El PP admite la reunión de su abogado con Koldo, pero niega haber ofrecido un millón de euros para obtener información contra Pedro Sánchez.
Por Joaquín Castro | 10/11/2026
El Partido Popular ha reconocido este lunes que su abogado Alberto Durán se reunió con Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos condenado a casi 20 años de prisión en el caso de las mascarillas. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha admitido el encuentro que otros dirigentes del partido habían negado o minimizado, pero insiste en que es “mentira” que se ofreciera dinero a cambio de declaraciones que pudieran comprometer a Pedro Sánchez o a su entorno.
Según los audios difundidos hace unos días por la Cadena SER desde la cárcel, Koldo sostiene que en dos reuniones celebradas en mayo de 2025 —en un despacho cercano a la sede de Génova— Durán le planteó una rebaja de pena que le permitiera evitar la prisión, sacar a su familia del proceso, el pago de su defensa y un millón de euros adicionales a través de la empresa editora de OkDiario. A cambio, debía aportar información o declaraciones contra el presidente, Begoña Gómez, Zapatero y otras figuras del Gobierno, “aún mintiendo”. Koldo afirma que “Eduardo Inda era el pagador del PP”. El partido y Durán niegan rotundamente la oferta económica.
Lo que sí está documentado es el pago de 242.000 euros (IVA incluido) por parte de Dos Mil Palabras SL, editora de OkDiario, para sufragar la defensa de Koldo. Su abogada, Leticia de la Hoz, aportó las facturas a la Audiencia Nacional. El propio Koldo concedió una entrevista al digital de Inda en la que relataba supuestas corruptelas del entorno de Sánchez. El PP recuerda que pidió 30 años de cárcel para García en el juicio y presenta ese dato como prueba de que no había trato de favor.
La lógica de la guerra sucia
Asistimos a un nuevo episodio de la permanente guerra sucia entre los dos grandes partidos del Régimen del 78. El PSOE y su entorno han utilizado durante años a Koldo y a Ábalos como arietes contra el PP; ahora el PP aparece en el centro de una operación mediático-judicial para conseguir declaraciones que desgasten al Gobierno de Sánchez. Ambos lados practican la misma lógica: convertir a delincuentes condenados o investigados en testigos útiles cuando conviene, y en “mentirosos” cuando no. Las cloacas no son patrimonio de un solo partido.
Koldo ya había insinuado ofertas en su última palabra ante el Tribunal Supremo. Su abogada había anticipado que tenía pruebas de contactos con el PP. El pago documentado de OkDiario —un medio que recibe publicidad institucional de administraciones del PP— añade un elemento concreto a un relato que, de momento, descansa en la palabra de un condenado y en fuentes anónimas. El PP, tras días de negaciones, admite la reunión pero niega el núcleo de la acusación. Es el patrón clásico: reconocer lo que ya no se puede ocultar y desmentir lo que duele.
Un sistema podrido que no se regenera solo
La corrupción no es un accidente ocasional del bipartidismo; impregna todas las esferas de la vida política española desde hace décadas. Casos de financiación irregular, contrataciones amañadas, puertas giratorias, medios de comunicación pagados con dinero público y uso de la Justicia como arma de desgaste se suceden con independencia de quién gobierne. El caso de las mascarillas, el caso Leire, los múltiples sumarios que afectan a ambos partidos y la constante instrumentalización de testigos arrepentidos o comprados forman parte del mismo ecosistema.
El Régimen del 78, nacido de una Transición que priorizó la estabilidad sobre la limpieza, ha demostrado su incapacidad para regenerarse. Los mecanismos de control interno de los partidos, la independencia de los medios y la eficacia de los tribunales no han sido suficientes. Cada escándalo se resuelve con dimisiones puntuales, cambios de relato y la promesa de “regeneración” que nunca llega. La ciudadanía asiste, una y otra vez, a la misma película.
Hace falta un proceso constituyente que limpie de verdad el sistema: separación efectiva de poderes, control estricto de la financiación de partidos y medios, límites a la publicidad institucional, independencia judicial real y mecanismos que impidan que los condenados por corrupción se conviertan en moneda de cambio política. Mientras el bipartidismo siga gestionando la corrupción como un arma de desgaste mutuo en lugar de un problema estructural, el desprestigio de las instituciones continuará y la podredumbre se hará cada vez más insoportable.
El episodio de Koldo y el abogado del PP no es una excepción. Es la regla.
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