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El Gobierno y sus aliados mediáticos mienten descaradamente al afirmar que el aumento del gasto militar no implicará recortes sociales.
Por Javier Guijarro | 21/03/2025
En los últimos meses, el Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha acelerado su apuesta por el aumento del gasto militar, alineándose con las exigencias de la OTAN y la Unión Europea en un contexto de rearme continental. Este giro, que Sánchez presenta como una necesidad ineludible ante la ‘amenaza rusa’ y una oportunidad para la ‘reindustrialización’, ha encontrado un eco inquietante en el silencio o las justificaciones tibias de varios periodistas de la llamada ‘progresfera’. Figuras como Àngels Barceló, Pedro Vallín, Alan Barroso, Antonio Maestre, Daniel Bernabé, Antón Losada, Ana Pardo de Vera o Javier Gallego, habitualmente rápidos en denunciar las corruptelas y los abusos de poder cuando provienen de la derecha, han optado por guardar un mutismo revelador o por encajar con calzador este viraje belicista en un relato que no resiste el menor análisis crítico. Mientras tanto, Sumar, socio minoritario en la coalición de gobierno, navega en una ambigüedad tan cómoda como decepcionante, incapaz de plantar cara con firmeza a una decisión que traiciona los principios de la izquierda.
El aumento del gasto militar, que Sánchez pretende acelerar para alcanzar el 2% del PIB antes de 2029, no es un detalle menor. Se trata de una reorientación estructural de los recursos del Estado que, pese a las promesas vacías de ‘blindar el gasto social’, solo puede traducirse en un mayor endeudamiento y, tarde o temprano, en recortes en partidas esenciales como sanidad, educación o pensiones. Los presupuestos son finitos, y cada euro destinado a tanques y misiles es un euro menos para las necesidades de la clase trabajadora, esa misma que estos periodistas dicen defender en sus columnas y tertulias. Sin embargo, donde cabría esperar una crítica feroz a esta militarización, encontramos un silencio ensordecedor o, peor aún, intentos torpes de justificarla como una ‘inversión en seguridad’ o un ‘impulso tecnológico’. ¿Desde cuándo la izquierda aboga por engordar las cuentas de empresas armamentísticas como Indra o Airbus a costa del bienestar colectivo?
Estos periodistas, que han construido su prestigio enarbolando la supuesta bandera de la justicia social, parecen haber olvidado que la militarización no es un juego de palabras ni una abstracción geopolítica: es una transferencia directa de riqueza desde los trabajadores hacia una élite capitalista industrial que se lucra con la guerra. Este alineamiento tácito con el Gobierno es un ejercicio de cinismo que abona el terreno para que la opinión pública trague con esta deriva.
Sumar, por su parte, merece un capítulo aparte en esta crítica. Como socio de coalición, tenía la oportunidad de marcar una línea roja y demostrar que su presencia en el Gobierno sirve para algo más que para calentar sillas. Sin embargo, su postura oscila entre el rechazo retórico y la resignación práctica. Yolanda Díaz, su líder, ha insistido en que ‘no habrá recortes sociales’, pero no explica cómo se sostendrá esa promesa mágica cuando el endeudamiento crezca y la UE apriete las clavijas fiscales. Formaciones dentro de Sumar, como Izquierda Unida o los Comunes, han expresado su oposición al rearme, pero sus palabras se diluyen en la falta de una acción contundente. ¿Dónde está la amenaza de romper la coalición si Sánchez sigue adelante? ¿Dónde está el ultimátum que obligue al PSOE a recular? La ambigüedad de Sumar no es solo una debilidad táctica; es un oportunismo que en la práctica refuerza un proyecto que prioriza los intereses de la OTAN y las empresas armamentísticas sobre los de la clase trabajadora.
La organización liderada por Yolanda Díaz apoyó este 20 de marzo una moción del Bloque Nacionalista Galego (BNG) que rechazaba el aumento del gasto en defensa y pedía la salida de la OTAN. Sin embargo, se trata de una iniciativa no vinculante y que en la práctica no afecta a la política del Gobierno. Además, Sumar votó en contra de la iniciativa de someter a votación en el Congreso las decisiones relativas al gasto militar.
Y luego está el detalle, no menor, de que Sánchez planea esquivar al Congreso de los Diputados para aprobar este aumento del gasto militar. Recurriendo a mecanismos como el Consejo de Ministros, el presidente pretende evitar el escrutinio parlamentario y el debate público que un tema de esta magnitud merece. Es una maniobra antidemocrática que estos periodistas ‘progresistas’ deberían estar denunciando a gritos, pero que, en cambio, pasan por alto o justifican con eufemismos. Si el aumento del gasto militar es tan legítimo y necesario como Sánchez asegura, ¿por qué no someterlo a la aprobación de los representantes de la soberanía popular? La respuesta es obvia: porque sabe que no cuenta con el respaldo de sus socios habituales ni de una ciudadanía que, según encuestas, no ve con buenos ojos esta escalada belicista.
El Gobierno y sus aliados mediáticos mienten descaradamente al afirmar que el aumento del gasto militar no implicará recortes sociales. En un país donde la pobreza y la desigualdad siguen siendo heridas abiertas, destinar miles de millones a armamento solo puede agravar las condiciones materiales de la clase trabajadora. Las promesas de ‘seguridad’ son cortinas de humo para ocultar una realidad incómoda: este rearme beneficia a una minoría privilegiada mientras condena a los trabajadores a más precariedad. La ‘progresfera’, con su silencio o sus excusas, se convierte en cómplice de esta estafa. Lejos de cuestionar el relato oficial, estos periodistas prefieren alinearse con un poder que les resulta cómodo. Y mientras tanto, Sánchez avanza en su cruzada militarista, con la bendición de quienes deberían estar frenándolo.
Su artículo de opinión creo que parte de un error de base, considerando que los presupuestos no pueden nunca incrementarse sin trasladar costes de deuda al futuro.
Pues… depende. Depende de lo que quiera la élite europea y su banco central. Ya vemos que están sacando las armas del déficit que consideran en sus reglas, reglas que ahora son inflexibles en la consideración de otras cosas más pacíficas: pensiones, educación, sanidad, intervención directa contra el desempleo…
¿Que la deuda hay que pagarla y con intereses? Pues… No siempre. La deuda creciente se puede seguir refinanciando indefinidamente mientras el banco central siga creando dinero para ello. Y ya vimos en la historia reciente que el precio que se paga por ella también depende de la intervención o no de ese banco central. Todo son decisiones políticas. Reglas autoimpuestas que se rompen cuando conviene, como se hizo con el rescate bancario.
Lo escandaloso es que toda esta maquinaria político-económica de creación de dinero se ponga a trabajar para la banca, para lo privado y para la guerra, pero no para eliminar el paro, crear bienestar, justicia social y poner la economía al servicio del pueblo.