Las mujeres rurales han trabajado siempre. Han sembrado, cosechado, criado animales, administrado economías familiares y sostenido la vida cotidiana.
Por Isabel Durán Báez | 15/10/2026
15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales.
Cada 15 de octubre se reconoce la contribución de las mujeres rurales a la sociedad. Se habla de su esfuerzo, de su fortaleza y de su capacidad para mantener vivos los pueblos. Se las homenajea por trabajar la tierra, cuidar de sus familias y sostener comunidades enteras. Pero hay una pregunta que rara vez ocupa el centro del discurso: ¿por qué seguimos admirando la capacidad de resistencia de las mujeres en lugar de cuestionar las condiciones que las obligan a resistir?
Las mujeres rurales han trabajado siempre. Han sembrado, cosechado, criado animales, administrado economías familiares y sostenido la vida cotidiana. Sin embargo, una parte fundamental de ese trabajo ha quedado relegada a la invisibilidad. Cuando una mujer trabaja en una explotación familiar sin reconocimiento profesional ni autonomía económica, cuando su jornada no termina al regresar a casa o cuando los cuidados se consideran una obligación exclusivamente femenina, no estamos ante una cuestión de tradición: estamos ante una desigualdad estructural.
La división sexual del trabajo no desaparece en el campo. Se adapta, se transmite entre generaciones y se disfraza de costumbre. A los hombres se les ha reconocido históricamente la condición de trabajadores, propietarios y representantes de la economía familiar; a las mujeres se les ha asignado, además de su contribución productiva, la responsabilidad de cuidar, atender y sostener. Ellos producen; ellas producen y, además, hacen posible que la vida continúe. Y demasiadas veces lo hacen sin que ese esfuerzo se traduzca en independencia, reconocimiento o poder de decisión.
No podemos hablar de igualdad mientras el trabajo de las mujeres siga siendo imprescindible para la sociedad, pero prescindible en las estadísticas, en los salarios y en el reconocimiento económico.
La desigualdad también se manifiesta en el acceso a la tierra, a los recursos, al empleo y a los espacios donde se toman las decisiones. La autonomía económica es una condición fundamental para la libertad, pero resulta difícil construirla cuando las oportunidades laborales son escasas, los servicios públicos se alejan y las responsabilidades familiares recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres. No basta con animarlas a emprender, innovar o liderar proyectos: hay que garantizar las condiciones materiales para que puedan hacerlo.
A esta realidad se suma una cuestión que no siempre se aborda con la contundencia necesaria: la violencia machista en el medio rural. Allí donde los recursos especializados escasean, el transporte público es insuficiente y las redes sociales son estrechas, pedir ayuda puede convertirse en un camino especialmente difícil. El aislamiento, la dependencia económica y el temor al juicio de la comunidad pueden agravar la situación de las mujeres que sufren violencia.
No es que los pueblos sean, por definición, espacios más violentos. Es que ninguna mujer debería encontrar más obstáculos para escapar de la violencia por vivir lejos de una ciudad. La igualdad exige recursos públicos, servicios accesibles y políticas que comprendan las particularidades del medio rural. Exige, además, dejar de tratar la violencia machista como un asunto privado y reconocerla como un problema social y político.
Y mientras tanto, se sigue hablando de la fortaleza de estas mujeres. De su capacidad para sacar adelante a sus familias, de su sacrificio y de su compromiso con sus pueblos. Pero conviene desconfiar de los homenajes que convierten la desigualdad en una virtud femenina. Porque ensalzar el sacrificio de las mujeres puede ser una manera cómoda de evitar que nos preguntemos por qué se les exige tanto y se les garantiza tan poco.
Las mujeres rurales no necesitan que se las convierta en heroínas de una vida llena de renuncias. Necesitan derechos, autonomía económica, corresponsabilidad en los cuidados, acceso a la cultura y a la educación, oportunidades laborales y presencia efectiva en los espacios de poder. Necesitan poder quedarse en sus pueblos sin renunciar a sus proyectos vitales y marcharse sin que esa decisión se interprete como una traición a sus raíces.
También necesitan que dejemos de hablar del medio rural como si fuera un escenario inmóvil, anclado en la tradición y ajeno a las transformaciones sociales. Las mujeres rurales no son guardianas de un pasado que otros idealizan. Son ciudadanas con derecho a decidir sobre su presente y su futuro. Su libertad no puede quedar subordinada a las necesidades de sus familias, a las expectativas de su comunidad ni a la obligación de mantener vivo un territorio a costa de sus propias oportunidades.
La igualdad no consiste en pedir a las mujeres que demuestren que pueden con todo. Consiste en dejar de construir una sociedad que espera que lo hagan todo.
Este 15 de octubre, no quiero quedarme en el homenaje. Quiero reivindicar a las mujeres rurales desde la justicia social y el feminismo; cuestionar las estructuras que invisibilizan su trabajo y exigir políticas que garanticen su libertad. Porque reconocerlas sin transformar sus condiciones de vida es una forma de reconocimiento insuficiente.
Las mujeres rurales no necesitan aplausos por sostener un mundo que demasiadas veces las relega. Necesitan dejar de sostenerlo en condiciones de desigualdad. Y eso no se consigue con discursos, sino con derechos, recursos y una voluntad política real de cambiar las cosas.
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