezada por los partidos del capital que, independientemente de la fuerza sindical del país, no tienen un contrincante político que pueda dirigir los intereses de las clases oprimidas.

Pero, ¿quiere esto decir que debemos rechazar ipso facto cualquier medida similar únicamente porque sea compartida por aquellos que nos gobiernan? Sí y no.

Deducimos de estos párrafos que, sin dejar de apoyar aquellas medidas que supongan una mejora concreta de las condiciones de vida de la clase trabajadora, éstas caerán en el olvido y pasaran a formar para de la avanzadilla capitalista si no existe una organización fuerte y conformada por aquellos cuadros revolucionarios más avanzados y que lleven al partido a no olvidar el horizonte revolucionario y la necesidad de la destrucción del orden establecido.

Conclusiones

Mientras continuamos centrando nuestros esfuerzos en apoyar consignas vacías o en autoreivindicarnos como referentes de la clase trabajadora, el tiempo pasa y cada día aumenta la abstención y la desconfianza hacia las instituciones públicas dentro de los barrios obreros. La autoorganización sin la necesidad de sindicatos mayoritarios ni organizaciones políticas muestra la debilidad del movimiento obrero que, por otro lado, posee una experiencia histórica de lucha mayor que en cualquier otra época.

La nacionalización, así como cualquier otra reforma, debe ir acompañada de un movimiento revolucionario dirigido por un partido revolucionario, sino solo servirá a la reacción y a la recomposición del Estado burgués. La necesidad de reconstituir el Partido Comunista es más vital que nunca y debemos estar a la altura de las circunstancias históricas.

‘’…si comenzamos por establecer una fuerte organización de revolucionarios, podremos asegurar la estabilidad del movimiento en su conjunto, alcanzar, al mismo tiempo, los objetivos socialistas y los objetivos propiamente tradeunionistas…’’ (¿Qué hacer? Lenin, 1902).