El final de la Primera Guerra Mundial provocó un cambio en la atención al desempleo. Este conflicto es fundamental en la Historia y no sólo por cuestiones políticas, sino, también en relación con los aspectos socioeconómicos, con una creciente intervención del Estado en los mismos.
Por Eduardo Montagut
El seguro de desempleo se ha abordado a través de dos modelos en sus orígenes. Esta pieza constituye breve esbozo sobre los mismos.
En el año 1901 apareció el primero de los dos modelos en Gante, donde se creó una Caja de Fondos del Paro municipales que subvencionaba a sociedades mutualistas y sindicatos que eran los que ofrecían el seguro de desempleo a sus afiliados o militantes. Se calcula que la subvención oscilaba entre el 50 y el 75% del total de la prestación. Este modelo se denomina de seguro voluntario de desempleo. Comenzó a extenderse por Europa, ya que lo vemos adoptarse en Francia en 1905, Noruega en 1906 y en Dinamarca al año siguiente. En estos casos, ya de escala nacional, era el Estado el que aportaba las subvenciones a los sindicatos y mutualidades.
El final de la Primera Guerra Mundial provocó un cambio en la atención al desempleo. Este conflicto es fundamental en la Historia y no sólo por cuestiones políticas, sino, también en relación con los aspectos socioeconómicos, con una creciente intervención del Estado en los mismos. En el caso que aquí nos ocupa, el aumento del paro provocado por la crisis económica y por la vuelta de los combatientes, obligó a cambiar el sistema de atención al desempleo. Se optó por un modelo de seguro obligatorio. El Reino Unido lo había adoptado ya antes, en 1911 con la National Insurance Act. Al terminar la contienda lo instauraron Italia, Austria. Alemania, Bulgaria y Yugoslavia, países donde había desde regímenes claramente democráticos con otros fascistas. Estos seguros comenzaron a asegurar a los parados del ámbito industrial y, también del sector servicios, pero terminó por incluir a los trabajadores en paro del sector primario. El servicio era obligatorio y de carácter público, es decir, era gestionado por un organismo del Estado, y no por las mutuas y sindicatos. El servicio se financiaba a través de las cotizaciones de los empresarios y obreros, siendo el Estado el tercer contribuyente. Las prestaciones por desempleo no cubrirían el cien por cien del salario, eran temporales, y el beneficiario debía haber trabajado y cotizado durante un tiempo previo. Este modelo parecía un claro avance en relación con el primero, pero, al parecer, hay datos que permiten suponer que los niveles de cobertura de sistemas voluntarios eran similares, al menos en las primeras épocas, a los de los modelos obligatorios.
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