
Nos venden formas de gestión privada de centros públicos como eficiencia y ahorro, que ya hemos comprobado que terminan generando sobrecostes millonarios.
Por José Luís Carpintero | 12/01/2026
¿Le resulta familiar la espera de meses para una consulta con el especialista? ¿O la creciente dificultad para conseguir una cita con su médico de cabecera? Estos problemas, que afectan a millones de ciudadanos, no son fruto de la casualidad ni de una mala gestión pasajera. Son los síntomas visibles de un problema estructural mucho más profundo.
Lejos de ser inevitables, estas deficiencias se arraigan en un entramado de leyes y decisiones políticas diseñadas a lo largo de décadas. Estas normativas han creado las vías perfectas para desviar fondos públicos hacia intereses privados, debilitando progresivamente el sistema que debería protegernos a todos. En estas líneas intentaré sacar a la luz los mecanismos y realidades más impactantes que están detrás de la privatización de la Sanidad Pública española, para que podamos entender qué está en juego.
El Artículo 90 de la Ley General de Sanidad
La Ley 14/1986, General de Sanidad, constituye el pilar básico del Sistema Nacional de Salud y consagra principios esenciales como la universalidad, la financiación pública y la responsabilidad de los poderes públicos en la organización y tutela de la salud. Sin embargo, el artículo 90 introduce una cláusula de apertura al sector privado al establecer que las Administraciones Públicas sanitarias podrán concertar la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos, es decir, con entidades privadas.
Aunque en el contexto de 1986 esta previsión se justificó como un mecanismo subsidiario y complementario, destinado a cubrir insuficiencias coyunturales de la red pública, lo cierto es que desde el punto de vista jurídico el precepto no establece límites materiales claros ni define con precisión el carácter excepcional de dicha concertación. Esta ambigüedad normativa deja abierta la posibilidad de una interpretación expansiva del recurso a medios privados, no como excepción, sino como opción estructural. Su intención original parecía lógica: permitir que la administración pública estableciera «conciertos» con entidades privadas solo cuando los recursos propios fueran insuficientes o como un «complemento» excepcional.
Sin embargo, lo que nació como una excepción se ha convertido en la norma. Este artículo se ha transformado en lo que los analistas describen como una «estratagema para dirigir el dinero público a los bolsillos privados». La magnitud de esta práctica es abrumadora, en Cataluña el 22,0% del gasto autonómico sanitario se destina a conciertos con la sanidad privada, seguida de Madrid (11,7%), Canarias (7,0%), Baleares (6,1%), Navarra (6,5%), País Vasco (6,0%) y Asturias (6,0%).
La Ley 15/97
Si el Artículo 90 creó el conducto financiero para desviar fondos, la Ley 15/1997 construyó la arquitectura legal para institucionalizarlo. Aprobada bajo el gobierno de José María Aznar y con el apoyo del PSOE, esta ley es la herramienta fundamental que permite a empresas privadas gestionar hospitales y servicios sociosanitarios públicos mediante concesiones que se extienden por décadas.
Esta ley es el mecanismo que dio poder sistémico al agujero legal ya existente, permitiendo la privatización a gran escala. Sus consecuencias han sido la creación de desigualdades en la atención, la fragmentación de los servicios y la primacía del beneficio económico sobre la salud del paciente. Al convertir un pilar fundamental del estado de bienestar en una oportunidad de negocio, se socavan los principios de universalidad y equidad. Por ello, la derogación de esta ley se presenta como un paso vital para recuperar el control público del sistema, bajo una premisa fundamental: la salud ciudadana no debería ser una mercancía ni un negocio.
Pero hay que tener claro que derogar únicamente la Ley 15/1997 tendría un efecto político simbólico, pero un alcance jurídico limitado. El núcleo del problema reside en que el ordenamiento seguiría reconociendo, a través de la LGS, la legitimidad del uso estructural de medios privados en la prestación sanitaria pública.
Mientras el artículo 90 permanezca vigente la concertación con entidades privadas seguirá siendo legal y las comunidades autónomas conservarán margen normativo para desarrollar fórmulas privatizadoras.
El modelo de sanidad pública gestionada directamente por lo público no quedará jurídicamente blindado.
Por ello si el objetivo es “cortar de raíz” las posibilidades de privatización, la única solución jurídicamente consistente es una intervención normativa doble: derogación de la Ley 15/1997, eliminando el marco legal específico que legitima las formas empresariales de gestión privada de servicios sanitarios públicos; y derogación o profunda reforma del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, sustituyéndolo por una redacción que priorice de forma expresa la gestión directa pública y limite la concertación privada a supuestos verdaderamente excepcionales y transitorios.
Actuaciones para la recuperación de la sanidad pública
Un aspecto complementario a la derogación sería un plan de recuperación de de todos los centros que operan bajo fórmulas de colaboración público-privada, donde «lo público es el dinero y lo privado son los beneficios». Este plan se justifica en base al interés general y debido al «deficiente funcionamiento» de estos centros, las corruptelas, los manifiestos incumplimientos de las concesionarias, la selección de riesgos (cream skimming), y el «lastre económico» que suponen para las arcas públicas.
Junto a estas actividades legislativas es necesario abordar la potenciación de la Atención Primaria, en cuanto es el primer punto de contacto, el más cercano al ciudadano y el más eficaz para prevenir y resolver la mayoría de los problemas de salud. A pesar de su importancia crítica, es también el área más castigada por los recortes. En 2022, el 85,6% de las personas que solicitaron cita en AP esperaron más de 48 horas, con un promedio de 8,8 días y un 54,3% esperaron siete días o más. Además, el 21,45% no pudo consultar por un problema de salud importante, y las consultas telefónicas que representan el 32% del total para muchas personas son insatisfactorias por falta de atención adecuada.
La principal demanda para su revitalización es presupuestaria, de forma que la Atención Primaria reciba un mínimo del 25% del presupuesto sanitario total. Esta cifra contrasta dramáticamente con la realidad actual, donde de media apenas alcanza el 14%. Este déficit crónico de financiación es precisamente la razón por la que el sistema no puede permitirse «utilizar los recursos al 100 por 100 con más personal y turnos». Es la causa directa de las dificultades para conseguir cita y de la sobrecarga que sufren los profesionales.
Garantizar la asistencia en tiempos aceptables precisa de incrementos de plantilla y posiblemente el establecimiento de los turnos necesarios (incluyendo un turno de tarde en especialidades médicas) para utilizar los recursos al 100 por 100. Esto eliminaría las «peonadas» y horas extra, y frenaría la emigración de profesionales. Junto a esta medida, se exigen otras acciones urgentes, como la implementación de un plan de choque para reducir las «pavorosas» listas de espera.
Medidas complementarias
Un aspecto sanitario muy frecuentemente olvidado que asegure la coherencia y la dedicación exclusiva de los recursos y el personal al sistema público, sería la supresión e integración de las redes paralelas (Muface, para funcionarios civiles del Estado), ISFAS (para las Fuerzas Armadas), Mugeju (para el personal de la Administración de Justicia) y las mutuas Colaboradoras).
El argumento en su contra es doble. Primero, institucionalizan un trato desigual entre ciudadanos, estableciendo de facto un sistema de primera y segunda categoría. Segundo, representan un drenaje financiero directo, funcionando como otra vía de «parasitación del sistema público», al desviar fondos que deberían fortalecer el Sistema Nacional de Salud (SNS) hacia proveedores privados que atienden a un colectivo selecto.
La solución pasa por suprimir estas redes integrando a todos sus miembros en el SNS. Esta medida se complementa con la necesidad de establecer un sistema real de incompatibilidades que impida a los profesionales trabajar simultáneamente en el sector público y privado, evitando conflictos de interés y acabando con la «parasitación sistema público, como ocurre con el hecho de que la cirugía privada depende de cirujanos, anestesistas y enfermeros del SNS, lo que reduce su disponibilidad en el SNS, cada día son mayores las cifras de pacientes desviados para cirugía de cataratas lo que esta teniendo consecuencias costosas y peligrosas para los servicios oftalmológicos básicos del SNS y para los pacientes con otras afecciones que amenazan la visión, como la degeneración macular o el glaucoma, pues el desviarlos con la excusa de reducir las listas de espera, lleva a que la financiación de los servicios oftalmológicos del SNS se desvíen hacia el sector privado, y esto tiene consecuencias en disminución de plantillas y de recursos para afecciones como el glaucoma, que, si bien es más complejo de tratar, puede causar una pérdida irreversible de la visión si no se trata con prontitud”. Igualmente se podría plantear con muchas actuaciones de cirugía ortopédica o servicios auxiliares como radiología.
Otro aspecto en el que también tenemos que incidir es en el aumento de la externalización de servicios de apoyo como son por ejemplo los contratos de limpieza, cocina, etc, que no ha repercutido en absoluto en una mejora de la limpieza o comida hospitalaria.
Finalmente no podemos dejar de prestar atención a las personas que no pueden vivir autónomamente y precisan tener que vivir en residencias, hemos visto lo que paso con el COVID en Madrid, las muertes de 7291 jubilados, por ello debemos exigir que las residencias de ancianos del Estado español deberían estar controladas por el Sistema Público, y estar en íntima relación con el Sistema Nacional de Salud a través de la atención primaria.
Tampoco se debería olvidar la necesidad de acabar con las «abismales diferencias entre los 17 servicios autonómicos de salud» mediante incrementos de financiación, revisando el gasto sanitario per cápita, la cartera de servicios y prestaciones, e igualándolos al alza para todos los territorios.
La decisión es nuestra: ¿lucro o salud?
A ciertos partidos políticos parece más interesarle el lucro que la salud ciudadana, y se afanan en financiar una sanidad en manos de grupos privados, bajo la escusa que las habitaciones son más confortables y todo lo que son apariencias, e intentan convencernos de que la sanidad pública es un despilfarro, nos venden formas de gestión privada de centros públicos como eficiencia y ahorro, que ya hemos comprobado que terminan generando sobrecostes millonarios, cuestionando la sostenibilidad de un sistema que debería garantizar atención sanitaria universal, y ocultan aquello que no se ve a simple vista: los tratamientos, la tecnología, la fiabilidad, el gasto real en curar una dolencia grave.
Esto no es demagogia, es una realidad contrastada:
Los hospitales privados cuentan con menos personal y equipamiento, y generalmente desvían al sector público a pacientes graves, ya que, o no tienen cuidados intensivos, o tienen frecuentes limitaciones asistenciales, pues las empresas privadas seleccionan cuidadosamente las actividades menos riesgosas, de mayor volumen y más fáciles, dejando al sistema público la atención más compleja y de mayor riesgo, con menos personal y menos financiación, esto lo hemos comprobado con las noticias de prensa el pasado diciembre, donde se denunciaba como el grupo sanitario privado Ribera lo estaba poniendo en practica en el Hospital de Torrejón de Ardoz, centro público madrileño gestionado por la compañía, ordenando subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.
Por otra parte existe evidencia científica que avala el aumento de la mortalidad en el sector privado frente al publico y transcribo parte del comentario de un estudio del Lancet de2022: “ Nuestro estudio sugiere que el aumento de la externalización con fines de lucro por parte de los grupos de encargo clínico en Inglaterra podría haber afectado negativamente a la calidad de la atención prestada a los pacientes y provocado un aumento de las tasas de mortalidad”, conclusión que se repite en la revisión publicada en Lancet en marzo del 2024 donde indica: “las altas tasas de privatización y externalización casi siempre se correspondieron con peores resultados de salud en los estudios incluidos en esta Revisión” y “Ningún estudio de esta revisión encontró que el aumento de la privatización se correspondiera con mejores resultados de salud para los pacientes”.
Por ello los ciudadanos tenemos que plantearnos nuestro derecho a elegir con respecto a la sanidad que queremos y debemos tener en cuenta que la salud ciudadana se rige por un principio tan crudo como innegable: «cuando el lucro entra por la puerta, la salud sale por la ventana. La privatización mata».
En esta encrucijada, la pregunta que debemos hacernos es directa: ¿qué sistema sanitario queremos para nuestro futuro, uno que garantice la salud como un derecho universal o uno que la trate como una simple oportunidad de negocio? ¿ quiero implicarme en defender un sistema que cuida mi salud?
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