Montoro convirtió el Ministerio de Hacienda en un chiringuito al servicio de intereses empresariales

La trama de corrupción afecta a los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, y evidencia las corruptelas y la podredumbre del régimen político surgido en la Transición.

Por Sergio Meneses | 20/07/2025

El caso Montoro, destapado tras siete años de investigación bajo secreto de sumario por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, ha sacudido la política española al implicar al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a una red de altos cargos y empresas en una presunta trama de corrupción. Este escándalo, que abarca los gobiernos del Partido Popular (PP) bajo José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018), revela un supuesto esquema de influencias para beneficiar a empresas gasísticas mediante reformas legislativas a cambio de cuantiosos pagos.

¿Cómo funcionaba la presunta trama?

La investigación, iniciada en 2018 tras el hallazgo de correos electrónicos en la empresa Messer Ibérica de Gases, señala al despacho de abogados Equipo Económico (fundado por Montoro en 2006 como Montoro y Asociados) como el eje central de la operación. Según el auto judicial, el modus operandi era claro: empresas, principalmente del sector gasista agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), contrataban a Equipo Económico para lograr reformas legislativas favorables, como rebajas fiscales en el Impuesto Especial sobre la Electricidad (2013) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (2018).

Estas normativas, según el juez, eran redactadas en parte por las propias empresas beneficiadas, evidenciando una externalización indebida de funciones públicas. El despacho, que Montoro dejó en 2008 al retornar a la política, habría recibido 779.705 euros entre 2011 y 2019 de empresas gasísticas, a menudo por informes técnicos elaborados por terceros (como EY) y retocados por Equipo Económico, cuyos honorarios multiplicaban por diez los costos reales.

Los correos intervenidos, como uno que sugería “pagar a Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro”, evidencian el acceso privilegiado al Ministerio de Hacienda, donde Montoro y su equipo ocupaban cargos clave. El juez sostiene que Montoro nombró a personas vinculadas al despacho en puestos estratégicos, garantizando que los anteproyectos de ley y reglamentos se ajustaran a los intereses de los clientes, en detrimento del interés público.

La trama no se limitó al sector gasístico. Según informes de los Mossos d’Esquadra, Equipo Económico también habría influido en favor de empresas eléctricas, renovables y del juego (como Codere, que pagó 679.000 euros entre 2008 y 2012), sugiriendo un alcance mucho mayor que aún está bajo investigación.

Principales implicados a nivel político

El auto judicial imputa a 28 personas y seis personas jurídicas, incluyendo altos cargos del Ministerio de Hacienda y directivos empresariales. A nivel político, los principales nombres son:

Cristóbal Montoro: Exministro de Hacienda (2000-2004 con Aznar y 2011-2018 con Rajoy), socio fundador de Equipo Económico hasta 2008. Es acusado de usar su posición para impulsar reformas legislativas que beneficiaban a los clientes del despacho, ejerciendo un “papel decisivo” en la tramitación de normas.

Miguel Ferre Navarrete: Secretario de Estado de Hacienda (2011-2016), nombrado por Montoro. Su relación con Equipo Económico y su rol en la redacción de leyes favorables a las gasistas están documentados en correos intervenidos.

Pilar Platero Sanz: Subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos (2011-2016), también designada por Montoro. Fue consejera de Equipo Económico y tuvo un papel clave en la coordinación normativa que favoreció a las empresas.

Felipe Martínez Rico: Subsecretario de Hacienda y Función Pública (2016-2018), hombre de confianza de Montoro y exdirector de su gabinete. Su influencia fue crucial para incluir los intereses de las gasistas en los textos normativos.

Diego Martín-Abril Calvo: Director General de Tributos (2012-2016), señalado por su participación directa en reuniones y acuerdos con el sector gasista.

José Alberto García Valera: Sucesor de Martín-Abril en la Dirección General de Tributos (2016-2018), quien pasó a ser socio de EY tras dejar el cargo.

Santiago Menéndez Menéndez: Director de la Agencia Tributaria (2013-2018), hermano de Rogelio Menéndez, recibió pagos de Equipo Económico antes de su nombramiento.

José María Buenaventura Zabala: Director de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda, acusado de solicitar ayuda a las gasistas para redactar artículos legislativos.

Rogelio Menéndez Menéndez: Asesor del gabinete de Montoro (2013-2015) y director económico financiero de Loterías y Apuestas del Estado, participó en reuniones clave con AFGIM.

Óscar del Amo Galán: Subdirector General de Tributos Locales, mantuvo contacto directo con el sector gasista y facilitó reformas tras la intervención de Equipo Económico. Fue cesado en 2025 tras la imputación.

Principales implicados a nivel empresarial

A nivel empresarial, las empresas gasísticas de la AFGIM son las principales beneficiarias de la trama. Estas incluyen a Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Sociedad Española de Carburos Metálicos. Estas compañías, agrupadas en AFGIM, habrían pagado a Equipo Económico para obtener rebajas fiscales y participaron activamente en la redacción de normas.

Varios representantes legales de estas empresas están imputados por su rol en la contratación de Equipo Económico y la entrega de pagos a cambio de favores legislativos. Además, socios de Equipo Económico, como Ricardo Martínez Rico (hermano de Felipe Martínez Rico y presidente ejecutivo del despacho), Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco Piedras Camacho, son investigados por coordinar las estrategias de la consultora para influir en el Ministerio.

Reacciones

El caso Montoro ha generado un terremoto político. El juez Rubén Rus acusa a los implicados de hasta siete delitos: cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

La investigación, que incluye piezas separadas aún bajo secreto, también explora posibles maniobras de Hacienda para entorpecer casos como Gürtel o atacar a rivales políticos, según denuncias de figuras como Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre y Juan Carlos Monedero.

El Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE han aprovechado el caso para contrarrestar críticas por sus propios escándalos, como el caso Koldo-Cerdán, exigiendo explicaciones al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, Montoro ha negado las acusaciones, calificando la investigación como una “tapadera” y desvinculándose del PP, del que se dio de baja tras la imputación. Equipo Económico también ha rechazado pertenecer a ninguna trama, insistiendo en la desvinculación de Montoro desde 2008.

El caso Montoro pone en evidencia un presunto esquema de corrupción institucionalizada que habría convertido el Ministerio de Hacienda en un instrumento al servicio de intereses privados. La trama, articulada a través de Equipo Económico y facilitada por el acceso privilegiado de Montoro y su equipo, plantea serias preguntas sobre la integridad del poder legislativo y la confianza en las instituciones. Con la investigación aún en curso, el caso podría ampliarse, revelando más conexiones entre el poder político y los lobbies empresariales, evidenciando que la corrupción trasciende partidos y afecta al conjunto del régimen político surgido durante la Transición.

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